AFP
La imposición de los gigantes tecnológicos en la Unión Europea (UE), impulsada por Francia y plasmada en una propuesta de la Comisión Europea, enfrentó este sábado las reticencias de algunos países que temen incluso un aumento de la tensión con Estados Unidos.
"Hay que hablar con los estadounidenses rápidamente y de manera constructiva, de lo contrario podría conducir a una escalada con Estados Unidos", advirtió el ministro de Finanzas luxemburgués, Pierre Gramegna, cuyo país acoge la sede de Amazon en Europa.
Gramegna y sus pares de la UE debatieron en Sofía por primera vez los planes presentados en marzo por Bruselas para gravar a empresas como Google o Facebook, y que sirvió para poner de relieve la falta de la unanimidad necesaria para sacar adelante la propuesta por el momento.
Malta, Irlanda o Luxemburgo, acusados de sacar provecho de los diferentes sistemas de imposición de estas empresas en el bloque, y países de tradición liberal como Dinamarca, Finlandia o Suecia expresaron sus reticencias, así como Reino Unido, que en un principio se mostró favorable.
El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, cuyo país firmó en septiembre de 2017 una carta en la línea de la propuesta con sus pares de Francia, Italia, España, Portugal y otros cinco países más, no participó en el debate, aunque en rueda de prensa dijo que gravar a estos gigantes era una "cuestión moral".
La oposición exasperó al ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, firme defensor de la medida y quien, según una fuente europea, espetó a sus pares si "¿Europa [era] capaz de mostrarse fuerte?", en una intervención calificada como "muy fuerte" o "cólera fría" por varias fuentes.
'Corto plazo' en la UE
"Si ustedes quieren llegar a las elecciones europeas el próximo año con el mensaje: 'Hemos hablado mucho, hemos debatido mucho, pero no hemos tomado ninguna decisión', pues ¡buena suerte!", indicó Le Maire, según la fuente europea.
A menos de un año de que Reino Unido abandone el bloque y en un contexto de recuperación tras años de crisis económica, los europeos buscan darle un nuevo impulso al proyecto europeo y responder a las preocupaciones de los ciudadanos, frenando a su vez el auge de los euroescépticos.
El gravamen se inscribiría en este objetivo. La propuesta consiste en gravar el 3% de los ingresos -y no de los beneficios, como es habitual- generados por los gigantes de la red conocidos como GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) por la explotación de actividades digitales.
La tasa sólo se aplicaría a empresas cuya facturación anual mundial supere los 750 millones de euros y cuyos ingresos en la UE superen los 50 millones de euros, lo que deja fuera a las pequeñas start-up europeas que ya enfrentan dificultades frente a los mastodontes tecnológicos.
Esta medida de "corto plazo", que gravaría las empresas allí donde realizan sus ingresos, estaría vigente hasta una reforma en la UE del impuesto de sociedades. Bruselas busca así responder a los escándalos de optimización fiscal agresiva, en virtud de la cual estas multinacionales pagan menos impuesto en el bloque.
Es el caso de Irlanda y Apple. Bruselas pidió en agosto de 2016 a Dublín recaudar 13.000 millones de euros de esta multinacional, a la que el fisco irlandés acordó ventajas fiscales para que declarara los beneficios realizados en Europa en su país.
'Largo plazo' en la OCDE
Los países reticentes prefieren esperar a una reforma a nivel mundial, en el marco de los debates en curso de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ya que esta medida unilateral europea podría tensar las relaciones con Estados Unidos.
"No es un impuesto antiGAFA, un impuesto anti Estados Unidos, no es un enfoque proteccionista", defendió el comisario europeo de Asuntos Financieros, Pierre Moscovici, cuando los europeos esperan conocer si Washington les impone finalmente pesados aranceles siderúrgicos.
A la espera de un acuerdo en la UE, que Francia querría ver a principios de 2019 antes de las elecciones europeas de mayo, algunos de sus socios estudian adoptar un impuesto como el propuesto a nivel nacional, entre ellos España.
Madrid "está trabajando desde el punto de vista técnico en la definición de una figura" tributaria, indicó en Sofía el ministro español de Economía, Román Escolano, precisando que el objetivo es presentar esta medida "cuanto antes" y que "tenga también efectos en el año 2019".
Ese impuesto, anunciado la víspera por su par español de Hacienda, Cristóbal Montoro, contribuiría a financiar el aumento de las pensiones negociado entre el gobierno y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para intentar sacar adelante los presupuestos de 2018.
