El pasado viernes, 28 diputados opositores fueron destituidos de sus cargos por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua, la que es controlada por los sandinistas, a meses de que se realice la elección presidencial en el país.
"La destitución masiva de los diputados de oposición constituye un hecho sin precedentes en la historia de Nicaragua y con ella el régimen de Daniel Ortega está dando un golpe de Estado al Poder Legislativo", indicó el jefe de la bancada Wilber López.
De acuerdo a los parlamentarios la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE), avalada por la directiva parlamentaria, demuestra "desprecio por el voto ciudadano" que los eligió y destruye "la ya debilitada democracia representativa en Nicaragua al cerrar el último espacio institucional para la oposición", consigna EFE.
En un comunicado leído por López, los legisladores indicaron que "la destitución de los diputados opositores constituye la demolición del último bastión de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho porque violenta todos los procedimientos legales y destruye las bases del sistema constitucional nicaragüense".
Agregaron que la decisión tomada por el CSE rompe el principio de independencia y equilibro de los poderes del Estado, el pluralismo político en el Parlamento y que confirma las intenciones de Ortega de querer imponer un sistema de partico único en Nicaragua.
Además, indicaron que tiene “un claro propósito intimidatorio a los ciudadanos que adversan al régimen” sandinista, esto en el marco de las elecciones presidenciales a realizarse el 6 de noviembre.
A su vez, instaron a la comunidad internacional a adoptar un rol en lo que concierne a la situación democrática en Nicaragua y el Estado de Derecho en el país. Y también a tomar acciones orientadas a la restitución de elecciones libres y participativas y a la inmediata restitución de los diputados destituidos.
Los diputados, entre ellos el coordinador de la principal agrupación opositora, la Coalición Nacional por la Democracia, Eduardo Montealegre, fueron destituidos de sus escaños por una resolución del CSE, que fue acatada el pasado viernes, consigna EFE.
Los parlamentarios pertenecían, originalmente, al Partido Liberal Independiente (PLI), pero en mayo pasado la Corte Suprema de Justicia le quitó la representación legal del partido a Montelaegre y se la entregó a Pedro Reyes, considerado por la oposición un colaboracionista del Gobierno y cuya actividad política era casi nula.
Reyes pidió la destitución de los diputados que conformaban el PLI ante el Poder Electoral debido a que estos no reconocieron su liderazgo como nuevo representante legal del partido.
Para evitar ser destituidos debido al reclamo de Reyes, los congresistas en cuestión se habían declarado independientes.
Pero, tanto el Poder Electoral como los legisladores sandinistas en la Junta Directiva alegaron que el artículo 131 de la Constitución Política establece que los escaños le pertenecen al partido en el que fueron electos los diputados, por lo que los destituyeron de sus cargos.
