AFP
Los independentistas catalanes, encabezados por el presidente regional Carles Puigdemont, lanzan este jueves la campaña por el sí en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre prohibido por la justicia que está tensando sobremanera las relaciones con Madrid, dispuesto a impedirlo a toda costa.
El pistoletazo de salida se dará en un acto en la antigua plaza de toros de Tarragona en el que participarán Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y representantes de los principales partidos y asociaciones independentistas.
Objetivo: llenar el recinto que tiene cabida para unas 10.000 personas.
Sin embargo a principios del día reinaba cierta incertidumbre en torno a la reunión, tras la prohibición en Madrid de otro acto prorreferéndum por un juez al considerar que no se podía celebrar en un local público una reunión de promoción de un referéndum ilegal.
La vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría no dijo, hasta la mañana del jueves, si había alguna actuación en marcha para prohibir el acto. "No se puede colaborar y no se puede participar en ese referéndum", declaró en el canal de televisión privado Telecinco, destacando que eso incluye "cualquier acto preparatorio".
Los responsables del Tarraco Arena Plaza, consultados por la AFP, dijeron por su parte no haber recibido por el momento ninguna notificación.
Los separatistas disponen de dos semanas para movilizar a los suyos y también a sus críticos recelosos de participar en este escrutinio.
Si lo ganan, prometen declarar una república independiente en esta región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España.
El gobierno de Puigdemont no estableció un mínimo de participación para considerar válido el resultado, pero conseguir una alta movilización es clave para su credibilidad.
El escenario escogido no es casual. Tarragona, la segunda capital de provincia más poblada de la región, con una importante industria química y un fuerte rechazo al independentismo, está gobernada por un alcalde socialista, Josep Félix Ballesteros, que declinó colaborar en la participación del referéndum.
Los partidos contrarios a la secesión no participarán en la campaña de este escrutinio declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y piden a sus electores no ir a votar aunque ello lleve a una victoria abrumadora del sí.
"Esto es un engaño. Ellos quieren hacer un simulacro de referéndum para justificar una declaración de independencia. Quieren que la gente vaya para legitimar unos resultados que ya conocen de antes", asegura a la AFP Salvador Illa, secretario de organización del Partido Socialista de Cataluña, contrario al voto.
Presión judicial
El presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, que acudirá el viernes a Barcelona, también instó a los ciudadanos a quedarse al margen.
"Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya porque no puede haber referéndum y porque sería un acto absolutamente ilegal", subrayó.
Las instituciones españolas están poniendo toda la carne en el asador: la fiscalía general del Estado ordenó citar a los más de 700 alcaldes catalanes que quieren cooperar en el referéndum y detenerlos si no se presentan.
También presentó una querella contra todo el ejecutivo regional y ordenó a las policías que operan en la región incautar urnas, sobres y papeletas electorales, propaganda o cualquier otro material relacionado con "el referéndum ilegal".
En este contexto, varios diarios de la región como La Vanguardia, El Periódico o incluso el soberanista Ara evitaron difundir la campaña institucional del 1 de octubre, que en cambio sigue emitiéndose en la radio y televisión pública catalana.
Las entidades independentistas opinan que estas acciones judiciales incluso pueden beneficiarles y no se plantean suspender los actos previstos.
"La actitud del Estado tan agresiva hace que cualquier demócrata no pueda quedarse indiferente. Si hacen escoger entre la democracia y la policía, la opción está clara", asegura a la AFP Ramón Piqué, coordinador de campaña de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), una influyente asociación independentista.
En esta situación, incluso ve factible romper el techo de 1,9 millones de votos independentistas de las elecciones regionales de 2015, que les dieron mayoría absoluta en el parlamento pero les dejó en el 48% del total de votos emitidos.
