El comentario fue contundente: México "se ha convertido en una enorme fosa clandestina".
La declaración es del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas Nájera, y se refiere a la desaparición de miles de personas desde hace varios años.
Una crisis humanitaria que empezó en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra a carteles de la droga, explica Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático.
"La crisis se debe a una mala estrategia en materia de seguridad", dice a BBC Mundo.
"Es claro que sacar al Ejército a las calles provocó un gran número de personas desaparecidas y ejecutadas. Es una primera parte".
"La segunda parte tiene que ver con una absoluta desatención a las familias de los desaparecidos de parte de las instituciones que debieron hacer hecho algo para buscarlos e investigar".
"A la crisis de violencia sigue la crisis de las instituciones como las fiscalías. Se crea una comisión para buscar a los desaparecidos pero sin estrategia ni recursos para hacerlo".
La herencia
En esta evaluación coinciden las autoridades mexicanas.
El país, dice el subsecretario Encinas, vive una crisis humanitaria por la desaparición de personas, a la que según su evaluación se llegó por una serie de omisiones, simulaciones y desinterés de gobiernos anteriores.
Es la primera vez desde que inició la guerra contra el narcotráfico, en 2006, que las autoridades mexicanas reconocen la gravedad del problema.
"Se estima que actualmente existen 40.000 personas desaparecidas, más de 1.100 fosas clandestinas, alrededor de 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses", señala Encinas.
La mayoría de las víctimas son jóvenes de barrios y comunidades marginadas o en pobreza, de entre 17 y 29 años de edad.
Hay "un número significativo" de mujeres desaparecidas por redes de esclavitud sexual, así como un creciente problema de desaparición de niños.
Se calcula, además, que al menos 4.000 de los desaparecidos son migrantes centroamericanos.
"Eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando".
El plan de AMLO
Ahora, el gobierno de AMLO presentó un programa de once puntos que se basa en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La legislación fue aprobada en noviembre de 2017, pero según las autoridades nunca se aplicó por completo.
Así, la estrategia oficial es crear, por ejemplo, una sola base de datos para reunir toda la información de las personas desaparecidas.
También contempla un Instituto Nacional para la Identificación Forense, donde se pretende reunir los datos no sólo de los cuerpos no reclamados en las morgues, sino también de los miles de restos humanos encontrados por las organizaciones civiles en fosas clandestinas.
Pero el eje de la estrategia, reconocen activistas, es que por primera vez desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, en 2006, las autoridades buscarán junto con las familias a las personas desaparecidas.
El objetivo fundamental es considerar que las víctimas siguen con vida y por tanto elaborar planes para localizarlos.
Es un cambio fundamental en el trabajo de gobiernos anteriores, que destinaron pocos recursos a investigar las denuncias por desaparición.
Y cuando los aplicaban su objetivo era localizar cadáveres o fosas clandestinas.
El camino a la fosa
¿Cómo se convirtió México en una "enorme fosa clandestina"?
El subsecretario Encinas dice que, sobre todo en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, "se ha caído en una profunda simulación".
Un ejemplo es que no se aplicó la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, promulgada hace más un año.
La legislación contempla crear el Sistema Nacional de Búsqueda. El mecanismo se integró dos semanas antes de concluir el anterior gobierno, el 30 de noviembre de 2018.
El Sistema debe formarse con 42 integrantes pero de éstos 24 no existen, pues se trata de comisiones estatales de búsqueda que no se han creado.
También se presentó un Plan nacional de búsqueda de personas que, según el subsecretario, no fue consultado. "Ahí es donde empieza la simulación del gobierno anterior".
El año pasado, además, se asignaron casi 469 millones de pesos (unos US$25 millones) a la Comisión de búsqueda, pero sólo se usaron seis millones (US$316.000).
Eso provocó retrasos técnicos y de operación para la búsqueda de personas, dice Encinas.
Además, los datos sobre los cuerpos no reclamados en las morgues del país son incompletos, o se encuentran dispersos en distintas oficinas.
No está claro si los cadáveres corresponden a personas que buscan familias de desaparecidos.
Los esfuerzos anteriores
Es un problema serio, dice Graciela Pérez Rodríguez, fundadora de la organización Ciencia Forense Ciudadana.
"Las familias tenemos que recorrer institución por institución, en los estados y a nivel federal", explica a BBC Mundo.
Es parte de la búsqueda. Los familiares suelen visitar todos los sitios donde puede haber rastros de quienes buscan.
En los últimos años se han encontrado pistas, o incluso cuerpos, en sitios muy lejanos de donde ocurrió la desaparición. "Es un desgaste impresionante", insiste Graciela Pérez.
El gobierno de Peña Nieto había reconocido algunos de estos problemas.
Quien fuera responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, dijo que la violencia en el país "se normalizó".
De hecho, en la anterior administración se verificó la información de más de 4.000 cuerpos en las distintas morgues. Gracias a ello se logró identificar a 400 personas, algunas desaparecidas hacía una década.
Los problemas en las diferentes bases de datos forenses hizo más difícil la identificación, y se convirtió en un obstáculo para la búsqueda de desaparecidos, reconoció el exfuncionario.
Las estrategias
Estos problemas son una parte del camino a la crisis humanitaria en México por las personas desaparecidas.
Otra cara es la forma como se atendió el problema en los últimos años, recuerda Graciela Pérez.
Las autoridades enfocaron su estrategia en capturar a los responsables de las desapariciones "pero nunca en buscar a nuestros familiares".
Algo distinto a lo que hacían quienes rastreaban a las personas desaparecidas.
"La esencia de nuestra búsqueda no eran los perpetradores. La mayoría de las familias que buscamos a 40.000 desaparecidos lo que queremos es regresarlos a casa".
¿Falta de interés de las autoridades? "No", responde Juan Carlos Trujillo Herrera, presidente de la organización civil Familiares en Búsqueda.
"No es que no les haya interesado, el problema es que ellos lo provocaron" dice a BBC Mundo.
"Sabían lo que estaba sucediendo. Recordemos los diálogos con Felipe Calderón en 2011 cuando mi mamá lo increpó".
"Reclamaba su fallida estrategia de seguridad y lo que estaba causando, que Calderón llamaba 'daños colaterales'".
Juan Carlos es hijo de María Herrera Magdaleno, quien busca a cuatro de sus hijos desaparecidos desde 2008 en Guerrero.
En junio de 2011 los integrantes del Movimiento por la paz con justicia y dignidad, que fundó el poeta Javier Sicilia, se reunieron con el entonces presidente Felipe Calderón.
En el encuentro participaron familiares de desaparecidos, entre ellos María Herrera, quien cuestionó severamente a Calderón por el desinterés de las autoridades al problema.
El expresidente no respondió, pero propuso un receso en el encuentro con las víctimas.
Ahora ese escenario es distinto, pero aún es temprano para saber si la nueva estrategia funcionará, dice Trujillo Herrera.
"Es una propuesta, está en un documento. El problema de México es más profundo en términos de la violencia y deshumanización que se ha generado".
