AFP
La justicia española citó a declarar al presidente catalán destituido Carles Puigdemont, quien este martes aseguró haberse instalado en Bruselas junto a parte de su gobierno por "seguridad" ante las causas judiciales abiertas contra él en España.
"No estoy aquí para pedir asilo político", sino "para poder reaccionar con libertad y seguridad", aseguró Puigdemont en Bruselas, cuatro días después de una proclamación de independencia que acabó siendo meramente simbólica.
A partir del jueves, él y trece miembros de su gobierno están citados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional de Madrid, que aceptó una querella de la fiscalía por rebelión y sedición, delitos penados con hasta 30 y 15 años de cárcel respectivamente.
Este tribunal también les exige, en el plazo de tres días, una fianza de 6,2 millones de euros que, en caso de no ser abonados, serán embargados de sus bienes.
El líder independentista afirmó que su viaje a Bélgica no busca escapar de "la acción judicial".
Pero también advirtió que no volverían a España hasta que no pueda tener un proceso judicial con garantías de imparcialidad, por lo que es una incógnita si acudirá a la citación.
Puigdemont "no está en Bélgica por invitación ni por iniciativa del gobierno belga", precisó el primer ministro de Bélgica, Charles Michel. "Será tratado como cualquier ciudadano europeo", con "los mismos derechos y deberes, ni más ni menos", aseguró.
Batalla electoral
Marchándose de la región días después de proclamar la nueva república, Puigdemont cedió sin resistencia la administración regional al gobierno español de Mariano Rajoy, que el viernes destituyó a su ejecutivo y adoptó medidas para tomar el control de Cataluña.
Autodenominándose "presidente legítimo de Cataluña", sostuvo que echó el freno para evitar males mayores en su choque con el poder central, incluso violencia en una sociedad cada vez más polarizada.
"No se puede construir la república de todos desde la violencia", dijo. "Si esta actitud tiene como precio ralentizar el despliegue de la república, se tiene que considerar que este es un precio razonable".
"El proceso independentista no está ralentizado, está parado", respondió una fuente del gobierno español en Barcelona.
De hecho, la declaración de independencia fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional y ni siquiera fue publicada en el diario oficial del gobierno catalán.
Y la anunciada resistencia de los funcionarios catalanes ante Madrid tampoco se concretó. "Las primeras horas indican que la película de terror que nos habían contado no se está produciendo: hay normalidad", afirmó esta fuente.
La batalla política se desplaza ahora al 21 de diciembre, la fecha designada por el gobierno español para celebrar unas nuevas elecciones regionales.
"Las elecciones del 21 son un reto que tomamos con todas nuestras fuerzas", dijo Puigdemont, llamando al gobierno central a respetar los resultados en caso de victoria independentista.
Según un sondeo publicado este martes, el paisaje no variará en exceso respecto a las elecciones catalanas de 2015: los independentistas revalidarían su mayoría absoluta pero con 45% de votos.
En una sociedad catalana profundamente dividida sobre la separación de España, y con la oposición frontal del gobierno español y la Unión Europea, la proclamación de independencia no se tradujo en nada concreto.
Dos "ministros" regresan a Cataluña
El buscado "presidente de la república" y varios miembros de su gabinete escaparon a Bruselas. El resto permaneció en Barcelona y según Puigdemont continuará con su actividad "como miembros legítimos del gobierno de Cataluña".
Por la noche, al menos dos de sus "ministros" regresaron a Barcelona, donde aterrizaron poco después de las 23:00 , constató un reportero de AFP.
Uno de ellos, Joaquim Forn, a cargo de la cartera de Interior, fue abucheado en la terminal aérea por opositores a la independencia, quienes blandiendo banderas españolas lo acusaron de "traidor".
En Cataluña se asienta la idea del fracaso de la declaratoria de independencia, no reconocida por ningún país.
"Más allá de la declaración de la independencia, tenemos que ir a los hechos", dijo a la radio Rac1 otro miembro del gobierno de Puigdemont dimitido un día antes de la proclamación, Santi Vila.
La recaudación de impuestos, el control del territorio, de los puertos o los aeropuertos sigue en manos del gobierno español, e incluso la administración regional o la policía catalana lo están ahora.
"Queríamos llevar Cataluña a la preindependencia y la hemos vuelto a la preautonomía", afirmó Vila, acusando de "ingenuidad" a sus excompañeros de gobierno.
No se desvanecía, sin embargo, la acción de la justicia contra los líderes independentistas que impulsaron el referéndum inconstitucional del 1 de octubre y la posterior proclamación de la "República Catalana".
El Tribunal Supremo citó como investigada a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, investigada por rebelión y sedición por tramitar dicha proclamación.
Como Puigdemont y sus compañeros, podrían recibir también altas penas de prisión por desobedecer la prohibición del Tribunal Constitucional sobre el referéndum, que se saldó con una victoria del sí (90%) pero una baja participación (43%).
