Diciembre es sinónimo de fiesta en Colombia, pero en 2019 el último mes del año se vio ensombrecido por la tenacidad de la violencia política.
Solo en la semana que antecedió a la Navidad, del 19 al 26 de diciembre, las autoridades registraron ocho asesinatos de lo que en este país se conocen como líderes sociales, personas que en la regiones trabajan por las comunidades y sufren hostigamiento de grupos irregulares.
En todo el mes, según el movimiento Marcha Patriótica, mataron a al menos 23 líderes sociales.
Incluso antes de que el gobierno de Juan Manuel Santos firmara el acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, diciembre solía verse como un relativo aligeramiento de las hostilidades en un país azotado por la guerra durante 60 años.
Era común, de hecho, que ambas partes declararan un cese al fuego unilateral para que el país pudiera dedicarse a las festividades, la música y la comida que con tanto esmero organizan millones de colombianos.
Pero desde que se firmó la paz, la violencia continuó e incluso, sobre todo en lo que a los líderes sociales se refiere, se recrudeció.
Desde el 21 de noviembre, además, la tensión política se tomó al país por un paro nacional en contra del gobierno de Iván Duque que -entre enfrentamientos y abusos de fuerza de la policía- generó decenas de protestas, cuatro muertos y cientos de heridos y detenidos.
Las protestas demandan, entre otras cosas, que cese el "genocidio" de líderes sociales.
Según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Colombia es el país con más asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en la región.
Los últimos casos
El homicidio que más generó conmoción en los días previos a la Navidad fue el de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, dos bogotanos que vivían en la región del Caribe e impulsaban proyectos ambientales y culturales entre las comunidades locales.
El lunes 23 sus cuerpos (con capuchas negras y tiros de gracia) fueron encontrados en una zona del Magdalena, en el norte del país, donde hay presencia de grupos armados ligados al paramilitarismo, la guerrilla y el narcotráfico.
Aunque medios locales reportaron que las tres personas capturadas por el homicidio de Jiménez y Monsalve pertenecen a bandas delincuenciales que buscaban robarlos, organizaciones de derechos humanos, así como los familiares, vincularon los homicidios a las actividades ambientales y culturales de las víctimas.
Otro caso que enturbió el clima navideño fue el de Lucy Villarreal, una gestora cultural, profesora de danza y activista feminista que, según las primeras informaciones, fue asesinada por un sicario en Tumaco, un municipio en el sureño departamento de Nariño.
Las autoridades no dieron pistas sobre el móvil del asesinato, pero los activistas -y el gobernador de Nariño, Camilo Romero- enmarcaron el caso entre los varios que ocurrieron en esta región azotada por la violencia política: 25 muertes de líderes sociales en 2019.
Allí mismo en Nariño, el 25 de diciembre se reportó que la madre y el abuelo de Fabio Montero Enríquez, un defensor de derechos humanos en el municipio de Leiva, fueron asesinados después de que los agresores, aún desconocidos, no encontraron al líder social.
También en esta navidad se reportaron, entre otros, los asesinatos de Jairo Ortiz, líder de un movimiento indígena en la compleja región de Cauca; Reinaldo Carrillo Vera, miembro de un influyente colectivo de campesinos en el Huila; y Gustavo Adolfo Cárdenas, dirigente de un sindicato de trabajadores en el Valle.
¿Sistemático?
Existen diferentes teorías sobre por qué mueren tantos líderes sociales en Colombia: algunas se refieren a la falta de legalidad que hay en las zonas que antes controlaba las FARC; otras a las disputas por los activos como el narcotráfico que antes eran monopolizados por la guerrilla; y unas más a la resistencia de algunos grupos latifundistas -apoyados por paramilitares- a que la tierra se reparta equitativamente, como estipuló el acuerdo de paz.
También hay quienes atribuyen los asesinatos a la histórica violencia política que Colombia ha vivido al menos desde los años 50.
Y existen sectores, como el gobierno de Iván Duque, que enmarcan los asesinatos en lógicas de poder local en un país geográficamente diverso y políticamente descentralizado.
El aumento o descenso de muertes de líderes también son debatidos entre defensores de derechos humanos y el gobierno de Duque, que defiende su política -para muchos insuficiente- de "implementación con legalidad" del acuerdo de paz.
El gobierno destaca que entre el 1 de enero y el 17 de diciembre de este año fueron asesinados 84 líderes sociales, un 25% menos que en el mismo periodo del año pasado, según cifras de la oficina de Derechos Humanos de la presidencia.
Pero organizaciones no gubernamentales registraron más casos este año: 120, según el Programa Somos Defensores, una asociación civil; y 234, de acuerdo a Indepaz, un centro de estudios.
Una investigación del Human Rights Data Analysis Group, una ONG que aplica métodos científicos al análisis de violaciones de derechos humanos, encontró que entre 2016 y 2018 habían sido asesinados 635 líderes sociales en Colombia.
"El gobierno Duque tiene que reconocer la ineficacia de su política y reorientarla, poniendo en marcha los mecanismos previstos en el Acuerdo de Paz, que podrían tener mejores resultados por cuanto pasan de la protección individual de los líderes amenazados, que es a veces necesaria pero insuficiente, a la búsqueda de unas garantías colectivas que remuevan los factores, nacionales y regionales, que alimentan esta violencia", escribió en el diario El Espectador el jurista Rodrigo Uprimny.
El procurador, Fernando Carrillo, pidió al gobierno convocar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un organismo que surgió del acuerdo de paz y busca defender a los líderes sociales. Pero Duque no la ha convocado desde enero de 2019.
"Hay que detener el sistemático asesinato de los #LíderesSociales", añadió Carrillo.
Duque, que niega la sistematicidad de los asesinatos, condenó en sus redes sociales los sucesos de diciembre y ordenó investigaciones al respecto.
En el pasado, el presidente ha recalcado la "dificultad" de otorgar seguridad individual a los cinco millones de líderes sociales que hay en el país y ha pedido colaboración de toda la sociedad, incluyendo alcaldes y gobernadores, para acabar con estos asesinatos.
Por mucho que los colombianos gocen de diciembre con entusiasmo, una navidad sin asesinatos políticos es, todavía, una ilusión.
