Edgar Neira, abogado del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, pidió el lunes (10.04.2023) a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento), que tramita un juicio político de censura al jefe de Estado, una ampliación de las pruebas de peculado (malversación), delito del que acusan al mandatario.
Neira compareció ante la Comisión de Fiscalización para solicitar que se atienda su pedido de que las pruebas se sustenten al tiempo en que fueron suscritos los contratos que se examinan en el caso.
Lasso ha sido acusado de haber permitido, supuestamente, que se cometa el delito de peculado en unos contratos de la naviera estatal Flopec, del que aparentemente fue advertido y no lo impidió.
El abogado dijo que su solicitud se fundamenta en el derecho constitucional a la defensa del gobernante y que las pruebas, que son el motivo de la causa, no se refieran únicamente a fechas actuales sino que tengan como inicio el año 2018, cuando se firmaron dichos convenios y cuando Lasso aún no llegaba al poder.
El caso tiene que ver con supuestas irregularidades cometidas por un colaborador cercano de Lasso -Hernán Luque, que ya no forma parte del gobierno- en contratos de Flopec.
La Comisión de Fiscalización presidida por Fernando Villavicencio (afín al oficialismo) tiene 10 días para recibir las pruebas de cargo y de descargo, antes de elaborar el informe que será debatido en el pleno del Parlamento.
Se prevé que en un mes el pleno de la Asamblea, de mayoría opositora, admita el proceso y cuya eventual moción de censura requiere de las dos terceras partes (92 votos) del pleno de la Asamblea, integrado por 137 legisladores.
Si la censura prospera, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, sustituiría a Lasso en el poder hasta que termine el periodo de la actual administración en 2025.
El juicio político contra Lasso, cuyo mandato inicio en mayo de 2021, fue admitido por la Corte Constitucional, el máximo organismo de control de la Carta Magna del país, que aceptó el cargo de malversación, aunque desechó el de concusión, por el que la oposición también pedía el proceso.
El presidente Lasso, en un mensaje público emitido en días pasados, se declaró "inocente" de las acusaciones que le imputan y aseguró que, para él, este juicio político "huele muy mal" e incluso denunció en la Cumbre Iberoamericana la existencia de lo que denominó un "golpe de Estado parlamentario".
