La masacre hace exactamente 28 años de seis curas jesuitas y dos mujeres en El Salvador vuelve a estar de actualidad.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló esta semana la extradición a España del excoronel salvadoreño Inocente Montano, acusado de ser cómplice de una matanza ocurrida durante la guerra civil de la nación centroamericana entre 1980 y 1992

En ella murieron cinco curas españoles y uno salvadoreño, así como una mujer que trabajaba como cocinera y su hija adolescente.

La alta corte estadounidense rechazó la petición de sus abogados de que permanezca en EE.UU., donde vive desde 2001 y en el que cumplió una pena de 21 meses en prisión por fraude migratorio.

Montano, de 74 años, fue viceministro de Defensa y uno de los funcionarios militares de mayor influencia durante el conflicto civil armado en El Salvador.

La defensa de Montano dijo que la extradición a España podía "resultar en su muerte" debido a su edad avanzada, pero el argumento fue rechazado por el tribunal, según informó la agencia Efe.

En mayo de 2011, el excoronel trabajaba discretamente en una fábrica de Boston (EE.UU.) cuando él y otras 19 personas fueron acusadas formalmente por una corte española por su supuesta participación en los asesinatos.

Ahora podrá ser enviado a España en cualquier momento, ya que el Departamento de Estado de EE.UU. también había aprobado en octubre su traslado.

La amnistía firmada en El Salvador en 1993 protege a Montano de ser juzgado en tribunales de su país, pero no lo exime de ir a juicio en España.

Masacre en el campus

La matanza ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en el Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador.

Según los documentos de la corte, fuerzas del ejército salvadoreño irrumpieron en el sitio y les ordenaron salir al jardín y acostarse boca abajo en el suelo, donde aparecieron muertos al día siguiente.

Uno de los fallecidos fue el rector de la institución, el sacerdote Ignacio Ellacuría, opositor abierto del gobierno.

Los otros cinco sacerdotes asesinados fueron los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró. El cura salvadoreño fue identificado como Joaquín López.

La cocinera se llamaba Elba Julia Ramos y su hija, de 16 años, se llamaba Celina.

Los jesuitas habían llamado a dialogar para acabar con el conflicto armado, y uno de ellos servía como un intermediario entre el gobierno y los rebeldes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Un día antes de los asesinatos, Montano, entonces viceministro de Defensa, participó en una reunión donde el coronel René Ponce ordenó a otro coronel que enviara al batallón Atlácatl para matar a los curas, según señalan documentos judiciales citados por Efe.

Hay quienes, sin embargo, contradicen esta versión, como el exgeneral salvadoreño Mauricio Vargas, quien en 2013 aseguró que Montano "no conspiró con otros oficiales de alto rango para incitar el asesinato de los sacerdotes jesuitas y las dos mujeres".

Bajo perfil

Montano estudió en 1970 en la Escuela Militar de las Américas de Estados Unidos, un centro de entrenamiento para militares latinoamericanos en el contexto de la Guerra Fría.

Durante el enfrentamiento civil en El Salvador, el excoronel comandó el batallón Belloso, una de las unidades clave en los esfuerzos militares contra el entonces grupo rebelde FMLN.

En 2001, migró a Estados Unidos y, bajo documentación fraudulenta, se acogió al Estatus Temporal de Protección (TPS, por su sigla en inglés) que otorga EE.UU. a los salvadoreños que estuviesen en su territorio antes del 9 de marzo del mismo año.

El exmilitar vivió en el área de Boston durante una década, hasta que fue detenido en 2011 bajo sospecha de haber mentido en su documentación migratoria.

Montano había ocultado a las autoridades estadounidenses su pasado como miembro de las fuerzas armadas salvadoreñas.

Seis años después y tras la decisión del Tribunal Supremo del jueves, Montano será el primer exfuncionario militar de alto rango de El Salvador en enfrentarse a un juicio penal por las muertes de los jesuitas.

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