El gobierno venezolano amplió este jueves de dos a cinco días el feriado de Semana Santa en el sector público como medida de ahorro energético, que se suma a un plan de racionamiento de electricidad en varias regiones.
Tradicionalmente, el jueves y el viernes de Semana Santa no se trabaja en las entidades públicas y privadas, pero el vicepresidente Tareck El Aissami anunció que el descanso se extenderá al lunes, martes y miércoles próximos en las instituciones del Estado.
"Está medida preventiva favorecerá el ahorro energético y (...) contribuirá a la recuperación y preservación de los niveles de nuestros principales embalses", escribió el funcionario en Twitter.
El Aissami aclaró que se mantendrán operativos los organismos que prestan servicios de primera necesidad, como hospitales.
Una medida similar se aplicó en 2016, cuando prácticamente todo el país fue sometido a un racionamiento por la sequía en las centrales hidroeléctricas.
La ampliación del feriado complementa un plan de cortes de electricidad programados de cuatro horas diarias, que se inició el pasado 15 de marzo en cinco estados donde se venían presentando apagones intempestivos.
El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, aseguró que esas suspensiones se deben al descenso de las represas.
"De los 1.100 megavatios que deberíamos estar generando, solo estamos generando 150", sostuvo.
Las fallas en la prestación del servicio son constantes en el país. Varios sectores de Caracas y siete estados se quedaron sin energía el 2 y 6 de febrero.
Esta situación ha afectado a centros médicos, donde al menos nueve personas murieron desde febrero al no poder tratarse complicaciones por cortes súbitos, según denuncias de familiares y líderes opositores.
Una prolongada sequía en 2016 obligó a aplicar un racionamiento en casi todo el país durante cinco meses, al punto que la jornada laboral del sector público se redujo a dos días.
Ese año los servidores estatales tampoco trabajaron durante toda la Semana Santa.
El gobierno también achaca los problemas en el suministro a sabotajes de la oposición contra la infraestructura eléctrica, pero sus adversarios los atribuyen a la corrupción y negligencia de las autoridades.
