Dieciséis estados de Estados Unidos demandaron al gobierno de Donald Trump tras su declaración de emergencia nacional para financiar la construcción de un muro en la frontera con México, alegando que esa decisión es anticonstitucional.

La demanda, interpuesta en una corte federal de California, señala que la orden del mandatario contradice una cláusula que establece los procedimientos legislativos y otra que designa al Congreso como último árbitro de los fondos públicos.

La querella había sido previamente anunciada por Xavier Becerra, el fiscal general de California, quien afirmó que su estado y otros tenían bases legales para presentarla porque podían perder dinero destinado a proyectos militares, asistencia en caso de desastres y demás propósitos. 

Además de California, los estados demandantes son Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Virginia.

Junto a la oposición demócrata, varios senadores republicanos criticaron la declaración de emergencia de Trump, alegando que establecía un peligroso precedente y que suponía una extralimitación de los poderes del ejecutivo. 

Según la Casa Blanca, Trump podría disponer de cerca de 8.000 millones de dólares --entre los fondos desbloqueados por él y los 1.400 millones de dólares asignados por el Congreso-- para construir un muro en parte de la frontera con México. 

El desacuerdo entre Trump y la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes causó un "shutdown" de 35 días, el cierre parcial de la administración más largo en la historia del país.

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