La escena inusual había sido vista en Puyo antes que en Quito.
Con los rostros pintados, ataviados con los trajes tradicionales de su cultura y portando lanzas y hachas ceremoniales, miembros de la etnia indígena waorani desfilaron el jueves pasado ante la sede del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador.
"La selva no se vende" y "el agua es un tesoro que vale más que el oro" eran algunas de las consignas que llevaban escritas en sus pancartas durante una protesta reivindicativa con la que buscaban ejercer presión para que no les fuera arrebatada la inesperada victoria judicial que obtuvieron hace menos de un mes ante el poderoso gobierno ecuatoriano.
El pasado 26 de abril, un tribunal de tres miembros en Puyo dictaminó que el Ejecutivo no podía ofrecer en subasta para la exploración de hidrocarburos parte de la tierra ancestral de la etnia, sin contar con el consentimiento previo de sus miembros.
La inesperada sentencia derivó en una marcha de júbilo por parte de los aborígenes residentes de la Amazonía ecuatoriana, quienes habían tenido que atravesar la selva andando o en canoa para llegar hasta la ciudad donde se realizaría el juicio.
La decisión judicial les devolvía, por lo pronto, el control sobre sus tierras y abría las puertas para favorecer a otros grupos indígenas en situación similar.
"Hemos enseñado al gobierno a respetarnos a nosotros y a otros pueblos indígenas del mundo, que somos los guardianes de la selva y nunca vamos a vender nuestro territorio", dijo Nemonte Nenquimo, una líder de los waorani, al día siguiente de conocerse la decisión en declaraciones a The New Yorker.
Ese mismo día, sin embargo, el Ministerio de Energía publicó un mensaje en Twitter anunciando que el gobierno apelaría el fallo.
Alto impacto
En los últimos años, el gobierno de Ecuador dividió una parte de su territorio amazónico en bloques que decidió ofrecer a empresas internacionales para la prospección de recursos minerales.
Uno de estos bloques incluía parte de la tierra de los waorani.
En 2012, funcionarios del Ministerio de Energía realizaron consultas con miembros de las comunidades indígenas pero, según los waorani, el proceso no tuvo el rigor requerido y estuvo plagado de fallas.
Así, en febrero de este año, este grupo indígena junto al Ombudsman de Ecuador, presentaron una demanda en contra del gobierno.
María Espinosa, abogada de los waorani, señaló que a estos les había sido violado el derecho a la consulta previa y el derecho a la autodeterminación.
"Es una situación sistemática y continua que se ha venido presentando en el país", dijo la abogada a la agencia EFE.
El resultado de la demanda fue esta decisión tomada en Puyo que, aunque está siendo apelada por el gobierno, puede tener alcances mucho mayores.
De hecho, los waorani quieren que la consulta previa no solamente se haga de acuerdo con los estándares internacionales, sino que además este mecanismo sea aplicado también a otros grupos aborígenes afectados.
Para ello, ya cuentan con el apoyo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, así como de otras etnias que supuestamente han sido también afectadas por las fallas en el mecanismo de la consulta previa, incluyendo a las etnias shuar, achuar, zápara y quichua.
Así, de ser ratificada durante la apelación, la sentencia que favorece a los waorani podría convertirse en una decisión de mucho mayor impacto.
