El Tribunal Supremo español comenzó este viernes a examinar el caso de "La Manada", detonante de multitudinarias manifestaciones feministas, en el que cinco hombres abusaron en grupo de una joven y se grabaron para alardear de los hechos.
El máximo tribunal debe zanjar definitivamente el meollo del asunto: ¿Hubo violación, un acto que según el Código Penal español exige que haya intimidación o violencia?
Ante ello, el gobierno socialista ha mostrado su voluntad de reformar el Código Penal para introducir la idea de consentimiento explícito, a semejanza de Suecia, donde todo acto sexual sin asentimiento claro es considerado una violación.
La audiencia pública en el Supremo, donde cinco magistrados, dos de ellos mujeres, estudiarán los recursos de casación de las acusaciones y la defensa y señal de su gran interés, es retransmitida por televisión.
Ni la víctima, que ha evitado aparecer en público, ni los cinco acusados, dos de ellos ex militares, acudieron.
Los cinco miembros de "La Manada", como se hacían llamar en un grupo de WhatsApp donde se jactaron de sus acciones, son acusados de abusar sexualmente en grupo de la joven de entonces 18 años en julio de 2016 en Pamplona (norte), en plenas fiestas de San Fermín.
Menos de un cuarto de hora después de haberla encontrado borracha, le hicieron practicarles felaciones y la penetraron sin preservativos en la entrada de un edificio, tras lo cual le robaron el teléfono móvil y la dejaron semidesnuda.
Luego compartieron las imágenes grabadas por WhatsApp, una prueba utilizada en su contra en el juicio pero también contra la víctima, que debió justificar su aparente pasividad.
"Yo sí te creo"
En abril de 2018, los cinco acusados fueron condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual, pero la calificación de violación fue descartada por los jueces al no ver ni intimidación ni violencia.
Aunque evocando la "desproporción de fuerzas" entre los cinco hombres de entre 24 y 27 años y su joven víctima, sometida a una "dolorosa postración y humillación", la jurisdicción de apelación también dejó de lado la violación, en diciembre de 2018.
Pese al voto contrario de dos de los cinco jueces, favorables a una condena por violación, el tribunal de segunda instancia concluyó que no hubo violencia y que era muy difícil determinar la intimidación.
En toda España, multitudes de adolescentes participaron en una serie de manifestaciones bajo el lema "Yo sí te creo", en apoyo a la víctima. Fuera del país el caso generó nutridas movilizaciones feministas en Chile.
"Si hay cinco hombres a tu alrededor y si te resistes, puede que acabes muerta", dijo Laura Hincapié, de 18 años, durante una protesta en Madrid en mayo de 2018.
La fiscalía pide 18 años
"No se puede exigir a las víctimas actitudes peligrosamente heroicas", según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, afirmó en la audiencia la fiscal Isabel Rodríguez.
La víctima, de "recién cumplidos 18 años", sintió "estupor" y miedo cuando fue rodeada por "cinco varones adultos y de fuerte complexión física", por lo que "adoptó una actitud de sometimiento, no de consentimiento".
Considerando que "los hechos son constitutivos del delito de violación" y que concurrió "fuerza intimidatoria suficiente", la fiscalía solicitó aumentar la pena a 18 años de cárcel para cada uno de los acusados, y dos años adicionales para el que robó el celular.
El abogado defensor Agustín Martínez había solicitado su absolución, insistiendo en que se trató de relaciones sexuales consentidas entre adultos.
En España, las denuncias por violación van en aumento: en 2018 se registraron 1.702, un 22,7% más que un año antes, según el gobierno.
