El proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) está congelado, en crisis, tras la victoria del "no" en el plebiscito del pasado domingo en el que los colombianos decidieron rechazar lo acordado en La Habana.

¿Hay forma de resolver esta situación?

Luego de ese resultado, los promotores del "no" señalan que considera que jurídicamente los acuerdos no existen porque para que tuvieran entidad en el esquema legal colombiano debían ser refrendados.

No obstante, los dos más grandes líderes de la campaña contra el acuerdo, los expresidentes Álvaro Uribe (actual senador y jefe del partido Centro Democrático) y Andrés Pastrana, lo consideran una base sobre la que discutir.

Uribe y Pastrana ya se han sentado a hablar con el presidente Juan Manuel Santos y se formaron comisiones para dialogar

Las FARC, por su parte, dicen que lo negociado, negociado está, y que el acuerdo ya está cerrado. Pero siguen en La Habana en contacto con el equipo negociador del gobierno.

El gobierno y sus contradictores políticos esperan en un plazo no mayor a dos semanas tener una propuesta para llevar a las FARC.

Pero, ¿cuán realista es que las demandas del "no" puedan ser aceptadas por la guerrilla?

BBC Mundo hace un análisis de los principales puntos planteados y la factibilidad de que formen parte de un nuevo acuerdo.

1. Que los guerrilleros que cometieron crímenes graves paguen penas de prisión

"El Centro Democrático ha aceptado que los guerrilleros rasos, que son la gran mayoría, no sean llevados a la cárcel. Sin embargo, cree que concederles total impunidad a los responsables de atrocidades es mal ejemplo que promueve nuevas violencias", dice una carta publicada en el diario El Tiempo el 27 de agosto -el texto más concreto con demandas del "no"- por los tres representantes del Centro Democrático que forman la comisión que dialoga con el gobierno: el senador Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo y Óscar Iván Zuluaga.

La canciller colombiana María Ángela Holguín, que forma parte del equipo del gobierno que dialoga con el "no", le había dicho a BBC Mundo: "Ellos no van a dejar las armas para irse a la cárcel, así de fácil. Otros temas de pronto se pueden discutir".

Es decir, la opción de prisión directa, sin la oportunidad de contar toda la verdad para obtener penas que no implican cárcel, no aparece en el horizonte.

¿Entonces, qué puede haber? Tal vez termine cediendo en este punto el Centro Democrático. En definitiva, Uribe ya había contemplado esta opción en el pasado.

Heidi Abuchaibe Abuchaibe, experta en justicia transicional de la Universidad Externado de Colombia, recuerda que cuando el senador era presidente había contemplado la posibilidad de que los máximos responsables de crímenes del paramilitarismo que se desmovilizó a mediados de los 2000 fueran a granjas agrícolas a pagar sus penas; algo que fue modificado en el legislativo.

De hecho, el senador ha mencionado la idea de aplicar una amnistía a los guerrilleros rasos que no hayan cometido crímenes graves y que se concentren en granjas agrícolas. No está claro cómo eso podría hacerse empatar con lo acordado en La Habana, en que la guerrilla pasaría a concentrarse en 27 zonas preacordadas.

Para Abuchaibe, Uribe está buscando un margen de negociación y un posible acuerdo podría surgir si el pacto de La Habana es revisado para que quede más claro cuáles serán específicamente las restricciones de libertad a las que se someterá a los guerrilleros que no paguen cárcel.

Otras fuentes le dijeron a BBC Mundo que existe la posibilidad de que el uribismo aplaque su posición para posibilitar un acuerdo en este sentido.

2. Cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el mecanismo de justicia transicional dispuesto por el acuerdo de La Habana para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto por todos los actores.

El uribismo sostiene que sería mejor reformar la justicia colombiana para lidiar con estos casos.

El texto publicado en El Tiempo llama a la JEP: "Un tribunal de las FARC, mediante el cual se busca la absolución de los responsables de atrocidades, y a manera de venganza, el encarcelamiento de policías, soldados y civiles, quienes han sido considerados por el grupo ilegal como 'un estorbo' en el propósito de destruir al país".

También sostiene que los tribunales de la JEP sustituiría las facultades de revisión de todo lo actuado por la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, las cortes, Comisión de Acusaciones y la Justicia Penal Militar.

"Eso sí no tiene asidero y tampoco es coherente con su posición histórica", dijo Abuchaibe a BBC Mundo y recordó que Álvaro Uribe mismo estableció un mecanismo especial denominado Justicia y Paz para juzgar los crímenes de los paramilitares.

Además de que en su opinión la JEP es la mejor alternativa para la justicia transicional cree que es un punto del acuerdo que no se puede cambiar: "A eso no accederían ninguna de las dos partes, gobierno y FARC".

Ciertamente es muy remota la posibilidad de que las partes abandonen la JEP por la justicia ordinaria.

No obstante, Abuchaibe cree que podrían hacerse ajustes al texto del acuerdo: "Sí se puede mirar que en ese sistema haya mayor claridad de qué se va a investigar y cómo se va a investigar".

"Son mejoras que no afectarían a las FARC pero sí le darían garantías a terceros y otros actores armados (como el ELN)", dijo.

Por otra parte, la noción de que la JEP es un "tribunal de las FARC" ha sido rechazada por una gran mayoría de especialistas, teniendo en cuenta que el comité que escogerá a los magistrados que lo integrarán está compuesto por individuos e instituciones de gran prestigio: el secretario general de Naciones Unidas, Corte Europea de Derechos Humanos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.

3. Restringir la elegibilidad política de los guerrilleros

El Centro Democrático rechaza la idea de que aquellos que cometan crímenes graves participen en política, sobre todo que se le asegure a un partido político conformado por unas FARC ya sin armas cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes por dos períodos consecutivos sin importar si quien lo recibe ha cometido delitos de lesa humanidad, por ejemplo.

Tampoco le convence al uribismo que haya 16 escaños para zonas del país priorizadas en los acuerdos, porque consideran que serían para candidatos afines a las FARC.

La realidad muestra que las zonas en las que ha operado la guerrilla no necesariamente votan por partidos cercanos a ellos, como ocurrió en las elecciones para alcalde de fines de 2015, en el que fue elegido en San Vicente del Caguán (de tradicional presencia de las FARC) el candidato del Centro Democrático.

Por otra parte, en 2006 Uribe había mencionado la posibilidad de darles lugares en el Congreso a las FARC como parte de un potencial proceso de paz.

En todo caso, ¿puede reformarse este punto? BBC Mundo consultó con Héctor Riveros, quien asesoró al equipo de paz del gobierno en la negociación del punto de participación política.

Riveros primero aclaró que es pesimista, que cree que no podrá resolverse la situación actual antes de que se rompa el cese el fuego y que una vez se rompa ya no habrá vuelta atrás.

Pero asumiendo que su previsión no se cumpla, cree que en materia de participación política hay cuestiones que potencialmente se pueden modificar y otras que no.

Una que no ve factible es impedirle participar en política a los jefes de las FARC: "Habría que esperar cinco a ocho años (para que cumplan unas penas mínimas); todos son mayores de 60 años lo que pone un obstáculo práctico, que dificulta esa decisión".

Sí cree que habría una salida para los escaños garantizados: que sólo se otorguen a personas que no estén pagando penas y se excluya a quienes sí. Pero habría que permitirles a estos últimos ocupar los lugares si los ganan con el voto popular.

Y algo aún más fácil de modificar podrían ser los 16 lugares para los territorios priorizados. Porque, explica Riveros, ni forman parte de los pedidos de las FARC.

"Eso fue una propuesta gubernamental", le dijo a BBC Mundo.

4. Narcotráfico

El uribismo entiende que el narcotráfico aparece en lo pactado en La Habana como delito conexo al delito político en los acuerdos y, por lo tanto, puede ser amnistiado. Es algo que no considera aceptable.

Aunque no menciona al narcotráfico de manera explícita, el acuerdo dice: "Serán considerados delitos conexos al delito político aquellos calificados como comunes cuando cumplan los requisitos anteriores (conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión) y no se trate de conductas ilícitas cometidas con ánimo de lucro personal, en beneficio propio o de un tercero".

La interpretación de este párrafo supone que el narcotráfico es considerado delito conexo siempre y cuando haya sido llevado a cabo para financiar a la organización.

Fuentes cercanas a la negociación creen que las FARC no aceptarían modificar este punto, porque si se vuelve delito no amnistiable en cualquier circunstancia, terminaría afectando a un número muy grande de sus miembros, ya que la guerrilla se ha financiado históricamente -al menos- cobrando impuestos a la producción y tráfico.

5. Límites a la reforma rural

El texto de Duque, Holmes Trujillo y Zuluaga dice: "El gobierno negoció la política agraria con quienes han sido los verdugos del campo. Quedó establecido que se podrá hacer una expropiación administrativa a quienes han adquirido sus tierras legalmente".

"Es todo lo contrario", le dijo a BBC Mundo Álvaro Balcázar, asesor del equipo negociador de paz del gobierno en el punto tierras. "La seguridad jurídica mejoraría con la implementación del acuerdo, que busca la formalización de la propiedad rural en Colombia".

"Hoy en día cerca del 60% de los predios están con problemas de informalidad en los títulos y la tenencia", agregó. El acuerdo prevé la constitución de un Fondo de Tierras que dispondrá de tres millones de hectáreas en sus primeros diez años de funcionamiento.

Balcázar explica que las únicas tierras que se expropiarían son las adquiridas de manera ilegal o las no explotadas.

El origen de esas tierras será -dice el texto del acuerdo- de aquellas de propiedad ilegal, de actualizaciones de la Reserva Forestal que cambie sus límites, de tierras que se quiten a quienes no las exploten, otras expropiadas o adquiridas por motivos de interés social (con pago de indemnización por parte del Estado) y de donaciones.

Las expropiaciones por motivos de interés social, explica el asesor, existen en la legislación colombiana desde el siglo XIX y es algo que se ha utilizado (por ejemplo, para hacer una carretera).

Por otro lado, él no cree que preocupe significativamente a los gremios rurales: "Cuando uno les explica ellos saben y no es un tema que haya motivado el 'no' (entre ellos)".

Pero llegado el caso, ¿se podrían acordar cambios en el punto de tierras del acuerdo de La Habana para avanzar en el proceso de paz?

"Le aseguro que el punto de tierras no es ningún problema para llegar al acuerdo", dijo Balcázar. "Es una carta de descarte (en la negociación)".

Si es necesario cree que pueden cambiar elementos sin problema.

"¿Quieren ponerle una limitación al uso del concepto de 'expropiación'? Hagámoslo en el marco de la ley, no sería difícil llegar a eso", consideró el asesor.

El de tierras fue de los primeros puntos acordados en La Habana, y algo que se consensuó tan rápido y con tan poca discusión, que posiblemente más fácil de revisar que otros que llevaron meses, años de negociación.

6. "Ideología de género"

Este punto parte de un problema de interpretación. El acuerdo habla de "enfoque de género" en varios puntos, para privilegiar, por ejemplo la atención a mujeres víctimas; o habla de la inclusión, en algunos procesos, de "personas con orientación sexual e identidad de género diversa".

Esto fue considerado como inclusión la "ideología de género" los acuerdos, algo que la Iglesia católica define como un pensamiento que afirma que no se nace hombre o mujer, sino que la identidad sexual es fruto de una construcción cultural.

Es algo que para esa institución entra en contradicción con la noción de que se nace hombre o se nace mujer, tanto en términos de sexo como de género.

La campaña del "no" se mostró preocupada por este punto, especialmente el exprocurador Alejandro Ordóñez, al igual que líderes de iglesias cristianas evangélicas, que ven en ciertos puntos de los acuerdos riesgos a su idea de familia.

Pero fue también un punto de la reunión entre el presidente Santos y Uribe, quien dijo al salir del encuentro: "Presentamos nuestras preocupaciones por los valores de familia".

El martes, Santos se había reunido con líderes de las iglesias cristianas para escuchar sus preocupaciones y el miércoles dijo: "Identificamos que muchas de sus preocupaciones están en puntos que requieren aclaraciones o precisiones. Hoy mismo empezamos a trabajar con ellos para concretar esos puntos y resolver sus inquietudes".

Es decir que en este aspecto el gobierno ya ha cedido. Habrá que ver qué dicen las FARC cuando si esas precisiones y aclaraciones se transforman en modificaciones al texto del acuerdo.

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