Una jueza ordenó este jueves prisión preventiva para el expresidente de Ecuador Rafael Correa por su presunta implicación en un caso de sobornos para la adjudicación de contratos con el Estado.
Correa y otra veintena de miembros de su partido son investigados en el marco del caso "Sobornos 2012-2016" (antes "Arroz verde"), una supuesta trama de corrupción con presunta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró el exmandatario hasta 2017, y que involucraba a empresas nacionales e internacionales como la brasileña Odebrecht.
La jueza Daniella Camacho ratificó así la solicitud de prisión preventiva contra Correa que un día antes había hecho la Fiscalía General del Estado y teniendo en cuenta, dijo, que la prisión será "legal, constitucional y convencional" y por tanto "no arbitraria".
La Fiscalía acusó a Correa de liderar una "red ilegal" para captar fondos de empresas contratistas del Estado para algunas campañas electorales de AP para luego adjudicarles contratos de obras de infraestructura.
Del mismo modo, pidió también prisión preventiva para otros cuatro altos excolaboradores del gobierno de Correa (2007-2017), incluido su exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra en prisión desde hace casi dos años por asociación ilícita en otro caso de la trama Odebrecht.
La investigación incluye delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho sobre unos 22 exfuncionarios y empresarios.
Se niega a regresar a Ecuador
En el caso del expresidente, Camacho consideró que la prisión preventiva es procedente ante la imposibilidad de dictar otras medidas que garanticen su comparecencia ante la Justicia, dado que reside en Bélgica desde que dejó el poder en mayo de 2017.
Por ello, la jueza pidió que se notifique a la Interpol para que procedan a la detención de Correa y otros exfuncionarios que se encuentran fuera de Ecuador.
Igualmente, recordó que Correa tiene en su contra una orden de captura por violación de medidas cautelares en el caso de intento de secuestro en 2012 del político opositor Fernando Balda, en Colombia.
Por este caso, de hecho, la Justicia ecuatoriana ya ordenó prisión preventiva el año pasado contra el expresidente.
Correa, que tiene más de una docena de expedientes abiertos en su país, se niega a regresar porque considera que es víctima de una persecución política por parte de su sucesor, Lenín Moreno.
A otros 17 presuntos implicados en este caso, la Fiscalía solicitó la prohibición de salida del país, la congelación de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes, entre otras medidas.
