El exministro de gobierno (Interior) y poderoso colaborador del expresidente boliviano Evo Morales, Carlos Romero, fue aprehendido este martes por orden de la Fiscalía y conducido a celdas judiciales tras acogerse a su derecho al silencio, informó el Ministerio Público.
Romero debe comparecer ahora ante un juez que determinará si lo detiene en la cárcel, le da arresto domiciliario o se defiende en libertad de los delitos de los que se le acusa.
El exministro fue escoltado previamente por policías desde el hospital donde estaba convaleciente para que fuera a declarar a la fiscalía anticorrupción y respondiera por supuesto "uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes". La denuncia está relacionada específicamente a supuestos malos manejos en una unidad gubernamental de lucha contra el narcotráfico (UELICN).
El Ministerio Público había citado a Romero para el lunes, pero el funcionario no pudo asistir por razones de salud. Romero, de 53 años, fue ingresado el sábado a un centro médico de La Paz, con un cuadro de deshidratación, hipertensión y depresión. La Fiscalía había aclarado que el exfuncionario no estaba detenido y que había sido trasladado a declarar una vez que obtuvo el "alta médica".
Evo Morales defiende a su exministro
El expresidente Morales consideró "ilegal" el trasladado desde el hospital a la Fiscalía boliviana de Romero. "Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional la detención ilegal del exministro de Gobierno, Carlos Romero, en clara violación de garantías constitucionales y derechos humanos. Romero fue sacado de la clínica donde permanecía bajo atención médica", escribió Morales en su cuenta de Twitter.
Pese a que el exmandatario habló de detención, el abogado de Romero, Andrés Zúñiga, explicó a los medios que el documento presentado para su traslado no menciona la palabra "aprehensión" sino que es una "orden de conducción" para llevarlo "para que declare" ante la Fiscalía.
Morales, que solicitó la condición de refugiado en Argentina, donde vive desde hace un mes, cargó contra la actual presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y también contra la cabeza del Ministerio Público de su país.
