AFP
España entera se moviliza este fin de semana para hacer oír su voz en la crisis catalana, con llamados al diálogo y la unidad, sumados a la presión del traslado de empresas a otras regiones.
La salida de compañías como CaixaBank, Gas Natural o Banco Sabadell impone presión adicional al gobierno regional de Carles Puigdemont para que abandone sus planes de independencia.
La fuga aumenta la inquietud entre una sociedad catalana profundamente dividida por una apuesta independentista cuya escalada ha sumido a España en su peor crisis política de la era democrática.
En un plano conciliador y bajo el título "¿Hablamos?", un llamado anónimo difundido masivamente en redes sociales y carteles en lugares públicos proclama que "España es un país mejor que sus gobernantes".
"Han sembrado odio, nos enfrentan y dividen. Si no intervenimos como sociedad, España se convertirá en un país difícil de habitar", advierte la petición. Invita a la ciudadanía a manifestarse el sábado frente a las alcaldías de cada ciudad con ropa y carteles blancos en señal de distensión, o colgando sábanas blancas en los balcones.
Una marcha "patriótica" reunirá el mismo día en el centro de Madrid a partidarios de la unidad.
El domingo, una inmensa marcha por la unidad de España fue convocada en Barcelona contra las aspiraciones independentistas, con la participación de personalidades como el premio Nobel Mario Vargas Llosa.
Fiero crítico de los nacionalismos, el escritor no ha ahorrado críticas contra el separatismo, al que se ha referido como una "enfermedad" capaz de convertir a la región en "una nueva Bosnia".
Independencia inviable
En señal de distensión, el presidente catalán que inició en el pasado el proceso secesionista, Artur Mas, dijo que Cataluña todavía no cuenta con lo necesario para ser independiente de España, en una entrevista con el diario británico Financial Times.
"Para ser independientes hay algunas cosas que todavía no tenemos", admitió Mas, mientras su sucesor Puigdemont se apresta a declarar unilateralmente la independencia, si se ajusta al plan definido antes del referéndum inconstitucional del pasado domingo.
El gobierno catalán dio un nuevo paso al transmitir el viernes al Parlamento regional los resultados oficiales de la consulta del 1 de octubre, según los cuales hubo un 90,18% de votos a favor de la independencia, con una participación del 43,03%.
Los resultados deberán aún ser proclamados, y a partir de ahí, la cámara catalana podría declarar unilateralmente la secesión en los días sucesivos.
Puigdemont se dirigirá a la cámara regional, donde los secesionistas son mayoritarios, la tarde del martes 10 de octubre, para "valorar los resultados y los efectos del referendo". De momento se ignora si el Parlamento declarará ahí la independencia.
Presiones de empresas y el FMI
Sumándose a una fuga de empresas que ignoró los incipientes signos de distensión entre Madrid y Barcelona, el gran banco catalán CaixaBank y Gas Natural anunciaron el viernes que se iban de Cataluña por el pulso independentista.
Su salida se anunció después de que el gobierno de Mariano Rajoy introdujese una modificación en la ley de sociedades que facilita el traslado, incrementando la presión sobre las pretensiones independentistas, si bien rebajó el tono al pedir disculpas por los heridos en el referéndum prohibido del domingo pasado.
Entre quienes decidieron irse también figuran el Banco Sabadell, el Banco Mediolanum, la empresa de dietética Naturhouse o la de telecomunicaciones Eurona.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la tensión "podría pesar en la confianza y las inversiones" en la economía española, la cuarta de la Eurozona.
Pese a ello, "la previsión para la economía española es robusta", y se mantiene en un crecimiento del 3,1% para este año, puntualizó Andrea Schaechter, la jefa de la misión del FMI en España, al presentar un informe sobre la situación del país.
Señales de distensión
En el plano judicial, el comandante de la policía catalana, una subalterna y dos líderes independentistas declararon el viernes por sedición ante la Audiencia Nacional, que no dictó prisión preventiva contra ninguno de ellos.
En Barcelona, el delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, pidió disculpas por los heridos causados por la policía al tratar de impedir el referéndum y expresó su esperanza de encauzar la crisis.
"Cuando he visto estas imágenes, y sé que hay gente que ha recibido golpes, y empujones, incluso hay una persona que está aún hoy hospitalizada, no puedo hacer nada más que lamentarlo, pedir disculpas en nombre de los agentes", dijo Millo a la televisión pública catalana TV3.
"Es algo que todos lamentamos", abundó el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, refiriéndose a los heridos, antes de solicitar elecciones regionales anticipadas en Cataluña para salir del impasse.
Por el lado del gobierno catalán, el consejero de Empresa y Conocimiento, Santi Vila -una figura moderada que cobra peso- reclamó un "alto el fuego" con el ejecutivo central y propuso posponer la declaración de independencia de Cataluña a cambio de que no se suspenda la autonomía regional.
