AFP
Un acuerdo internacional, considerado como el "primer tratado mundial vinculante contra la pesca ilegal", entró en vigor este domingo en una treintena de países tras ser adoptado en 2009, anunció la FAO.
Este acuerdo, que pretende "prevenir, dificultar y eliminar la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada", tiene a partir de ahora valor legal en países como Islandia, Noruega, Australia, Cuba, Sudáfrica, Somalia y Tailandia.
Sin embargo, en el acuerdo faltan dos importantes naciones del mercado mundial de la pesca, como son China y Japón.
"Es un gran día en el contexto de estos esfuerzos que buscan garantizar una pesca duradera capaz de alimentar al mundo", se alegró el brasileño José Graziano da Silva, director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cuya sede está en Roma.
El responsable invitó a los gobiernos ausentes en el acuerdo a firmar para "poner fin a la pesca ilegal y asegurar la supervivencia de nuestros recursos marinos".
Según la FAO, las partes signatarias deberán ahora poner en marcha ciertas medidas en sus puertos, con el objetivo de "detectar la pesca ilegal, impedir descargar y vender pescado obtenido ilegalmente y asegurar el intercambio de información sobre los buques irresponsables a escala mundial".
Los navíos de pesca extranjera que deseen entrar en un puerto deberán pedir una autorización por adelantado y presentar informaciones detalladas sobre su identidad, sus actividades y sobre el pescado que llevan a bordo.
Los buques sospechosos tendrán categóricamente negada la entrada en un puerto, así como la descarga de pescado, el abastecimiento de carburante o incluso el reabastecimiento.
Los barcos autorizados a entrar en los puertos, podrán, por su parte, ser inspeccionados de acuerdo a una serie de normas comunes.
"La navegación sin la debida autorización, la pesca de especies protegidas, la utilización de equipamientos prohibidos o el incumplimiento de las cuotas de pesca, se encuentran entre las actividades ilegales más frecuentes", explicó la FAO.
Estas prácticas ponen en peligro los esfuerzos que buscan una gestión responsable de la pesca marina, perjudican su productividad y, en algunos casos, contribuyen de forma significativa a su desaparición.
