El hallazgo este lunes de al menos 50 personas muertas dentro de un camión cerca de San Antonio (Texas), en el suroeste de Estados Unidos, resalta la desesperación de muchos inmigrantes dispuestos a poner sus vidas en manos de traficantes humanos para hacer el peligroso cruce de la frontera.
La tragedia también ha servido, sin embargo, para que demócratas y republicanos en EE.UU. airearan de nuevo sus diferencias en torno a la crisis migratoria que vive el país, acusándose mutuamente de ser los responsables de lo sucedido.
No pasó mucho tiempo después del macabro descubrimiento en Texas para que empezaran las recriminaciones a lado y lado del espectro político.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, fue el primero que habló, acusando al presidente Joe Biden de ser responsable de las muertes.
"Son el resultado de sus mortales políticas de fronteras abiertas", declaró. "Muestran las fatales consecuencias de su rechazo a hacer cumplir la ley".
Eso provocó una réplica inmediata de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
"El hecho es que la frontera está cerrada, lo que es en parte es la razón por la cual se ve a personas haciendo esta peligrosa travesía a través de redes de traficantes", afirmó.
Mala sangre partidista
Este enfrentamiento político no sorprense dado el ambiente polarizado que se vive en Texas en este momento, señala el corresponsal de la BBC en Norteamérica, Anthony Zurcher.
"Abbott se encuentra en medio de una campaña de reelección en la que ha colocado como temas centrales las políticas migratorias de mano dura y una serie de asuntos culturales y sociales candentes".
Abbott acusa al gobierno de Biden de relajar las políticas migratorias de su antecesor Donald Trump y lo hace responsable de la reciente ola de migrantes indocumentados en la frontera.
Por su parte, el candidato demócrata a gobernador, Beto O'Rourke, asegura que el redoblado patrullaje en la frontera autorizado por Abbott es en parte responsable de las redes de tráfico humano que ponen en peligro a los migrantes que no encuentran vías legales para entrar en EE.UU.
Las muertes en San Antonio ocurren apenas un mes después de la matanza en una escuela en la vecina ciudad de Uvalde, Texas, que generó otra serie de acusaciones y recriminaciones entre ambos rivales a la gobernación.
Pelea entre congresistas
Los señalamientos entre demócratas y republicanos se extendieron al ámbito legislativo.
Dos representantes al Congreso de EE.UU. de diferentes distritos en San Antonio, el demócrata Joaquin Castro y el republicano Tony Gonzales, tuvieron su enfrentamiento.
Castro culpó de la tragedia a las políticas migratorias del gobierno de Trump que su sucesor Biden no ha podido derogar.
Instó a eliminar el Título 42, una orden impuesta por Trump relacionada con la pandemia que permite la expulsión masiva de solicitantes de asilo, advirtiendo que "ha creado más negocio, negocio repetido, para traficantes de personas" y ha "puesto a gente desesperada y oprimida en grave riesgo de muerte".
Gonzales tomó una estrategia diferente, denunciando repetidamente "la agenda de fronteras abiertas" del gobierno de Biden.
El congresista republicano pidió que se contrataran más agentes fronterizos y que se pusiera fin a la práctica de "agarrar y soltar" a los migrantes que están esperando juicios.
En un mensaje de Twitter, pidió la renuncia del secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, cuyo ministerio es el encargado del cumplimiento de las leyes migratorias.
Y los mismo agentes fronterizos no se han guardado sus opiniones.
Las políticas de Biden, "el mayor factor del caos"
El Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza (NBPC, por sus siglas en inglés) también responsabilizó a las políticas migratorias del gobierno de Biden de las muertes en Texas.
El NBPC es un sindicato que representa a unos 18.000 agentes de la patrulla fronteriza.
En una serie de mensajes por Twitter publicados el martes en la mañana, el consejo dijo que el gobierno y sus políticas "son el mayor factor que genera el caos criminal en la frontera, y que ellos deberán aceptar la responsabilidad".
Respondiendo a las afirmaciones de la Casa Blanca señalando que la frontera está cerrada, el NBPC dijo: "Alguien debería preguntarles cómo terminamos con 46 personas traficadas desde la frontera hasta San Antonio".
"¿Cómo pudieron atravesar una 'frontera cerrada'?", recalcó el sindicato.
Un excomisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, bajo el presidente Barack Obama, salió a la defensa del gobierno, indicando que responsabilizar de las muertes a las medidas del presidente Biden eran "politiquería partisana".
Gil Kerlikowske le dijo a la BBC que los cruces peligrosos de los migrantes se pueden explicar por asuntos relacionados a la covid y las "oportunidades económicas" ofrecidas por la vida en EE.UU.
Kerlikowske espera que habrá un número récord de detenciones a lo largo de la frontera este año.
Solo en mayo, las estadísticas registraron 239.416 arrestos en la frontera, un incremento de 2% comparado con el mes anterior.
Las autoridades advierten que a este paso los "encuentros" con migrantes pasarán los dos millones en el año fiscal que empezó en octubre, la tasa más alta en más de 20 años.
"No puede ser menester solo de la patrulla fronteriza de EE.UU. manejar esta oleada", comentó Kerlikowske.
Acusó al Congreso de no adoptar una reforma ldea política migratoria para crear "algún tipo de sistema que pudiera ser consistente para la gente que espera venir a Estados Unidos".
La Corte Suprema otra vez
Durante su gobierno, el entonces presidente Barack Obama intentó infructuosamente de lograr que ambas cámaras del Congreso, entonces dominadas por el Partido Republicano, votaran a favor de la reforma migratoria.
El camino quedó abierto para que el siguiente presidente Donald Trump impulsara su visión de un gran e impenetrable muro, la virtual militarización de la frontera y la imposición de leyes draconianas.
Está el Título 42, que permite la expulsión masiva de solicitantes de asilo por razón de la pandemia, y la polémica medida conocida como "quedarse en México", que fuerza a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras sus casos se escuchan en EE.UU., un proceso que puede tomar años.
La primera ley está a punto de caducar y la segunda fue derogada por Biden, arguyendo que no es una medida efectiva para lidiar con las oleadas de migrantes en la frontera.
Pero el año pasado, un juez federal de Texas dictaminó que esa acción violaba la ley migratoria y ordenó al gobierno a reinstaurar la medida.
Ahora, después de emitir su fallo sísmico sobre el aborto la semana pasada, se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos tome otra importante decisión sobre inmigración en los próximos tres días.
En su última semana de su período de sesiones 2021/22, el tribunal deberá fallar sobre si el gobierno de Biden tiene la autoridad de derogar las políticas migratorias de su antecesor.
