AFP

Invocando el artículo 155 de la Constitución que le permite suspender la autonomía catalana, el jefe del Gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, adoptó una serie de medidas para retomar el control de ese territorio del noreste de España, que tiene un tamaño comparable al de Bélgica.

El presidente independentista catalán destituido el viernes por Madrid, Carles Puigdemont, había llamado el sábado a sus seguidores a oponerse pacíficamente a su implementación.

Oficialmente Puigdemont perdió sus poderes y la fiscalía española prevé iniciar esta semana un proceso judicial en su contra por "rebelión".

"Estamos a la espera de qué hace el 'govern'" de Puigdemont el lunes, explicó a la AFP el responsable de una organización independentista. "Si se creen ellos mismos que son el 'govern' de la República, entonces nosotros saldremos a protegerlos, pero si no hacen nada, tendremos que ver qué hacemos", agregó el responsable, que solicitó el anonimato. "La clave de todo es que vayan a sus oficinas a trabajar. Eso será la señal clara", agregó.

Guerra psicológica

Otro responsable del movimiento asociativo independentista anticipa por su parte que "ahora viene un tiempo de tensión rebajada, una especie de guerra psicológica".

Al evocar un "baño de realidad", la fuente admite que "el gobierno de la República no tiene capacidad de imponerse. Queda constatado que desde un gobierno autonómico no se puede hacer el salto a un gobierno estatal".

"Pero ahora toca luchar contra el 155, seguramente de manera más simbólica, pero demostrar que el Estado también es débil en este territorio y tampoco puede imponerse al 100%", agregó.

Cierta decepción parecía imperar en filas secesionistas, que en los últimos años se habían movilizado a través de enormes manifestaciones pacíficas para reclamar la independencia inmediata.

La independencia proclamada el viernes no fue reconocida por ningún Estado en el extranjero y el domingo fue impugnada en las calles de Barcelona por cientos de miles de manifestantes que defendieron la unidad de España.

"Puede que la república catalana no exista de facto, pero existe en mi espíritu", comentó en Barcelona Guillem Burballa, un independentista de 22 años, "dispuesto a lo que haga falta para resistir de manera pacifica".

Madrid disolvió el parlamento regional y convocó a elecciones para el 21 de diciembre. Y la vicepresidente del gobierno español Soraya Saenz de Santamaría fue designada para gobernar Cataluña.

En una medida cargada de peso simbólico, se dio la orden de retirar la escolta a los dirigentes destituidos y de quitar los retratos de Puigdemont de las comisarías, indicó un portavoz de la policía catalana, cuya cúpula fue también cambiada.

Todos están ahora a la espera de saber cuál será la actitud de los 200.000 funcionarios que se supone pasarán a estar a las órdenes del poder madrileño.

El domingo, el vicepresidente catalán destituido Oriol Junqueras dijo que Puigdemont "es y seguirá siendo el presidente" catalán.

Interrogado acerca de la posibilidad de que Puigdemont intente aferrarse al poder, el ministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis respondió: "no creemos que tenga los medios de dirigir un gobierno paralelo" y "esperamos que la administración, los funcionarios de Cataluña respetarán las medidas adoptadas y que implementarán esas órdenes para permitir que en Cataluña se brinden los servicios públicos".

Un "mundo paralelo" 

En Barcelona, la jornada del domingo estuvo marcada por una manifestación masiva de catalanes indignados por una declaratoria unilateral de independencia proclamada por 70 de 135 diputados catalanes.

Hubo según la policía 300.000 manifestantes, un millón según la prefectura, congregados al grito de "Puigdemont a la cárcel".

"Todos somos Cataluña" fue el eslógan de la marcha, convocada por la asociación Sociedad civil catalana.

Los separatistas "viven en un mundo paralelo, un poco surrealista", dijo Silvia Alarcón, de 35 años. "Me da rabia que hablen por todos los catalanes".

En la manifestación hubo una atmósfera de precampaña electoral: los tres principales partidos favorables a la unidad española -- Ciudadanos (liberal), el partido socialista catalán y el Partido Popular de Rajoy - ya invitaron a sus seguidores a acudir masivamente a las urnas el 21 de diciembre.

Publicidad