La CIDH precisó los términos del acuerdo tras reunirse esta semana con los familiares de las víctimas y los representantes del Estado mexicano. Al conocer el mecanismo, el Gobierno de México reafirmó "su solidaridad con las familias víctimas, el compromiso con el pleno esclarecimiento de los hechos materia de la medida cautelar, la sanción de los responsables, así como la atención a las víctimas del caso".
"(México) Reconoce el diálogo y la cooperación con los representantes y los beneficiarios de las medidas cautelares en el caso Iguala, que permitieron plantear a la CIDH acuerdos sobre el esquema de seguimiento a las medidas cautelares, resultado de diversas reuniones desarrolladas previamente en México", dijo la cancillería en un comunicado conjunto con la Secretaría de Gobernación (Interior) y la Procuraduría General de la República (PGR).
La CIDH anunció que "debido a la amplitud del expediente", nombrará como mínimo a dos asesores técnicos especiales para realizar "labores de recopilación y documentación sobre el caso". Dichos asesores técnicos podrán realizar, "en coordinación con el Estado", las visitas a México "con la frecuencia y el tiempo que sea necesario para su labor".
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
Además el relator de país u otro comisionado designado por la CIDH realizará tres visitas a México. Y podrá, en consulta con el Estado, realizar una cuarta visita para dar seguimiento a las medidas cautelares. También se estableció que México dará apoyo económico a la CIDH para asegurar el financiamiento del mecanismo de seguimiento, precisa la resolución. Asimismo, la CIDH solicitó al Estado mexicano que "redoble sus esfuerzos a fin de implementar todas las acciones necesarias para determinar el paradero o destino de los beneficiarios de las presentes medidas cautelares".
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue establecido en noviembre de 2014 para ofrecer asistencia técnica en la investigación de la desaparición de 43 jóvenes mexicanos en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero.
Los jóvenes de la escuela rural "Raúl Isidro Burgos" desaparecieron después de que policías municipales se los llevaron y los entregaron a un grupo criminal mexicano, que supuestamente los asesinó e incineró. Los informes del grupo de expertos sacaron a la luz los fallos, lagunas y contradicciones en la investigación que estaban realizando las autoridades mexicanas sobre el caso. La CIDH dio en abril por terminado el trabajo del grupo de expertos que investigaba el caso Ayotzinapa, tras la negativa del Estado mexicano a que se renovara su mandato.
El mecanismo deberá dar seguimiento a las medidas cautelares o de protección dictadas por la CIDH en octubre de 2014 y a las recomendaciones formuladas en los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). "La CIDH observa que, al día de hoy, no se conoce el paradero o destino de los beneficiarios de las presentes medidas cautelares. A pesar de los informes emitidos por el GIEI y las recomendaciones respectivas, las acciones adoptadas por las autoridades estatales aún no han arrojado resultados concretos o avances positivos", señaló la Comisión en una resolución.
