Este jueves vence el plazo definitivo para que Puigdemont aclare al gobierno de Mariano Rajoy si declaró o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán que atrajo atención mundial.

En un primer plazo, que concluyó el lunes, Puigdemont se limitó a ofrecer diálogo, un guante lanzado e ignorado por el gobierno central, que insiste en que la declaración rompería la legalidad española.

"No se puede dialogar con quienes están fuera de la ley y de la Constitución, no es una cuestión menor, es una cuestión urgente", dijo el jefe del gobierno español en el Congreso.

La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, le lanzó un aviso este miércoles en el Congreso: no atender el requerimiento del gobierno español, "hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del articulo 155" de la Constitución.

"Actúe con sensatez", le pidió el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Su gobierno podría invocar el jueves el artículo mencionado por la vicepresidenta y que podría dar lugar a que el gobierno central asuma la dirección y gestión de Cataluña, la destitución de dirigentes y la toma de control de su policía, los "Mossos d'Esquadra".

Pero eso también podría generar fuertes movilizaciones y una inestabilidad creciente en la región, muy dañina para la economía.

El ejecutivo de Rajoy tendió un puente de última hora. Una fuente del gobierno español confirmó a la AFP que no invocarían el Artículo 155 si Puigdemont convoca elecciones regionales.

"La única vía que tiene el señor Puigdemont es restaurar la legalidad vigente y, desde el punto de vista político, adelantar las elecciones", dijo por su parte el líder del primer partido de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, que está en contacto permanente con Rajoy para pactar la respuesta al órdago independentista catalán.

Cuando le preguntaron si la convocatoria de elecciones acabaría con la posibilidad del 155, Sánchez respondió: "sin duda".

Independentistas cierran filas 

Pero Marta Pascal, la coordinadora del partido de Puigdemont, el PDCat (conservador e independentista), aseguró a periodistas que si se activa el 155 "le pediremos al presidente que levante la suspensión" de la declaración de independencia, poniendo presión sobre el jefe del Ejecutivo catalán.

Que la proclame inmediatamente le exigen sus aliados de la CUP -la extrema izquierda independentista. Los diez diputados de esta formación son esenciales para la supervivencia del gobierno catalán.

El clima se mantenía tenso desde que el lunes fueran encarcelados a la espera de un eventual juicio por sedición dos líderes independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, una decisión judicial que fue contestada con movilizaciones en toda Cataluña el martes.

El responsable de Relaciones Exteriores del gobierno catalán, Raúl Romeva, dijo en Bruselas que la opción de adelantar elecciones "no está sobre la mesa".

Sin embargo, una fuente bajo anonimato del gobierno catalán dijo que la convocatoria "no está en nuestras prioridades, pero no vamos a tomar una decisión" en un sentido u otro, hasta conocer los pasos que da el gobierno español el jueves. 

El gobierno español podría solicitar el mismo jueves la aplicación del artículo 155 al Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta, pero harían falta varios días para tramitarla y votarla.

El gobierno central no ha avanzado qué medidas concretas significará el uso de ese artículo de la Constitución de 1978 que nunca hubo que usar a fondo, pero los partidos de la oposición que apoyan la medida, el Partido Socialista y Ciudadanos, quieren que desemboque en la convocatoria de elecciones regionales.

España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.

Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis.

En el caso de la crisis catalana, la más grave desde el regreso de la democracia en España, el Tribunal Constitucional falló que el referéndum de autodeterminación llevado a cabo por el Ejecutivo catalán el 1 de octubre fue inconstitucional.

Los independentistas afirman haberlo ganado con el 90,18% de los votos y una participación del 43% y planean una declaración unilateral de independencia que está de momento en el limbo.

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