El río Pasig, que se abre paso a través de Manila, ha sido durante mucho tiempo un vertedero para los 13 millones de habitantes de la capital de Filipinas.
La contaminación llegó a ser tan grave que en 1990 los ecologistas declararon al río "biológicamente muerto".
Los esfuerzos de limpieza han logrado que algunos tramos muestren un retorno de la vida acuática. Pero en los últimos años, un tipo diferente de muerte ha llegado al Pasig.
Los vecinos dicen que al río se están arrojando cuerpos con una frecuencia alarmante.
Son víctimas, sospechan, de la brutal guerra contra las drogas impulsada por el presidente, Rodrigo Duterte.
"A veces, cuando estamos durmiendo, nos despertamos de repente debido a un ruido muy fuerte", dice Regine.
Ella vive en Tondo, uno de los distritos más pobres y densamente poblados de Manila, y durante años uno de los más castigados por el crimen.
Regine ha crecido rodeada de violencia. Pero dice que en los últimos años la comunidad también ha sido un blanco de las operaciones de "Oplan Tokhang", el nombre que la Policía Nacional de Filipinas usa para los operativos antidrogas.
Su refugio improvisado, estrecho y oscuro, ha sido allanado varias veces.
"Nos apuntaron con un arma, buscaron en todas partes", dice sobre una de las redadas. "Le dijeron a mi hija que se quitara la ropa porque sospechaban que las drogas estaban escondidas en su pecho".
Pero además de las redadas, a veces existe esa otra "conmoción". Regine cree que las personas están siendo asesinadas en el vecindario y arrojadas al río Pasig.
"El impacto [en el agua] sonaba muy fuerte", dice ella.
"Nos levantábamos, pero no podíamos ver nada flotando. Después de unos cuatro días, oíamos noticias de que se había visto un cuerpo".
Regine dice que vio a policías matando a alguien en Tondo.
"Le dispararon a la persona una vez", denuncia. "Ni siquiera vestían de civil, sino que iban de uniforme. Había seis policías".
En esta área, llaman a esto "salvamento": ejecuciones extrajudiciales.
La acusación de Regine fue corroborada por uno de sus vecinos, mientras que otras cinco personas también nos dijeron que habían visto varios cuerpos en el río, pero que no sabían con seguridad de dónde venían.
A pesar de estos testimonios, es probable que nadie sea considerado responsable de las numerosas muertes sin resolver en Tondo.
Le hablamos de estas denuncias al Distrito de Policía de Manila, pero se negaron a comentarlas.
Cuerpos sin reclamar
La Guardia Costera de Filipinas patrulla regularmente el río Pasig. Según sus registros, recuperaron 36 cuerpos el año pasado.
La estación de guardacostas Pasig nos invitó a unirnos a ellos en un patrullaje matutino.
El recorrido comenzó con controles de rutina de amarres privados de botes, pero después de solo 10 minutos, el subcomandante Mizar Cumbe recibió una llamada: "Hay un cadáver flotando en el río", nos dijo.
Partimos a gran velocidad pasando por el Palacio Malacañang, hogar del presidente Rodrigo Duterte.
Unos 3 km río arriba, el capitán apagó el motor.
Frente a nosotros había un cadáver hinchado y desnudo, boca abajo en una orilla rocosa debajo de un edificio industrial. El cuerpo parecía tener laceraciones rojas en la espalda y el estómago.
"Ha estado en el agua durante dos o tres días, está rígido", nos dijo Cumbe, inspeccionando la escena desde la lancha.
Otro equipo de oficiales de la Guardia Costera se puso guantes de goma y caminó cautelosamente sobre las rocas. Tomaron notas y fotos, luego metieron el cuerpo en una bolsa con cierre y lo trasladaron al Puente Pandacan para esperar a una unidad forense.
Media hora después, llegó Jo Bautista, del Distrito de Policía de Manila.
"Hombre de 20 años, sin heridas de bala", declaró. Dos empleados de una funeraria cargaron el cuerpo en una camilla y lo llevaron a la morgue.
El informe de autopsia encontró que el hombre había muerto por asfixia, pero su identidad sigue siendo desconocida.
Bautista dijo que pueden pasar meses hasta que los cuerpos sean recogidos por las familias, pero la mayoría de las veces quedan sin reclamar. A menos que alguien se acerque a identificarlo, es poco probable que se sepa la verdadera historia de cómo murió.
Guerra contra las drogas
En el Palacio Malacañang, frente al Pasig, vive el presidente, que odia las drogas y tiene la costumbre de bromear sobre la muerte violenta.
Rodrigo Duterte advirtió una vez a los traficantes de drogas: "Los arrojaré a todos a la bahía de Manila y engordaré a todos los peces allí".
En junio, entretuvo a un grupo de funcionarios del gobierno local contándoles el momento en que obligó a un funcionario corrupto a comer dinero a cambio de no ser asesinado.
"Nadie se enteraría si el cuerpo está flotando en el mar", dijo.
Duterte llegó al poder en 2016 prometiendo una ofensiva contra el desenfrenado problema con las metanfetaminas, conocidas localmente como "shabu".
Instada por el presidente, la policía recorrió comunidades predominantemente pobres, apuntando a sospechosos en listas compiladas por líderes de la comunidad local. Durante un tiempo, se transmitieron en todo el mundo imágenes nocturnas de cuerpos ensangrentados esparcidos por caminos y callejones.
La policía calcula el número de personas abatidas por ellos directamente en 6.600. Argumentan que todos los casos fueron en defensa propia, después de que los sospechosos se resistieran al arresto.
El presidente dice que el crimen en Filipinas ha caído un 30% desde que llegó al poder, lo que hace que las calles y las comunidades sean más seguras.
Pero los grupos de derechos humanos dicen que el número de muertos en la guerra contra las drogas podría ser de hasta 27.000. Dicen que muchas de las muertes, incluidas las causadas por vigilantes, fueron ejecuciones extrajudiciales y, por lo tanto, ilegales.
Los representantes del presidente siempre dicen que sus comentarios sobre matar delincuentes son solo bromas o hipérboles que no deben tomarse en serio.
Pero Amnistía Internacional se encuentra entre los grupos de derechos humanos que dicen que las ejecuciones extrajudiciales a tal escala "no ocurren por accidente, sino en pos de una política estatal articulada en los niveles más altos".
Víctimas de la violencia
El año pasado, Duterte retiró unilateralmente a Filipinas de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional después de haber anunciado un examen preliminar de las denuncias de "crímenes contra la humanidad" durante la guerra contra las drogas.
Un panel de la ONU está elaborando un informe exhaustivo sobre estas acusaciones y debe presentar sus hallazgos al Consejo de Derechos Humanos en 2020.
Duterte, que tiene una indiferencia muy conocida por los grupos de derechos humanos, ha dicho que nunca será juzgado por un órgano internacional.
"Enfrentaré un juicio en un tribunal filipino", dijo, y agregó: "No responderé [ante] un caucásico".
Mientras tanto, el río Pasig continúa siendo el último lugar de descanso para algunas de las víctimas de la violencia de Manila.
En septiembre de 2018, los niños de un barrio pobre de Tondo buscaban materiales reciclables para vender cuando tiraron de un tambor de metal desde debajo de un puente sobre el río Pasig.
Dentro, estaba el cuerpo de Harry Lee Honra, de 29 años. El tambor había sido llenado con cemento. El hombre tenía las manos y los pies atados, su boca había sido amordazada.
Su familia vive cerca, en el área de Novotas. Su abuela Flor Rivero ayudó a criar a Harry.
Rivero le dijo a la BBC que había sido un buen niño hasta la escuela secundaria, pero que se había vuelto "perezoso" y recurrió a las drogas, específicamente al shabu, cuando se juntó con malos amigos.
Harry desapareció el 20 de agosto de 2018. Había ido a comprar pescado, pero cuando no volvió a casa, la familia se preocupó. Hablando con sus amigos, lo último que supieron fue que había recibido una llamada telefónica y había ido a ver a la persona que llamaba. Nadie sabía quién era.
"Tiene en el pecho tatuajes de mí, de su madre y de su hija", dijo Rivero. "Si no tuviera esos tatuajes, nunca habríamos sabido que era él".
La familia no tiene idea de quién mató a Harry o por qué. Dado el lento e ineficiente sistema de justicia en Filipinas, Rivero no tiene esperanzas de que el caso se resuelva. "Simplemente se lo dejamos a Dios", dice.
Falta de cooperación
Al otro lado de la ciudad de Tondo se encuentra la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHR), una organización con la que Duterte se ha mostrado cada vez más hostil por sus investigaciones sobre su guerra contra las drogas.
Duterte acusó a la organización de parcialidad política y amenazó con reducir su presupuesto anual a solo US$20.
Karen Gómez, de la CHR, dice que la creciente lista de muertes bajo investigación se ha convertido en "causa de grave preocupación" y que las estaciones de policía regionales están bloqueando o retrasando la divulgación de información de interés público.
"Esto es algo bastante diferente a como solíamos investigar asesinatos en el pasado", dice Gómez.
"Esta vez hay poca o ninguna cooperación cuando se trata de compartir documentación. Debe haber investigaciones independientes sobre las ejecuciones o las muertes que han sucedido como resultado de esta cultura de asesinatos".
En su sencillo hogar en Tondo, Regine dice que tiene miedo de vivir en un lugar donde los vecinos desaparecen sin dejar rastro y los cuerpos son arrojados a un río junto con los desechos de la capital.
Teme a los delincuentes y a los traficantes de drogas que operan abiertamente en Tondo, pero, sobre todo, teme a las personas encargadas de luchar contra ese crimen.
"Incluso cuando los perros ladran por la noche me siento intranquila, pensando que tal vez sea la policía la que vuelva a entrar en nuestra casa", dice.
"Me siento ansiosa cada vez que escucho el tintineo de las llaves, porque vienen con armas de fuego. Estoy realmente asustada".
