América Latina: Chile y Bolivia, los únicos que cumplen requisitos en lucha contra trata de personas

La trata de personas es una preocupación vigente en América Latina y el Caribe, tanto que una de las últimas grandes operaciones de Interpol contra este delito se centró en esta región.

La intervención, conocida como Spartacus III, reunió a 25 países, de los que 17 fueron latinoamericanos, y permitió "rescatar a más de 2.700 víctimas de trata, detener a 134 personas y desmantelar al menos a siete bandas de crimen organizado", en junio de 2016.

Las cifras pueden sonar inverosímiles. Pero no lo son si se tiene en cuenta que en América Latina son traficadas personas de hasta 25 nacionalidades, para fines de explotación sexual en su mayoría (57% del total).

Un dato aun más alarmante es que solo en América Central el 62% del total de traficados son niños (en América del Sur, el 39%), según el último Reporte Global de Tráfico de Personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

Pero en medio de los problemas, hay dos países que cumplen unos requisitos mínimos para combatir la trata, según el Reporte de Tráfico de Personas de 2017 del Departamento de Estado (DoS) de EE.UU.

Se trata de Chile y Colombia, que también participaron en Spartacus III, de Interpol.

El DoS clasifica a los países en cuatro niveles.

Chile se encuentra en el nivel superior desde 2014 y Colombia, desde 2010, aunque en 2014 y 2015 bajó de categoría, y volvió a subir en 2016.

¿Qué hicieron estos países para aparecer en el nivel más alto de la lista?

Méritos

Según EE.UU., el gobierno chileno se esforzó para "obtener más condenas por trata de personas, aumentó el financiamiento de servicios para víctimas, atendió a un mayor número de niños explotados sexualmente y desarrolló un mecanismo nacional de identificación de víctimas".

El informe destaca que Chile establece penas de entre cinco y 15 años de prisión y multas para el tráfico de personas, las cuales "son suficientemente estrictas".

En el caso de Colombia, el DoS reconoce que se reglamentó una ley para que el gobierno proteja a las víctimas de tráfico y les ofrezca atención médica y psicológica, asesoría legal, alojamiento, educación, capacitación laboral, y apoyo para volver a sus lugares de origen.

Además, este país y eliminó el requisito de que las víctimas "presenten una queja oficial contra sus traficantes" para ser atendidas.

Colombia también cuenta con una línea telefónica de ayuda para los afectados que funciona las 24 horas del día y aplica penas "estrictas" contra la trata, que oscilan entre los 13 y 23 años de prisión.

Críticas

BBC Mundo habló con dos ONG dedicadas a luchar contra la trata en Chile y Colombia sobre los resultados obtenidos por sus respectivos países.

La responsable de trata de personas de Raíces, de Chile, Ingrid Almendras, reconoce que el gobierno chileno ha realizado avances en la lucha contra el tráfico, pero que "la detección de las víctimas está muy debilitada", según dijo a BBC Mundo.

Para Almendras, hacen falta campañas para visibilizar a los afectados.

"Los que saben (del delito) son los que trabajamos en el tema, falta que la gente sepa que el fenómeno existe en Chile, no piensan que existe aquí", dijo.

Por su parte, Claudia Quintero, directora de la Corporación Anne Frank, de Colombia, opina que la ley contra la trata en su país "tiene muchas deficiencias".

"Para nosotros, la ley es ineficiente. Debe modificarse para brindar una recuperación a largo plazo a las víctimas porque la ley se queda corta para sus necesidades", dijo a BBC Mundo.

En contraste, el coordinador del Proyecto Global de Naciones Unidas contra la trata de personas en Colombia, Carlos Pérez, cree que la ley de lucha contra el tráfico en ese país ha permitido que "las autoridades estén mejor preparadas cuando aparece un caso de trata".

Pero coincide con que Colombia aún tiene grandes retos, según dijo a BBC Mundo.

"La asistencia a las víctimas es muy distinta en la capital que a nivel regional. Bogotá tiene todos los servicios sociales, una oferta institucional más amplia, más recursos, las autoridades están mejor preparadas", detalló el funcionario.

Cuestionamientos de EE.UU.

Si bien EE.UU. reconoce los avances de Chile y Colombia, también señala algunas deficiencias de ambos países en la lucha contra la trata de personas.

En el caso de Chile, el DoS sostiene que los servicios para las víctimas son desiguales en todo el país, y que la educación y la capacitación laboral son insuficientes.

El Ministerio del Interior de Chile dijo a BBC Mundo que el gobierno estableció un plan de acción contra la trata para 2015-2018 y que se ha ido "cumpliendo progresivamente".

El plan consiste en capacitar a funcionarios públicos, atender a las víctimas, procesar penalmente a los tratantes, entre otros aspectos.

También se han realizado campañas informativas sobre la trata, según el Ministerio, como Corazón Azul, impulsada por Naciones Unidas.

La entidad agregó que el programa del Estado de apoyo a víctimas está en todo el país y que los servicios de educación y capacitación laboral son parte de este.

Otro hecho que reprueba el estudio de EE.UU. es que ocho traficantes de personas condenados por trata no hayan ido a la cárcel.

Pese a las sanciones "estrictas" con las que cuenta Chile, fueron sentenciados a cumplir sus castigos en libertad. "Es una pena inadecuada dada la severidad de sus crímenes", dice el reporte.

Sobre este tema, el Ministerio del Interior de Chile explicó que en cualquier delito se aplican agravantes y atenuantes, como una buena conducta anterior, colaboración con la investigación y el pago de compensaciones económicas a las víctimas.

"Es decir, una persona condenada por trata de personas podría eventualmente cumplir penas en libertad, si convergen dos o más atenuantes y no existen agravantes", dijo la entidad.

Con respecto a Colombia, el DoS de EE.UU. cuestiona que las autoridades "carecen de suficiente financiamiento y personal para ofrecer servicios especializados, de largo plazo" y de reintegración social a las víctimas y a poblaciones vulnerables.

La directora de Gobierno del Ministerio del Interior de Colombia, Sandra Devia, reconoció que su país no maneja un presupuesto específico para atender a estas personas.

"Obviamente necesitamos muchos más recursos, 10 veces el presupuesto actual", dijo la funcionaria a BBC Mundo.

"Ofrecemos asistencia humanitaria a todas las víctimas. Pero necesitamos un esquema de proyectos productivos que las ayuden a reintegrarse a la vida laboral, a mediano y largo plazo", agregó y señaló que estos proyectos solo existen de manera experimental.

Ambos países tienen tareas pendientes que cumplir para que sus esfuerzos contra la trata sigan mereciendo reconocimientos en el extranjero.