El Consejo de Seguridad de la ONU resolvió el lunes enviar a Haití una misión internacional dirigida por Kenia para ayudar a ese país caribeño que desde el año pasado es presa de la violencia criminal.
La nación más pobre del hemisferio occidental ha estado una situación crítica por las pandillas armadas que han tomado partes del país y desatado una violencia brutal, con la economía y los servicios de salud del país también en crisis.
La decisión es "un rayo de esperanza" dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Haití Jean Victor Geneus.
La resolución, aprobada con 13 votos a favor y con abstenciones de Rusia y China, impone también un embargo de armas ligeras, que hasta ahora sólo se aplicaba a líderes bandas de criminales.
Desde el año pasado, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habían pedido una fuerza de este tipo para atender la creciente crisis de seguridad en el país.
En julio se produjo un gran avance para esos planes, cuando Kenia se ofreció a dirigir una fuerza de seguridad y a enviar 1.000 efectivos.
Dados los retos a los que se han enfrentado las anteriores operaciones de mantenimiento de la paz en Haití y los riesgos de enviar una fuerza exterior al atolladero actual, había sido difícil encontrar un país dispuesto a liderar el esfuerzo.
Según la resolución esta "misión multinacional de apoyo a la seguridad" no perteneciente a la ONU será por "un periodo inicial de doce meses", con una revisión a los nueve meses.
Su objetivo es "proporcionar apoyo operativo a la policía haitiana" en su lucha contra las bandas, contribuir a la seguridad de escuelas, puertos, hospitales y aeropuertos, y "mejorar las condiciones de seguridad en Haití".
El objetivo es permitir la organización de elecciones, aunque no se hayan celebrado comicios desde 2016.
La misión, en cooperación con las autoridades haitianas, podría, "para evitar la pérdida de vidas", emplear "medidas de emergencia" temporales y proporcionadas "con carácter excepcional", incluidas detenciones, en cumplimiento del derecho internacional.
El proyecto de resolución no especifica el tamaño de la misión, aunque las discusiones han girado en torno a una fuerza de unos 2.000 efectivos.
