En abril de 2002 la argentina Ivana Rosales le dijo a su marido que se quería separar. La respuesta de Mario Garoglio fue ahorcarla con un alambre y golpearle la cabeza con una piedra hasta dejarla inconsciente.
Fue tal la paliza que Garoglio creyó que la había matado. La metió en el baúl de su auto con la intención de deshacerse de su cuerpo. Pero un vecino lo denunció y la policía lo detuvo.
Rosales fue llevada al hospital, donde permaneció internada durante 45 días.
Garoglio fue juzgado y sentenciado por tentativa de homicidio por la justicia de Neuquén, la provincia patagónica donde vivía la pareja. Pero recibió una condena de apenas cinco años.
El motivo de esa pena tan baja fueron las "circunstancias excepcionales de atenuación" que pidió el fiscal de la causa, y que avalaron los tres hombres que juzgaron el caso.
¿Cuáles eras esas circunstancias para reducir la condena? Que Ivana "no fue una buena madre, ni una buena esposa".
"La frase que usó (el fiscal) fue 'ella se lo buscó'", recordaría Rosales, sobre el juicio.
Garoglio se fugó antes de cumplir un solo día de su pena y recién reapareció cuando la acción penal había prescrito.
Pero la pesadilla para Ivana Rosales y su familia no terminó ahí.
Abusos a las hijas
Mientras el juicio se desarrollaba, las dos hijas de la pareja, Mayka y Abril, fueron obligadas a vincularse con su padre, quien abusó de ellas.
Mayka, la mayor, se terminaría quitando la vida años después.
Pasarían 10 años desde el intento de feminicidio para que Garoglio finalmente fuera llevado a la cárcel (esta vez con una condena de 4 años por abuso sexual agravado por el vínculo).
Pero cansada de la injusticia, Rosales no se había quedado cruzada de brazos.
"En el momento en que tomé conciencia de cuáles habían sido mis derechos, que fueron violados en el juicio, y la discriminación que había recibido por parte de la Justicia, recurrí al CELS", contaría, en referencia al Centro de Estudios Legales y Sociales, una ONG de defensa de los derechos humanos.
Patrocinada por el CELS, fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar una reparación del Estado argentino y neuquino.
No solo una reparación, sino también una serie de cambios para que las mujeres abusadas dejen de ser revictimizadas por el Estado, como le ocurrió a ella.
Se trató del primer caso argentino de violencia de género que llegó a la CIDH, órgano que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Y este jueves finalmente tuvo su corolario, con un pedido de disculpas oficial del Estado argentino y de Neuquen, y un acto público de reconocimiento de responsabilidades por las violaciones de derechos que sufrieron Ivana, Mayka y Abril Rosales.
Pero al acto en Buenos Aires solo asistió esta última. Ivana falleció en 2017, dos años después de que muriera Mayka, a causa de un ataque epiléptico provocado por la golpiza que sufrió a manos de su entonces marido.
Tenía 43 años y estaba embarazada.
"Creo que es parte de lo mínimo que podemos hacer como Estado, reparar eso que el Estado argentino no vio a pesar de que era una situación tan clara", señaló durante la ceremonia el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla Corti.
También participaron del acto el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez (el último de forma virtual).
Soria afirmó que la reparación simbólica "no es suficiente para subsanar el dolor sufrido por Ivana y su familia" ya que el sufrimiento fue "causado en parte por el agresor, pero también por el propio Estado argentino que no solo fue incapaz de prevenir la violencia, sino que ni siquiera logró investigarla y juzgarla en forma adecuada".
No obstante, señaló que el Estado ha dado "muchos pasos en estos casi 20 años que pasaron desde que comenzó la tragedia para Ivana y su familia".
Como ejemplo, citó la implementación de la Ley Micaela en 2019, una legislación nombrada en conmemoración de una joven víctima de feminicidio, y que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.
Ese mismo año, la provincia de Neuquén también se comprometió a darle patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de violencia de género, como había exigido Ivana, aunque según el diario local Río Negro al día de hoy "el equipo aún no se terminó de integrar".
