El fin de semana pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, culpó en un tuit a las autoridades de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) de ser parte de un “Estado profundo" (que conspiraría en su contra) y de estar demorando el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 hasta después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

El diario Financial Times informa, entretando, remitiéndose a tres fuentes confidenciales, que Trump está planeando, evidentemente, imponer la autorización de una vacuna por decreto de emergencia.

Ahora, el director del Instituto Nacional para Enfermedades Infecciosas y Alergias (NIAID), Anthony Fauci, se ve obligado a reaccionar. Fauci dijo claramente a la agencia Reuters que no le parece buena idea ni el desarrollo acelerado ni la autorización anticipada de una vacuna contra el COVID-19. 

La vacuna contra el coronavirus avanza

Y Fauci tiene razón. Todo esto es un espectáculo indigno, únicamente dirigido a hacer campaña, y poco útil si se trata de combatir al coronavirus. Tampoco hay ninguna razón para que la Casa Blanca ejerza presión sobre las instituciones científicas estadounidenses, todas ellas altamente profesionales, o sobre la industria de los medicamentos, que dan prueba de tener buenos resultados.

Las tres vacunas de EE. UU. ya se encuentran en la fase 3 de pruebas clínicas, y desde hace casi un mes se está ensayando una vacuna de la compañía Moderna en 30.000 pacientes.

Ahora, la empresa farmacéutica Johnson & Johnson los sigue, con un test de otra vacuna y un estudio que incluye a 60.000 participantes. Asimismo, AstraZeneca ensaya su vacuna en 10.000 personas en Brasil, y planea continuar la fase 3 con 30.000 pacientes en EE. UU.

Es decir, la vacuna contra el coronavirus está más cerca. Pero no son los políticos quienes deban decidir si esta sale al mercado antes o después de las elecciones, sino solo los expertos en la materia. Por lo general, la fase 3 toma un tiempo bastante largo, porque en ella se estudia cómo evitar los efectos secundarios poco comunes.

Dejen trabajar en paz a los científicos

Los estudios sobre una posible vacuna deben ser llevados a cabo hasta el final con la máxima minuciosidad y cuidado. No es correcto poner bajo presión a las autoridades regulatorias en un momento como este. Ese comportamiento es simplemente indecente.

Lo mismo se aplica al otorgamiento de permisos de emergencia para la terapia con plasma en el tratamiento de pacientes con COVID-19, que Trump ordenó aprobar precipitadamente poco antes del congreso para nominar a los candidatos del Partido Republicano.

Esa medida administrativa tampoco era necesaria, y ese tipo de golpes de efecto no ayuda en nada a los afectados por la enfermedad, dado que ya existía la posibilidad de tratar a pacientes graves de COVID-19, en casos excepcionales, con plasma de pacientes recuperados. Además, todavía no se cuenta con resultados de investigaciones sobre la efectividad de ese método.

No tomen a Rusia como ejemplo

Una y otra vez, Donald Trump se entromete en la investigación científica y en la medicina con recomendaciones y medidas de dudosa ética. Como, por ejemplo, en el caso de la hidroxicloroquina, un medicamento inefectivo contra el coronavirus. Es de temer que la frecuencia con la que Trump hace esas recomendaciones y advertencias aumente cuanto más se acerquen las elecciones.

Pero también cabe la esperanza de que las autoridades que regulan los permisos de los medicamentos de EE. UU. actúen con una mayor resistencia a las intromisiones de la política que las de Rusia, donde el presidente, Vladimir Putin, ordenó aprobar una vacuna con la mayor velocidad.

En Rusia, las tres fases de ensayo de una vacuna simplemente se redujeron a una sola. El mundo científico se agarraba la cabeza consternado.

A todo esto, no hay nada que objetar a la velocidad de la investigación científica, si se realiza de manera profesional y es necesaria para frenar una epidemia. Pero la decisión sobre cualquier remedio o vacuna la deben tomar, en todos los casos, los investigadores, científicos y expertos en medicina y farmacología, junto con las autoridades que regulan las licencias de venta de los medicamentos.

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