Para ser más exactos, no es la paz la que podría costar la vida a más personas, sino el violento rechazo de grupos políticos de ultraderecha y organizaciones paramilitares opuestos a que la paz se haga realidad. Y la paz en Colombia, pasa por la restitución de tierras robadas por todos los grupos ilegales.
“En el primer semestre de 2016, 35 defensores de derechos de humanos fueron asesinados en Colombia y 279 sufrieron algún tipo de agresión, dice un informe de la ONG Somos Defensores, presentado este 17 de agosto, en el cual se advierte que “en el posconflicto las acciones violentas contra los activistas pueden aumentar”. El director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, no comparte empero ese temor, y explica a DW que “lo que los Acuerdos de Paz permitirán es, justamente, que los defensores de derechos humanos y líderes campesinos trabajen sin que haya guerra”.
La Fundación Forjando Futuros es una ONG líder en la lucha por la restitución de tierras y la protección de líderes campesinos. Forjando Futuros denunció, ya en 2015, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la persecución de defensores y reclamantes de tierras en Colombia.
Seis millones 500 mil hectáreas, un 15% del territorio colombiano, han sido abandonadas o adquiridas ilegalmente a través de la violencia ejercida por los paramilitares, las guerrillas y las propias fuerzas de seguridad. Gracias al posible Acuerdo de Paz, las autoridades podrán hacer aplicar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tanto en territorios con presencia de paramilitares como en aquellos antes controlados por las FARC.
Entre las víctimas mortales de los primeros seis meses de este año registradas por Somos Defensores, ONG que cuenta con el respaldo de la Unión Europea, figuran seis indígenas, cinco líderes comunales, cuatro afrocolombianos, cuatro campesinos, un desplazado y un miembro de la comunidad LGBTI, entre otros. Forjando Futuros, por su parte, lleva el registro de “79 personas asesinadas desde la entrada en vigencia de la Ley de Restitución de Tierras de 2011”, recuerda a DW Gerardo Vega, y recalca que “por esa razón necesitamos que el Acuerdo de Paz se firme, se valide en plebiscito y se ponga en marcha lo antes posible, porque ofrece garantías para detener las agresiones contra los líderes comunitarios”.
¿Fracaso en guerra, éxito en paz?
La implementación de dicha Ley ha sido, hasta ahora, un fracaso: “De las 6,5 millones de hectáreas por restituir, solo se han logrado recuperar 200 mil hectáreas para los campesinos despojados”, explica Vega y agrega que “de 360.000 casos por resolver, solo se han aclarado 3.000”. Por eso todas las esperanzas de muchos desplazados de sus tierras, sus casas o sus parcelas están puestas en el Acuerdo de Paz que prevé la restitución de las tierras a todos los campesinos, sea quien haya sido el despojador.
Así, entre más se acerca la firma del Acuerdo de Paz, más agresiones hay contra los líderes comunitarios que reclaman sus tierras. La paz no le conviene a los despojadores de tierras, sea, cual sea su proveniencia, porque tendrán que enfrentar a una Justicia más efectiva contra el despojo y a víctimas mejor respaldadas que reclaman la restitución. “Por eso no es ninguna coincidencia que quienes lideran el rechazo al Acuerdo de Paz sean los mismos que se han opuesto a la Ley de Restitución de Tierras”, concluye Gerardo Vega, de Forjando Futuros, y agrega que “se oponen porque acumularon tierras robadas durante el conflicto en Colombia”.
Entretanto, es de temer que los defensores de derechos humanos y los promotores del fin de la guerra fratricida en Colombia seguirán siendo víctimas de lo que denuncia la ONG Somos Defensores: mensajes de odio, estigmatización como amigos de la guerrilla o del “castrochavismo”, desprestigio y persecución y, en el caso de los reclamantes de tierras, el asesinato.
Lo que en un comienzo se vendió como “crítica al proceso de paz” es hoy abierto rechazo a que Colombia acuerde la paz para acabar con las injusticias de la guerra.
