AFP
El Senado de Estados Unidos aprobó el martes una nueva partida de ayuda de 36.500 millones de dólares para las regiones afectadas por huracanes, incluido Puerto Rico, y los incendios que afectaron a California.
Tras la votación de la Cámara de Representantes el 12 de octubre, los senadores aprobaron los fondos por una amplia mayoría, enviando el proyecto de ley a la Casa Blanca para que el presidente Donald Trump lo promulgue.
En concreto, 18.700 millones de dólares irán a la agencia federal de emergencias FEMA, 16.000 millones al programa federal de seguros contra inundaciones y 576 millones a la lucha contra incendios.
Puerto Rico, devastado por el huracán María el 20 de septiembre, recibirá 1.270 millones de dólares para asistencia alimentaria.
Una de las mayores preocupaciones es aumentar la ayuda a este territorio estadounidense, que sigue sufriendo los estragos de María un mes después de que el huracán azotara la isla, donde provocó 51 muertos y dejó sin energía y agua corriente a gran parte de su población.
La Casa Blanca celebró la aprobación de la ley y aseguró que "el presidente se mantiene firme en su compromiso de proporcionar los recursos necesarios para recuperarse de los huracanes e incendios forestales".
Este nuevo paquete se suma a los 15.250 millones de dólares aprobados por el Congreso el 8 de septiembre después del paso del huracán Harvey, que arrasó Texas y Luisiana, y antes del huracán Irma, que golpeó Florida.
Es probable que se soliciten y asignen miles de millones de dólares más.
El senador republicano John Cornyn, de Texas, aseguró que ya está buscando más ayuda para su maltrecho estado.
"Si bien estos recursos son fundamentales para los estadounidenses que se recuperan de los recientes huracanes e incendios forestales, Texas necesitará mucha más ayuda mientras nos recuperamos y reconstruimos (de las secuelas) del) huracán Harvey", dijo Cornyn.
Trump ha sido criticado por su respuesta a Puerto Rico tras los huracanes.
A principios de este mes, advirtió que los servicios de emergencia y los militares estadounidenses no podrían permanecer en la isla "para siempre", provocando el rechazo de los demócratas, irritados con que haya amenazado con retirar el apoyo federal a un territorio estadounidense de 3,4 millones de habitantes.
