Cuando Jalid Sheij Mohammed, el pakistaní considerado autor intelectual de los ataques del 11-S, volvió a cruzar el martes los pasillos de la corte militar de Estados Unidos en la Base Naval de Guantánamo, se encontró por primera vez en muchos años con un viejo conocido.
Allí estaba también el psicólogo estadunidense James E. Mitchell, quien junto a su colega Bruce Jessen fue el responsable de idear "y en muchos casos, probar, implementar y evaluar" las técnicas de tortura que utilizó la CIA en sus bases secretas contra los detenidos tras el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.
Y quien, según admitió durante la audiencia, las supervisó y practicó a muchos de los detenidos, entre ellos el propio Mohammed.
"Fue muy chocante que la gente que él mismo torturó estuviera en esa sala y que (Mitchell) dijera delante de ellos que los volvería a torturar de nuevo", le cuenta a BBC Mundo Julia Hall, experta de Amnistía Internacional que asiste a las audiencias en Guantánamo.
Hubo un cambio de roles: esta vez fueron los acusados los que escuchaban mientras el psicólogo respondía.
Por primera vez desde que comenzaron las audiencias en Guantánamo en 2002 "y por dos semanas", Mitchell y su colega Jessen son cuestionados por los abogados de los detenidos sobre las técnicas que idearon en los primeros años de la llamada "guerra contra el terror".
Algunas organizaciones de derechos humanos esperan que los testimonios traigan luz sobre la escala del programa de tortura, así como sobre la culpabilidad de altos funcionarios o el papel del FBI, uno de los grandes secretos de estos años.
Pero otros dudan de la legitimidad de estas audiencias o de sus posibles impactos, dado que se realizan en una corte militar que ha sido profundamente cuestionada en los últimos años.
"Hay muchas dudas sobre esta corte, pero también por los motivos detrás de estos testimonios. Hay quienes dicen que los dos fueron obligados a hablar, pero lo que vimos en esta audiencia da pocas esperanzas de que los responsables vayan a rendir cuentas", explica Hall.
"James Mitchell entró y fue claro: dijo que no se arrepentía del programa o de la forma en la que estuvo involucrado. No se disculpó, no mostró ninguna forma de arrepentimiento y reconoció en la corte que él mismo había practicado waterboarding (un método que hacen sentir a la persona que se ahoga) y otras técnicas de abusos", agrega.
La "guerra contra el terrorismo"
Los ataques de septiembre de 2001 llevaron a EE.UU. a la campaña más larga y costosa de su historia: la llamada "guerra contra el terrorismo".
Las operaciones internacionales, apoyadas por países aliados y la OTAN, conllevaron no solo a abrir frentes de batalla en varias naciones de Medio Oriente, sino también a una cacería de los principales líderes y miembros de lo que EE.UU. consideraba "organizaciones terroristas".
Desde inicios de la década del 2000, las cabezas de supuestos miembros de Al Qaeda, el Talibán y otros grupos extremistas comenzaron a figurar en la lista de los más buscados del mundo.
Y en ella, los presuntos responsables detrás del 11-S ocuparon los primeros escaños.
Desde enero de 2002, comenzaron a llegar a Guantánamo los primeros presos y poco a poco la cárcel improvisada en una base militar en el oriente de la isla de Cuba se llenó con algunos de los hombres más peligrosos del mundo.
Pero no fue la única: Estados Unidos comenzó a crear centros de detención secretos en numerosos países del mundo, donde los prisioneros eran interrogados para obtener información sobre Al Qaeda y potenciales "ataques terroristas".
Según explicó con anterioridad a BBC Mundo Patricia Stottlemyer, abogada de Human Right First, una organización internacional de derechos humanos, Washington los consideró desde entonces "combatientes enemigos ilegales".
"Esto implica que no son considerados prisioneros de guerra, por lo que entiende que no tiene que aplicarles las convenciones internacionales y, por tanto, puede retenerlos indefinidamente sin juicio y sin derecho a una representación legal", indicó.
Psicología del terror
Según Hall, fue entonces cuando Mitchell y Jessen, los dos psicólogos que habían hecho carrera en las fuerzas armadas, comenzaron a colaborar con la CIA para diseñar "técnicas de interrogatorio severo".
De acuerdo con la experta, ambos trabajaron como contratistas por meses para la agencia y establecieron una compañía privada en 2005 ( Mitchell Jessen y Asociados, con oficinas en el estado de Washington y Virginia) para proveer a la agencia con los métodos y los mecanismos para sacar información a los presos de la "guerra contra el terror".
El programa se llamó, eufemísticamente, "interrogatorio mejorado".
"Ese programa buscaba que los interrogados proveyeran información que la CIA consideraba valiosa de los detenidos a través de severas técnicas de tortura y fueron justificados con una serie de memos que aseguraban que los efectos serían mínimos o a corto plazo", señala Hall.
Entre otras técnicas, además del ahogamiento simulado, los reos eran encerrarlos en pequeñas cajas, sometidos a condiciones soledad extrema, privación del sueño, manipulación de la dieta, desnudez forzada o abuso rectal.
"Todas esas técnicas, desde un punto de vista legal, son consideradas sin lugar a duda formas tortura y el propio presidente Obama lo reconocería", afirma Hall.
Según datos de una investigación del Senado, la CIA pagaba a Mitchell y Jessen US$1.800 por día y la compañía que crearon recibió US$80 millones por sus servicios hasta que se rescindió su contrato en 2009.
Esto ocurrió después de que la CIA ya había aceptado pagar un contrato de indemnización de US$5 millones que cubría, entre otras cosas, procesamientos criminales.
Según el contrato actual, la agencia está obligada a pagar gastos legales de la empresa hasta 2021.
Falta de capacidad
Según un informe del Senado, "ninguno de los dos psicólogos tenía experiencia dirigiendo interrogatorios, ni tampoco conocimiento específico sobre Al Qaeda, experiencia en la lucha contra el terrorismo o conocimientos culturales o lingüísticos relevantes".
Aunque en un inicio sus nombres fueron mantenidos en secreto y aparecían en los informes con los pseudónimos de Dr. Grayson Swigert y Dr. Hammon Dunbar, desde que se conoció su identidad, muchas organizaciones han pedido que sean llamados a testificar sobre sus acciones.
La Asociación Estadounidense de Psicología los expulsó de sus filas y rechazó públicamente sus métodos por "violar la ética de la profesión y dejar una mancha en la disciplina".
Sin embargo, ambos psicólogos aseguran que actuaron por el bien de su país y que las técnicas que implementaron estaban diseñadas para reducir al máximo el sufrimiento de los reos, a la que vez que ayudarían a obtener información valiosa.
Un informe posterior del Senado, no obstante, mostró que existían dudas de que las técnicas empleadas hubieran servido realmente para obtener alguna información valiosa que contribuyera a la seguridad nacional de Estados Unidos.
"Una de las cosas que volvió a confirmar este caso es que la tortura no es solo inmoral e ilegal, sino también inefectiva", señala Hall.
Tras el juicio en Guantánamo
Según los expertos consultados por BBC Mundo, los testimonios de Mitchell y Jessen pueden ser vistos como una de las señales de que el juicio contra los acusados de los atentados del 11-S nunca se realizará.
Las vistas están programadas para enero del próximo año, pero muchos dudan que Guantánamo esté preparado para entonces a nivel de infraestructura para acoger un evento de ese tipo.
Pero hay una página más oscura que puede ser también un obstáculo para el juicio y es donde entran los testimonios de los psicólogos: los abusos a los que fueron sometidos los acusados en los centros de detención de la CIA.
Y es que, por ley, los fiscales no pueden utilizar en los juicios la evidencia o cualquier otra forma de declaración involuntaria obtenida a través de métodos de tortura, por lo que mucho del material incriminatorio contra estas personas no podría usarse en el juicio.
"Hay una batalla extensa sobre el acceso a la evidencia que sería necesaria en un juicio de este tipo, que es de pena de muerte", le explicó a BBC Mundo Wells Dixon, abogado del Center for Constitutional Rights, una organización de defensa legal en la que se dedica a desafiar lo que considera detenciones ilegales en Guantánamo.
"Esto llevaría también a la desclasificación de documentos que revelen los métodos a través de los cuales se obtuvo esa confesión", agrega.
Y esto, de acuerdo con Dixon, sería contraproducente a nivel político y estratégico para Washington.
"Es por eso que funcional para el statu quo de EE.UU. que ese juicio no se realice. Sirve a los intereses del gobierno y particularmente a los de la Agencia Central de Inteligencia, que es señalada por ser responsable de la tortura de estas personas", comenta.
Es por eso que Hall, aunque duda que los testimonios de Mitchell y Jessen vayan a aportar algún elemento decisivo en Guantánamo, cree que el hecho de que hayan sido llamados a testificar puede servir para recordar lo que sucedió en las cárceles secretas de EE.UU.
"Lo que hicieron estos psicólogos significó una involución dramática en la lucha global contra la tortura, porque los métodos de interrogación que defendieron han tenido un efecto en todo el mundo", señala.
"Y lo más chocante ha sido ver a Mitchell tan desafiante, diciendo que lo haría todo de nuevo".
