El tribunal supremo italiano confirmó este viernes la sentencia definitiva a cadena perpetua para 14 represores sudamericanos por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano en el marco del Plan Cóndor, ejecutado por las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.
Los jueces de la Corte de Casación de Roma, la máxima instancia judicial en Italia, pronunciaron la sentencia al término de dos jornadas de deliberaciones y tuvieron que reducir la lista de 21 represores a 14 por la muerte de varios de ellos.
Un grupo de 23 militares y policías de Uruguay, Bolivia, Perú y Chile, responsables de intervenir en operativos militares pactados entre las dictaduras sudamericanas para secuestrar y ejecutar a los disidentes, había sido procesado y condenado en 2019 a cadena perpetua por la Corte de Apelación italiana.
"Cometieron crímenes atroces. Han sido juzgados con los principios de la jurisdicción italiana, europea, y se han tutelado los derechos de los italianos que residen en el exterior e inclusive los de ellos", declaró a la AFP el abogado que representa a las víctimas uruguayas, Andrea Speranzoni.
A excepción del ítalo-uruguayo Jorge Tróccoli, ex capitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, quien asistió a la primera audiencia del juicio celebrada en febrero del 2015 y quien reside aún libremente en Italia, todos fueron condenados en ausencia.
"A Tróccoli le espera la orden de detención", explicó el abogado.
En la lista de condenados aparece el ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay Juan Carlos Blanco Estradé, mientras que tuvieron que ser excluidos los represores bolivianos a la espera de los certificados de muerte de varios de ellos.
La confirmación de la condena suscitó emoción entre el grupo de familiares y defensores de derechos humanos que asistieron a la audiencia en el tribunal romano y que llevaban décadas batallando por obtener justicia.
Las investigaciones sobre la atroz estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur, conocida como Plan Cóndor, fueron iniciadas hace 20 años a raíz de las denuncias presentadas en Italia por los familiares de italianos asesinados o desaparecidos.
La sentencia llegó al término de ocho años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las víctimas.
El fiscal italiano Giancarlo Capaldo abrió una histórica investigación contra un grupo de 34 exoficiales y civiles, agentes de la policía y de los servicios secretos de Chile, Uruguay, Bolivia y Perú, pero varios de ellos ya murieron.
Debido a una serie de impedimentos burocráticos, la justicia decidió juzgar por separado a 50 argentinos así como a varios paraguayos y brasileños por los mismos delitos.
