La fiscalía de Perú pidió este jueves que Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú por tercera vez, vuelva a prisión preventiva.
Este pedido de un fiscal llega en medio del apretado conteo de votos de la segunda vuelta de las presidenciales en Perú, en el que Fujimori va por detrás del izquierdista Pedro Castillo.
Al mismo tiempo, Fujimori enfrenta una acusación penal y un pedido de 30 años de cárcel por lavado de activos y otros delitos, por supuestamente recibir aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial de 2011 y aportes de empresarios peruanos para sus campañas de 2011 y 2016.
Fujimori, del partido Fuerza Popular, ya había cumplido dos periodos de prisión preventiva entre 2018 y 2020, pero desde mayo de 2020 enfrentaba el proceso en comparecencia restringida. La candidata niega los cargos en su contra.
Ahora el fiscal José Domingo Pérez quiere revocar la comparecencia debido a que, según argumenta, Fujimori incumplió una de las condiciones de este régimen al comunicarse con testigos vinculados a la investigación.
La fiscalía se refiere específicamente a Miguel Torres, miembro de Fuerza Popular y testigo del caso.
Torres acompañó este miércoles a Fujimori en una conferencia en la que anunció que había pedido a las autoridades electorales peruanas anular 802 actas de votación ?unos 200.000 votos ? de la segunda vuelta, por acusaciones de supuesto "fraude".
¿Qué dice la defensa de Fujimori?
Este jueves, en una conferencia de prensa, Fujimori calificó el pedido del fiscal como "absurdo" y dijo que no la distraería "en lo absoluto" de sus gestiones para que las autoridades electorales en Perú revisen unos 200.000 votos.
Fujimori dijo también que el fiscal Pérez pretende "seguir siendo protagonista de esta campaña electoral".
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, dijo que el pedido era "insustentable" y "desproporcionado" y que "carece de toda base legal y fáctica".
Loza admitió que Torres "es testigo" en la investigación, pero espera que el juez a cargo del caso "declare improcedente la petición".
¿Cómo va el proceso electoral?
Hasta la tarde de este jueves, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú iba contabilizando más del 99% de actas de votación de la segunda vuelta presidencial.
Según los resultados, Castillo, de Perú Libre, lleva una ligera ventaja sobre su rival, con el 50,199% de los votos, mientras que Fujimori tiene el 49,801%.
El pedido de nulidad de 802 actas de votación que presentó Fujimori este miércoles podría retrasar el conteo alrededor de dos semanas.
¿De qué acusan a Fujimori?
Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, declaró en febrero de 2018 que esta empresa le había entregado US$1,2 millones al partido de Fujimori para la campaña presidencial de 2011.
Posteriormente, varios empresarios peruanos confesaron haber entregado dinero por un total de al menos US$14 millones para las campañas de 2011 y 2016, según detalla el portal de investigación IDL-Reporteros.
Fujimori niega los aportes de Odebrecht, pero sí ha aceptado que empresarios peruanos le dieron recursos que no declaró ante los organismos correspondientes porque, según dijo, se le pidió mantenerlos en reserva.
¿En qué va el proceso contra Fujimori?
En marzo pasado, antes de la primera vuelta presidencial, el fiscal Domingo Perez presentó una acusación de más de 13.000 folios y pidió 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori y otros miembros de su partido, por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Además, la fiscalía pidió la disolución de Fuerza Popular, el partido de Fujimori.
Ante la acusación en marzo, Fujimori le dijo al fiscal Pérez: "No le voy a aceptar que quieran silenciarme en pleno proceso electoral" y calificó sus medidas como "persecución".
Como parte de la investigación, Fujimori ya cumplió dos periodos de prisión preventiva, entre octubre de 2018 y noviembre de 2019 y entre enero y mayo de 2020, cuando salió con orden de comparecencia restringida luego de pagar una fianza.
Durante su campaña presidencial, Fujimori debió pedir permisos especiales al Poder Judicial para viajar dentro de Perú y se se mantuvo un impedimento de salida del país, como parte de las condiciones de la comparescencia restringida.
