No había pasado nunca en la historia reciente de Francia: un expresidente de la república compareciendo físicamente ante a un tribunal penal en calidad de procesado.

Pero el expresidente Nicolás Sarkozy finalmente tuvo que sentarse el lunes en el banquillo de los acusados para el inicio del juicio por corrupción y tráfico de influencias que pendía sobre su cabeza desde hace años.

Lo hizo por poco más de una hora, pues la audiencia fue suspendida hasta el próximo jueves a las 13:30 locales a fin de evaluar el estado de salud de otro de los implicados, el magistrado Gilbert Azibert, de 73 años.

Pero fue suficiente para hacer historia, pues aunque en 2011 el expresidente francés Jacques Chirac fue condenado a dos años de cárcel por actos de corrupción durante su período como alcalde de París, el predecesor de Srakozy en el palacio del Elíseo nunca pisó los tribunales por motivos de salud.

Por lo demás, Chirac, quien falleció el año pasado, siempre negó todos los cargos.

Y lo mismo ha hecho Sarkozy, de 65 años, quien está acusado de haber tratado de sobornar a Azibert a cambio de información sobre otro proceso judicial en su contra.

El supuesto soborno fue descubierto a su vez durante una investigación sobre el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral que llevó a Sarkozy a la presidencia de Francia en 2007.

Y aunque esa otra investigación todavía podría desembocar en otro juicio por corrupción, financiamiento ilícito y ocultamiento de malversación de fondos públicos, entre otros cargos, el exmandatario llegó primero a los tribunales por el ahora histórico caso "de las escuchas".

Para Sarkozy, sin embargo, si el juicio pasa a la historia de Francia será por otras razones.

"Es un escándalo que permanecerá en los anales", ha dicho el expresidente francés, quien también prometió mostrarse "combativo" ante el Tribunal Correccional de París donde se ventila el caso.

Las escuchas

Como parte de la investigación sobre el uso ilegal de dinero de la Libia de Muamar Gadafi durante su campaña presidencial de 2007, las autoridades judiciales autorizaron la interceptación de las conversaciones telefónicas de Sarkozy a partir de 2013.

Y según la fiscalía, en las grabaciones de una línea secreta utilizada bajo el pseudónimo Paul Bismuth se puede escuchar a Sarkozy discutir con su abogado, Thierry Herzog, quien también está siendo procesado, el posible soborno de Azibert.

Para entonces Azibert se desempeñaba como magistrado de la Corte de Casación que debía decidir si permitir o no el uso de las agendas incautadas a Sarkozy en el contexto del llamado "caso Bettancourt", desestimado en octubre de 2013, en otros procesos contra el exmandatario.

"Me habló de una cosa en Mónaco", le habría dicho Herzog a Sarkozy en febrero de 2014.

"Lo haré ascender, lo ayudaré", habría dicho el expresidente, según reportes de la prensa francesa.

Con base a esa evidencia, las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias en contra de Sarkozy fueron formalizadas en octubre de 2017 y el juicio ordenado un año más tarde.

Herzog y Azibert también se enfrentan a la acusación de violación del secreto de instrucción.

La defensa

Los tres acusados, sin embargo, niegan haber cometido algún delito.

"Gilbert Azibert no obtuvo nada, yo no realicé ningún trámite y fui rechazado por el Tribunal de Casación", recalcó Sarkozy ya en 2014.

Y, efectivamente, las autoridades monegascas han dicho que el presidente nunca intervino a favor del magistrado y no hay pruebas materiales que demuestren lo contrario.

Para la justicia francesa, sin embargo, no es necesario "que se cumpla efectivamente el pacto corruptor" para caracterizar la infracción, es decir, no es necesario que se cumplan las cosas prometidas.

"La solicitud o aceptación es suficiente para la consumación del delito", se explica en los documentos legales del caso.

Los jueces también creen que Sarkozy fue alertado sobre las escuchas.

Por lo pronto, de ser encontrado culpable, Sarkozy se enfrenta a una posible pena máxima de 10 años de cárcel, un multa de 1 millón de euros (US$1,18 millones) y la prohibición de ejercer cargos públicos.

Y, como ya se señaló, el juicio por el caso "de las escuchas" no es el único que amenaza al exmandatario.

En 2018 Sarkozy fue acusado formalmente por corrupción, financiamiento ilícito y ocultamiento de malversación de fondos públicos en el contexto de su campaña presidencial de 2007.

Y el mes pasado, los magistrados también lo acusaron de "pertenencia a una conspiración criminal", cargos que también podrían conducir a un juicio.

Además, otro juicio, por el llamado asunto Bygmalion, ya está programado para iniciar el próximo 17 de marzo.

En el mismo, Sarkozy será juzgado por supuestamente haber gastado de más de forma fraudulenta durante su fallida campaña para la reelección en 2012.

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