El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones por la represión en Nicaragua contra la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, y contra Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del presidente Daniel Ortega.
Las sanciones, impuestas este martes por orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, implican el bloqueo de cualquier "propiedad o intereses en propiedades" de esta persona que estén en manos de un estadounidense o bajo jurisdicción estadounidense.
Además, se prohíbe a cualquier estadounidense que realice negocios con los designados. La Casa Blanca comunicó que la entrada de los sancionados en el país ha quedado suspendida.
Un alto funcionario estadounidense reconoció que no tienen conocimiento de que haya intereses que vayan a verse afectados por estas sanciones, pero indicó que esperan efectos "significativos" como consecuencia de estas medidas.
El Departamento del Tesoro estadounidense calificó a Murillo como la "copresidenta de facto" de Nicaragua y destacó su "influencia" en grupos que han sido acusados de violaciones de derechos humanos, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales, además de estar involucrada en prácticas de corrupción.
Por otro lado, según Washington, Moncada ha estado involucrado en casos de corrupción, extorsión y sobornos en beneficio de Murillo y Ortega.
Las sanciones son un "primer paso"
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aseguró en un comunicado que el Gobierno está "comprometido a hacer rendir cuentas al régimen de Ortega por las protestas violentas y la extendida corrupción que han derivado en las muertes de cientos de nicaragüenses inocentes y en destruir su economía".
"La vicepresidenta Murillo y sus agentes políticos han buscado desmantelar sistemáticamente las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control del poder", enfatizó Mnuchin.
El funcionario estadounidense también indicó que estas sanciones son un "primer paso" en torno al círculo de Ortega y reiteró la necesidad de que se convoquen unas elecciones anticipadas.
La crisis en Nicaragua tras el inicio de las protestas contra Ortega que comenzaron el pasado 18 de abril ha dejado 325 muertos, de los que 24 son menores, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
