La sanciones financieras que el gobierno de Donald Trump impuso a Venezuela en agosto tuvieron su primer efecto visible este jueves.
El anuncio de reestructuración de deuda del presidente Nicolás Maduro, que no dio detalles y presenta aún múltiples incógnitas, confirmó los temores que muchos analistas venían presagiando: las dificultades de Venezuela para cumplir sus compromisos de deuda.
Y son muchos. Venezuela ha duplicado su deuda en bonos en los últimos diez años, tanto a través del Estado como de la petrolera estatal PDVSA. La deuda de Venezuela supera los US$130.000 millones, según la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
De acuerdo a esas cifras es el segundo país de América Latina con más deuda, solo por detrás de México, que tiene una economía más grande.
La capacidad de pago del país está vinculada a la de generación de divisas procedente de las ventas del petróleo, casi única fuente de ingresos.
Y la caída de los precios del crudo ha dificultado unos pagos que sin embargo hasta ahora el gobierno cumplió siempre.
Un país exportador como Venezuela enfrentaría problemas aún más graves que otras naciones en caso de que se confirme una cesación de pagos o "default".
Las importaciones, sacrificadas
La caída de ingresos y el pago de deuda provocaron que las grandes perjudicadas fueran las importaciones en un país que casi sólo produce petróleo y trae del extranjero lo demás.
En enero, el presidente Maduro admitió en 2016 una caída de importaciones del más de 50% respecto a 2015.
Esa es una de los elementos clave de la grave crisis económica que sufre Venezuela, con elevada inflación y escasez de alimentos y medicinas.
La caída de ingresos obliga a buscar financiamiento externo, cada vez más complicado de devolver, lo que ha metido a la economía venezolana en un peligroso círculo vicioso.
De consumarse esta reestructuración, el gobierno tendría un respiro y podría dedicar más fondos a la compra de productos básicos.
El gobierno socialista argumenta que es víctima de una "guerra económica" y de un "bloqueo" por parte de Estados Unidos, y acusa de complicidad a la oposición venezolana.
Maduro denunció este jueves que la firma financiera Euroclear bloqueó el pago de US$1.200 millones en los bonos que vencían este jueves y que se empezarán a depositar a partir del viernes, anunció.
El gobierno critica que pese a sus pagos puntuales, su prima de riesgo, que mide la posibilidad de impago, sea elevada. El indicador responde a percepciones en las que tiene que ver la grave crisis económica que atraviesa el país con la mayor inflación del mundo.
El riesgo concede a los bonos una alta rentabilidad, lo que los hace apetecibles para los acreedores y eso a la vez mina las arcas del Estado venezolano.
"Somos el país per cápita que más ha pagado deuda externa", dijo recientemente Maduro al cifrar en US$65.000 millones los pagos en los dos últimos años.
"Hemos cumplido hasta con el último centavo de dólar", agregó.
Las sanciones de Washington
En este contexto, la administración del presidente estadounidense Donald Trump golpeó aún más las finanzas del Estado al prohibir en agosto "transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal " (PDVSA).
Fueron las primeras sanciones más allá de las individuales contra un gobierno al que Washington insta a recuperar la senda democrática.
Maduro afirmó este jueves que las sanciones le impidieron emitir un bono que tenía listo hace dos meses y que le habría supuesto entre US$3.000 y US$5.000 millones.
El presidente prometió el pago este viernes de los más de US$1.200 millones que vencían este jueves. Hasta la segunda mitad de 2018 no tiene más obligaciones, aunque aún restará el pago de US$800 millones en intereses, para los que hay un periodo de gracia de 30 días, según la agencia Reuters.
¿Reestructurar o refinanciar?
Habrá que esperar aún a los detalles del anuncio.
En sus propias palabras, el presidente dijo estar decretando "un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela".
"Nicolás Maduro realizó un anuncio muy confuso, del cual no se deben ni pueden desprender grandes conclusiones", dijo a BBC Mundo el economista venezolano Alejandro Grisanti, experto en deuda.
Grisanti hace la diferencia entre dos conceptos reestructurar y refinanciar.
"Un refinanciamiento es una oferta de canje de bonos que se le ofrece a los inversionistas, y que ellos aceptan o rechazan voluntariamente", explicó.
"En una reestructuración se elimina el carácter voluntario y se le obliga a los inversionistas a aceptar los nuevos bonos. En cualquiera de los casos, el anuncio de Maduro fue más aspiracional dado que las sanciones prohíben la emisión de nuevos bonos", dijo en relación a las medidas financieras de Estados Unidos.
Grisanti cree que el bono que expiraba este jueves podría ser quizás el último que el gobierno de Venezuela está dispuesto a pagar.
Lo que sí está claro, afirma el experto, es "que la voluntad de pago del gobierno ha disminuido sustancialmente y que muy posiblemente han sacado cuentas y ven la dificultad que tienen para honrar sus compromisos en 2018".
El año próximo deberá pagar unos US$9.000 millones, según Reuters.
La reestructuración plantea ya de inicio un inconveniente formal.
El encargado de ella será el vicepresidente, Tareck el Aissami, sancionado por Estados Unidos, país sede de la gran mayoría de acreedores.
Por lo tanto, los tenedores de bonos no podrán negociar con El Aissami ni con el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, igualmente en la "lista negra" de Washington, que con sus medidas obliga al gobierno de Maduro a cambiar de estrategia.
