La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional controlada por la oposición es un capítulo más en la polarizada controversia política de ese país. Pero también tiene un importante trasfondo económico.
Precisamente, el polémico fallo en el que el tribunal se asigna las competencias del órgano legislativo tiene que ver con las llamadas empresas petroleras mixtas, en las que tienen participación el Estado venezolano y empresas privadas o estatales extranjeras.
El alto tribunal, controlado por magistrados que son vistos como cercanos al gobierno, dictaminó que ya no era necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional para las decisiones relativas a esas compañías, que juegan un papel clave en el sector petrolero.
El TSJ alega que el parlamento se encuentra "en desacato" por rechazar decisiones anteriores del mismo tribunal.
"Arrinconado"
Jose Manuel Puente, economista venezolano y profesor de Administración Pública del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de Caracas, asegura que la decisión del tribunal frente a la Asamblea es parte de "la respuesta a la crisis de un gobierno arrinconado" y "radicalizado", como describe a lla gestión del presidente Nicolás Maduro.
En la década pasada, durante el gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez, Venezuela decidió canalizar la inversión extranjera en el petróleo hacia la creación de estas "empresas mixtas" con participación del Estado.
"Venezuela hace años ha buscado sin suerte mejorar la producción petrolera con nuevas inversiones mediante las empresas mixtas", advierte Puente.
"Pero en los últimos años no ha habido una mejoría en la producción del petróleo, sino todo lo contrario".
Algunos ven en la movida del TSJ contra la legislatura como un mecanismo para facilitarle al gobierno la aprobación de nuevas empresas mixtas, atrayendo capital sin necesidad de esperar al visto bueno de una Asamblea Nacional opositora, que puede obstaculizar iniciativas de Maduro.
En declaraciones a BBC Mundo, el economista Puente, frecuente crítico del chavismo, asegura: "También se habla que parte de la decisión del tribunal tiene que ver con facilitar al gobierno obtener nuevos créditos externos sin la aprobación de la Asamblea".
Sin embargo, según su criterio, la decisión del TSJ de adueñarse de las potestades del Poder Legislativo es, ante todo, un acto político.
"Es un golpe de Estado", no duda en señalar Puente.
No está claro el impacto que tendrá la medida en el sector económico.
Según la agencia de noticias Reuters, la medida del Tribunal Supremo puede llegar a ser una buena noticia para algunas compañías petroleras extranjeras que temían retrasos en sus proyectos ante una advertencia previa de la oposición de que los acuerdos de inversión que no pasaran por el parlamento no serían válidos.
El gigante ruso Rosneft
En medio de una profunda crisis económica, Venezuela busca recaudar fondos para pagar su pesada deuda externa y una de las vías es la venta de su parte en diversos yacimientos.
La estatal petrolera PDVSA ofreció recientemente a la rusa Rosneft una participación de 10% en la empresa conjunta Petropiar, dice Reuters.
Esa compañía mixta que por el momento tiene un 70% de capital de la estatal PDVSA y un 30% de la estadounidense Chevron.
Rosneft además tiene intereses en la llamada Franja del Orinoco, una zona de producción de crudos pesados que hace pocos años era vista como una de las mas promisorias para la producción petrolera.
Pero poco tiempo después de conocerse la iniciativa de ofrecer participación a Rosneft en Petropiar, el legislador opositor José Guerra compuso un mensaje en Twitter advirtiendo que cualquier negocio semejante debería contar con la aprobación de la legislatura.
El año pasado, la Asamblea también había criticado otra anunciada inversión de Rosneft en Petromonagas, otra de las empresas mixtas establecidas para explotar el petróleo venezolano.
Y este 18 de marzo, según informa el diario caraqueño El Nacional, una subcomisión de la Asamblea Nacional había anunciado una investigación sobre ese negocio.
Algunos legisladores opositores denunciaron que los términos ofrecidos a Rosneft en Petromonagas habían sido demasiado favorables a la firma rusa.
En ese sentido, quitarle a la Asamblea la potestad de aprobar estas nuevas iniciativas petroleras puede hacer más expeditiva su concreción y así facilitarle al gobierno la recaudación de fondos que necesita de manera urgente.
Sin embargo, Puente dice que, pese a cualquier posible impacto temporal, la medida del TSJ "ha metido a Venezuela en un gran problema".
"Estamos en una situación en que el Tribunal de Justicia ha decretado en el último año y medio 47 sentencias contra la Asamblea Nacional, sin dejarla operar".
"Para el gobierno va a ser peor el remedio que la enfermedad", advierte.
Estabilidad
En todo el mundo, las empresas petroleras tienen una reconocida tolerancia a operar en condiciones políticas turbulentas.
Pero muchos expertos advierten que uno de los criterios fundamentales para atraer inversión privada extranjera consiste en brindar estabilidad jurídica. Es decir, la expectativa que tienen los inversionistas privados que las reglas del juego que determinan su negocio no serán cambiadas de manera arbitraria.
Una situación que puede ser más difícil de mantener si, como advierten los críticos, los últimos desarrollos están concentrando más poder en el gobierno y socavando el papel de entidades que podrían fiscalizarlo, como la legislatura.
De cumplirse ese presagio, el gobierno de Nicolás Maduro podría tener más discreción para concretar esas inversiones ahora que no tiene que pedirle permiso a la Asamblea Nacional.
Pero la pregunta es si, en esas condiciones, habrá muchos más inversionistas interesados en comprometer sus capitales en Venezuela.
