El Tribunal Supremo abre este martes el juicio contra 12 dirigentes independentistas catalanes, implicados en el fracasado intento de secesión de octubre de 2017, en un momento en que la cuestión catalana tiene la política española patas arriba.
"Es el juicio más importante que hemos tenido en democracia", dijo recientemente Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo, la instancia que juzgará el caso a partir de las 10 de la mañana (09H00 GMT) en Madrid.
La sesión de este martes se limitará en principio a las cuestiones previas de procedimiento, y a ella asistirá el presidente regional de Cataluña, el separatista Quim Torra.
El proceso será retransmitido en directo por televisión, y para seguirlo se han acreditado más de 600 periodistas, españoles y extranjeros. La sentencia del Supremo se conocerá no antes del mes de julio.
Los separatistas denuncian una "farsa" y un juicio político contra su causa. Han convocado además una manifestación este martes Barcelona.
"Esto no es un juicio contra unas personas que han cometido delitos tan graves, sino un juicio contra la democracia", dijo el lunes a la prensa Jordi Pina, abogado de tres de los acusados.
El principal protagonista del intento de secesión, el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica, será el gran ausente del juicio, ya que España no juzga delitos graves en ausencia. Sí que estará su ex vicepresidente, Oriol Junqueras, contra el que la fiscalía pide 25 años de prisión.
Para los otros once acusados, la fiscalía pide entre 7 y 17 años de cárcel. Entre ellos se encuentran la expresidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, varios ministros regionales y los responsables en el momento de los hechos de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente.
En total, nueve están acusados de rebelión, con el agravante de malversación de fondos públicos para seis de ellos, y se encuentran en prisión preventiva.
Tras organizar el 1 de octubre de 2017 un referendo de autodeterminación prohibido por la justicia española, los separatistas catalanes proclamaron unilateralmente el 27 de octubre una república independiente. Desataron así la crisis política más grave que ha conocido España desde el final del franquismo, y cuyos efectos continúan reverberando en la actualidad.
La violencia, concepto clave
Una cuestión clave del juicio será la violencia, el concepto que según el Código Penal español sustenta el cargo de rebelión.
La fiscalía estima que la hubo, ya que los acusados animaron a votar en el referendo del 1 de octubre de 2017 "siendo conscientes de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir explosiones violentas".
Los independentistas desmienten que hubiera violencia, destacan que no se utilizaron armas y argumentan que los violentos fueron los agentes de policía que aquel día echaron mano de porras, pelotas de goma y empujones para tratar de impedir la consulta.
Los juristas están divididos en cuanto a si hubo violencia o no, hasta el punto que los abogados del Estado, que también ejercen la acusación, han presentado el cargo de sedición, que conlleva penas de reclusión de hasta 12 años, menores que en el caso de la rebelión.
¿Elecciones a la vista?
Casi un año y medio después de los hechos, el conflicto político con el soberanismo catalán sigue marcando la agenda política en España.
Este domingo, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid, por iniciativa de la derecha y la ultraderecha, para acusar de "traición" al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, por su diálogo con los separatistas.
El juicio brindará por cierto una tribuna política al partido ultraderechista Vox, que gracias a una particularidad del sistema jurídico español, podrá ejercer la acusación popular.
Pedro Sánchez llegó al poder en junio, gracias entre otros al apoyo de los independentistas, con la firme voluntad de retomar un diálogo roto durante la época de Rajoy.
Sin embargo, sus interlocutores catalanes se han mantenido inflexibles en su exigencia de que se celebre un referendo de autodeterminación acordado con Madrid, lo que para Sánchez es una línea roja. En las últimas semanas, el diálogo degeneró así en un diálogo de sordos, hasta que el viernes ambas partes lo dieron por roto.
Los separatistas, sin los cuales Sánchez carece de mayoría en el Parlamento, están dispuestos a bloquear sus presupuestos este miércoles, lo que forzaría la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas, este año.
