AFP
La Corte de Casación de Egipto anuló la sentencia de muerte contra el ex Presidente Mohamed Mursi, el primer mandatario elegido democráticamente, derrocado en 2013 del poder tras manifestaciones que convocaron a millones de personas en El Cairo.
Cuatro días después, por segunda vez en menos de tres meses, el ejército entró en escena y destituyó al presidente Mursi del partido políticos Los Hermanos Musulmanes, democráticamente electo un año antes.
El entonces jefe del ejército, Abdel Fatah Al Sisi, asumió la dirección del país y sería luego elegido presidente en mayo de 2014 con cerca del 97% de votos, en unas elecciones que fueron boicoteadas tanto por la oposición islamista como por la liberal.
Centenares de islamistas, entre ellos el ex presidente Mursi, fueron condenador a muerte en expeditivos juicios colectivos, considerados por la ONU como "sin precedentes en la historia reciente" del mundo.
Mursi, por su parte fue condenado por la muerte de manifestantes ante un palacio presidencial en El Cairo en diciembre de 2012.
Varios defensores de los DD.HH. señalan que desde el golpe de Estado contra Mursi, se encuentra inmerso en una fuerte de represión guiada por una mano de hierro.
Llamar a manifestar puede conducir a la prisión, igual que compartir en Facebook un video que se burla del presidente o portar una camiseta contra la tortura.
"Sin exagerar, la situación actual de derechos humanos es la peor que se haya conocido en la historia contemporánea de Egipto" asegura el abogado Gamal Eid, cuya organización estima en unos 600.000 los presos políticos, en su mayoría islamistas.
Sin embargo, el gobierno niega por su lado la existencia de presos "políticos", y afirma que las personas detenidas —entre ellas periodistas— han cometido crímenes.
"El 90% de los que están en prisión están implicados en casos criminales", declaró Sisi a principios de junio, y prometió estudiar el caso de los 10% restantes.
