El pasado 30 de enero, el gobernador del estado mexicano de Michoacán, Silvano Aureoles, hizo ante reporteros mexicanos un anuncio categórico: a partir del próximo 11 de febrero, dijo, “termina el proceso de revisión y culminación de la vigencia de estas figuras llamadas autodefensas". En otras palabras, en la fecha mencionada debe finalizar el desarme de miles de personas (cifras no oficiales hablan de hasta 20.000) que se habían constituido en policías informales por iniciativa propia y en respuesta a la situación de inseguridad causada por la presencia de grupos criminales como La Familia y los llamados Caballeros Templarios, en colusión con la policía.
También el 11 de febrero debe entrar en vigor en Michoacán el esquema de Mando Único Policial. Pero no en todo el estado. “Hay una veintena de autoridades municipales que lo rechazaron, como por ejemplo la capital, Morelia”, dice a DW el Dr. Günther Maihold, de la Fundación Ciencia y Política, con sede en Berlín.
"Considero que no será fácil en la situación actual disolver las autodefensas en Michoacán, dado que las condiciones que dieron origen a este fenómeno continúan vigentes", asegura por su parte y desde México el Mtro. Antonio López Ugalde, especialista en seguridad, justicia y derechos humanos.
"En diversas poblaciones los habitantes siguen indefensos frente al crimen organizado por la actuación ineficaz de las autoridades y por la complicidad de agentes del Estado con los delincuentes", agrega el experto mexicano.
Las autoridades tienen otra versión. Según el gobernador michoacano, crímenes como el secuestro y la extorsión se han reducido en un 85 por ciento, aún antes de la entrada del Mando Único.
Una gran incógnita
Entre las autodefensas, no todos parecen estar dispuestos a entregar sus armas. De las 1.600 personas con las que comenzó la primera etapa del desarme, faltan 800 que permanecen movilizadas en distintos puntos de Michoacán. Sin embargo, “la gran incógnita es si la renovación de las policías estatales y municipales ya ha avanzado lo suficiente como para que puedan gozar de la confianza ciudadana, o si las autodefensas tienen mayor apoyo en las respectivas comunidades”, asegura Maihold. El experto, que tuvo a su cargo la Cátedra Humboldt de El Colegio de México, considera que “esta situación seguramente no puede tener una respuesta generalizada en todo el estado, sino que dependerá de la situación particular en cada municipio”
¿Un plazo más?
¿Qué pasará el próximo 11 de febrero? De hecho, no es el primer plazo que los gobiernos federal y estatal han dado para el desarme “definitivo” de las autodefensas en Michoacán. “Ya durante la gestión del Comisionado de Seguridad Alfredo Castillo, entre 2014 y 2015, en Michoacán se definieron varias fechas para la entrega de armas y la desmovilización de los autodefensas, que no tuvieron un resultado satisfactorio”, dice Maihold desde Berlín.
Estos son los hechos. En enero de 2014, el gobierno federal anunció que a más tardar el 10 de mayo de ese mismo año todas las policías comunitarias deberían estar desarmadas. Pero las autodefensas llegaron apenas a mediados de abril siguiente a un acuerdo con el gobierno por el cual tendrán que entregar sus armas de alto poder y retirarse de las labores de seguridad, a menos que quisieran integrarse a cuerpos de defensa rural del Ejército o la policía estatal. Esto no ocurrió y semanas más tarde, el 27 de junio de 2014, fue detenido el líder más visible de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, que desde entonces se encuentra encarcelado (DW informó) .
El otro frente
En los últimos días ha surgido otro factor que podría incidir en este proceso de desarme de las autodefensas michoacanas: la aparición de nuevos grupos criminales como La Nueva Familia, que en días pasados colgó mantas de advertencia en diferentes puntos de Michoacán.
Las evidencias preliminares apuntan a que La Nueva Familia es una ramificación del Cartel Jalisco Nueva Generación, que buscaría llenar el vacío de los Caballeros Templarios en Lázaro Cárdenas y otras plazas michoacanas.
La reacción que ello causará entre las autodefensas michoacanas es imprevisible, como lo es por el momento en qué medida procederán las fuerzas mexicanas de seguridad contra quienes no entreguen sus armas.
"Mientras no se controle el tráfico de armas, el desarme de grupos de autodefensa y de organizaciones criminales no tendrá efectos permanentes", dice López Ugalde. "La disolución voluntaria de autodefensas no ha sido favorecida por la política de perseguir y encarcelar a personas que accedieron a desarmarse tras negociar con las autoridades. En este contexto, las acciones de desarme y disolución de autodefensas que emprendan las autoridades michoacanas tendrán efectos temporales."
Ante las noticias actuales del surgimiento de nuevas agrupaciones criminales, asevera Maihold, “es todavía más urgente lograr la desmovilización de todas las fuerzas irregulares para no dar paso a un nuevo auge de confrontaciones entre ellos, así como con la policía y las fuerzas armadas”.
López Ugalde resume así el panorama: "La pacificación duradera del estado dependerá del desmantelamiento de las relaciones de complicidad entre autoridades y criminales y de la profesionalización de las instituciones de seguridad y justicia."
