El Congreso de Perú aceptó este miércoles la cuestión de confianza presentada por el presidente Martin Vizcarra, como parte de su plan para realizar reformas políticas que ayuden a la nación andina en su lucha contra la corrupción.

El Congreso unicameral de mayoría opositora otorgó su respaldo al presidente con 77 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.

La decisión permitiría a Vizcarra llevar a cabo una serie de reformas constitucionales que buscan, entre otras cuestiones, que se elimine el voto preferencial, la implementación de un Congreso bicameral (con senadores y diputados) y que se supervise la financiación de las campañas políticas.

La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional que, de haber sido negado, podría haber causado el cierre del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.

Este mecanismo es una respuesta directa a la cámara, a la que Vizcarra ha acusado anteriormente de boicotear sus iniciativas de reforma política.

El presidente dijo en un tuit que "el rumbo trazado continúa" y que su gabinete sigue "trabajando y poniendo como siempre #ElPerúPrimero".

En septiembre de 2018 Vizcarra presentó el mismo mecanismo, luego de varias semanas sin ver avances en los proyectos de reformas anticorrupción que había presentado al Legislativo.

Por esta razón, algunos no consideran la victoria de este miércoles como una garantía de que esta vez podrá concretar sus planes.

Crisis política

Perú vive una tensa coyuntura política, pues altos mandatarios del país han sido centro de grandes escándalos de corrupción durante los últimos años.

El propio Vizcarra asumió la presidencia en marzo de 2018, luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en medio de acusaciones de corrupción.

Anteriormente, Perú vivió la encarcelación preventiva de un expresidente (Ollanta Humala), ordenó el arresto de otro que desde entonces no ha regresado a suelo peruano (Alejandro Toledo), y se iniciaron investigaciones contra otro exmandatario (Alan García), quien se suicidó en abril, cuando un fiscal acudió a su casa con una orden de detención preventiva por lavado de activos.

A esto se ha sumado la publicación de grabaciones en las que se podía oír a miembros del poder judicial en presuntas negociaciones sobre nombramientos y sentencias.

Este caso, conocido como "LavaJuez" o "CNMaudios", se sumó a las revelaciones en torno a la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que también ha salpicado a otros países de la región como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Venezuela.


 

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