Evelyn Hernández parió sin esperarlo. Cuando ocurrió, el 6 de abril del año pasado, tenía 18 años. Estudiante de secundaria de una zona rural del este del país, llevaba meses siendo abusada sexualmente por un miembro de una pandilla.
Sangraba periódicamente y no sabía que tras una violación había quedado embarazada.
Hasta que un día comenzó a sentir dolores en el vientre y de su cuerpo salió un feto muerto. Ocurrió en la letrina de su casa, sufrió un fuerte sangrado y perdió el conocimiento.
Su madre la llevó a un hospital, donde quedó detenida acusada de abortar. Esta semana fue sentenciada a 30 años de prisión por "homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido".
La jueza tomó la decisión porque Hernández no buscó atención prenatal.
De esta manera, el de Hernández se convirtió en el caso más reciente en El Salvador que evidencia cómo el aborto sigue enviando a mujeres a la cárcel tras controvertidas decisiones de la justicia.
No es inusual en uno de los siete países donde el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia. Se estima que una veintena de mujeres han sido encarceladas en circunstancias similares.
"Se le ha acusado injustamente"
Su defensa apelará la decisión en los próximos diez.
"A Evelyn se le ha acusado injustamente. Toda la prueba es indiciaria, puro prejuicio de lo que debió haber hecho", aseguró el abogado Dennis Muñoz, "por ejemplo, dice la Fiscalía que no llevó control prenatal, pero nunca describen una conducta encaminada a provocar la muerte de su hijo recién nacido", aseguró Muñoz.
Distintas organizaciones no gubernamentales cuestionaron el fallo. La sentencia, opinó Alberto Romero -de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto- muestra "la fragilidad del sistema judicial, que no da ningún tipo de garantías procesales" y "cómo se juzga en base a prejuicios y a la aplicación de estereotipos de género, del comportamiento que se supone debería tener una mujer".
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha criticado la prohibición del aborto. Y considera que lleva a las mujeres a hacerlos de forma clandestina, con riesgos para la vida de la embarazada.
Se cree que cientos de mujeres mueren cada año por complicaciones y, muchas veces, las que son descubiertas terminan en prisión.
Rigurosa aplicación
El Salvador no es el único país de América Latina que cuenta con este tipo de leyes estrictas, pero es particularmente riguroso en su aplicación. Otros seis países en la región también prohíben el aborto en todas las circunstancias: Chile, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam.
AMÉRICA LATINA: DÓNDE SE PERMITE EL ABORTO Y EN QUÉ CASOS
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CAUSAL |
PAÍSES |
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Prohibido totalmente |
Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Surinam |
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Para salvar la vida de la mujer |
Antigua y Barbuda, Brasil, Dominica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Venezuela |
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Para preservar la salud física |
Argentina, Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Perú |
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Para preservar la salud mental |
Colombia, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Trinidad y Tobago |
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Razones socioeconómicas |
Barbados, Belice, San Vicente y Granadinas |
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Sin restricción en cuanto a razón |
Cuba, Guyana, Puerto Rico, Uruguay |
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Fuente: Centro para los Derechos Reproductivos |
Los médicos en El Salvador deben informar a las autoridades si creen que una mujer ha intentado abortar. Si no denuncian estos casos, ellos también podrían enfrentar largas condenas de cárcel.
El castigo por abortar es de hasta ocho años de cárcel, pero en muchos casos se cambia la acusación a la de homicidio agravado, que tiene una pena mínima de 30 años de prisión y una máxima de 50.
Antes de 1988, en El Salvador se permitía abortar cuando el embarazo era el resultado de una violación, si se trataba de un bebé malformaciones o si la madre corría riesgo de muerte.
Un nuevo código penal y la posterior reforma a la Constitución convirtieron complicaron la situación de miles de mujeres salvadoreñas.
En octubre del año pasado, el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso la despenalización del aborto cuando existe violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal. La iniciativa no fue aprobada por el Congreso luego de que la oposición conservadora abogara por aumentar las penas.
"Cada vez que las autoridades de El Salvador encierran injustamente a una mujer por haber sufrido un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas con el embarazo", considera Amnistía Internacional, "condenan también a sus hijos e hijas a una vida de pobreza y trauma".
"La prohibición total del aborto", afirma Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, "no es más que una forma de tortura que cada día pone la vida de millones de mujeres y niñas en peligro".
