Poco se sabe sobre las circunstancias en las que falleció el capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo.
Su esposa, Waleska Pérez, está convencida de que murió como consecuencia de torturas a las que presuntamente fue sometido tras ser arrestado el pasado 21 de junio por quienes ella identificó como agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El gobierno de Venezuela, por su parte, hasta ahora se ha limitado a confirmar el deceso, lamentarlo y asegurar que realizará una investigación"exhaustiva y científica" para esclarecer los hechos, como reza un comunicado del Ministerio Público del 29 de junio.
Esta entidad acusa a Acosta y a otros 13 "civiles y militares en retiro" de formar parte de un "grupo subversivo liderado por Juan Guaidó", que había planeado un "golpe de Estado previsto para el 23 y 24 de junio", según informó en su cuenta de Twitter.
"El golpe también contemplaba acciones armadas que provocarían decenas o miles de muertes, entre civiles y militares", afirmó el ministerio.
Pérez dice que el único delito de su marido fue expresar su desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro: "Él lo comentaba como lo comentamos todos los venezolanos", le dijo en una entrevista a través de Instagram a la periodista venezolana Carla Angola.
"Las conversaciones que tuvimos él y yo son conversaciones que tiene día a día la gente: la libertad, las medicinas, la corrupción, el miedo que tenemos al narcotráfico, que queremos que nuestros hijos vivan en un país democrático...".
"Él siempre fue un hombre luchador, apegado a la Constitución, a su país y, lamentablemente, no estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando con el gobierno y lo mataron".
Torturas y un juicio
Pérez contó que estuvo en contacto con Acosta hasta el mediodía del 21 de junio y que sabía que él estaba en una reunión personal cuando efectivos del Sebin y de la Dgcim "se lo llevaron".
Al día siguiente, denunció su desaparición a través de un video que hizo circular en las redes sociales en el que responsabilizaba "al régimen por su desaparición y su integridad física".
"Gente allegada que estaba en el lugar vio cuerpos del organismo del Sebin y del Dgcim cuando se lo llevaron. Después, el miércoles salió una rueda de prensa diciendo que era un terrorista y todas esas cuestiones", le dijo este fin de semana a Angola.
"Mi esposo duró 20 años como militar y jamás en su carrera nunca tuvo ningún problema".
El pasado 29 de junio, Pérez recurría otra vez a las redes sociales para exigir al gobierno una "fe de vida" de su esposo. "Ni nos han confirmado dónde está detenido. Tememos por su integridad física", escribió en Twitter.
Según contaría luego a Angola, Acosta había sido presentado el viernes ante una corte: "Estaba sumamente golpeado, en silla de ruedas, no podía hablar, nada. No se valía por sí mismo".
"La jueza vio el estado en que estaba, lo llevaron al hospitalito allá en el Fuerte Tiuna (Caracas)", afirmó.
"Tanto lo torturaron que lo mataron".
Según dijo en un comunicado la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, cuando el capitán acudió a la corte estaba "en silla de ruedas, con la mirada absolutamente perdida y con evidentes signos de fuertes torturas".
Según esta ONG, su condición "era tal que le era prácticamente imposible hablar, solo pudo pedirle 'auxilio' a su abogado defensor, también se denunció que no tenía coordinación motora y no podía levantarse de la silla".
Un desmayo
El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino, confirmó este lunes en un comunicado que Acosta había sido llevado el viernes ante un juez militar en Fuerte Tiuna, donde "antes de iniciar la respectiva audiencia de presentación, se desmayó".
"El juez ordenó su traslado inmediato al hospital militar Dr. Vicente Salías, donde a pesar de brindársele la debida atención médica, falleció", aseguró Padrino.
El ministro expresó sus condolencias y aseguró que, a petición de Maduro, se realizará una "profunda" investigación, "ratificando de este modo la política del Estado venezolano de indefectible respeto a los derechos humanos".
Pérez cree que, con la muerte de su marido, el gobierno consiguió su objetivo: "Que la gente en los cuarteles agarre más miedo".
La mujer pidió este lunes en Twitter "apoyo internacional" para realizar un "examen forense independiente de la ONU" para determinar la causa de muerte de Acosta.
El Grupo de Lima, la Unión Europea y gobiernos de países como Francia y Estados Unidos condenaron la muerte de Acosta y pidieron que fuera esclarecida.
Ya en octubre del año pasado, el Sebin estuvo en la mira tras la muerte en sus instalaciones de Fernando Albán, un concejal opositor que fue detenido pocos días antes.
También estaba acusado de participar en un plan para acabar con la vida del presidente, Nicolás Maduro, y otras autoridades del país pero haciendo explotar drones durante un desfile militar celebrado el pasado 4 de agosto.
Entonces, las autoridades aseguraron que Albán se encontraba en uno de los edificios del Sebin, cuando pidió permiso para ir al baño y se lanzó por una ventana. La caída desde las diez plantas de altura que lo separaban del suelo le provocó la muerte, de acuerdo con la versión oficial.
La oposición no se creyó esa explicación y sostiene que Albán fue asesinado.
Una muerte más bajo custodia policial en Venezuela
Por Guillermo Olmo, corresponsal de BBC News Mundo en Venezuela
Volvió a ocurrir.
Tan solo unos pocos días después de que Nicolás Maduro reafirmara su compromiso con los derechos humanos durante la visita de Michelle Bachelet al país, un detenido murió mientras permanecía bajo custodia de las fuerzas de seguridad.
Como ya le sucedió al concejal opositor Fernando Albán, que cayó por la ventana de un edificio del Sebin, el capitán Acosta Arévalo perdió la vida cuando más protegida debía estar, mientras estaba bajo supervisión del Estado.
No puede haber más categórico desmentido a las palabras de Maduro que la muerte de otro detenido.
La situación de los privados de libertad en Venezuela, con decenas de muertes registradas en los centros de detención, es tan alarmante que la comisionada Bachelet le demandó al gobierno que autorice a su equipo acceso a los mismos.
Para Acosta Arévalo, como para Fernando Albán, toda medida llegará tarde.
