Luego de poco más de nueve meses en libertad, Alberto Fujimori recibió la orden de volver a la cárcel.
La Corte Suprema de Perú anuló este miércoles el indulto al expresidente peruano (1990-2000) y ordenó su reingreso en prisión.
El también exmandatario Pedro Pablo Kucszynski (PPK) le había otorgado este beneficio "por razones humanitarias", pocas horas antes de la Noche Buena de 2017.
Al momento de recibir esta gracia presidencial, Fujimori cumplía una condena de 25 años de prisión, hasta 2032, por las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992.
En su momento, su liberación desató numerosas protestas en Perú y los críticos especularon con que PPK había concedido el perdón a cambio recibir el apoyo del congresista Kenji Fujimori, hijo del expresidente, y otros parlamentarios para superar un proceso de vacancia (destitución) que enfrentaba en el Congreso.
Además, los familiares de las víctimas de las matanzas acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y a la Corte Suprema de Perú para que reviertan la medida.
¿Cuáles fueron los argumentos de la justicia peruana para acceder a sus pedidos y ordenar que Fujimori siga cumpliendo su condena?
Delitos de lesa humanidad
Alberto Fujimori fue sentenciado en 2009 como autor mediato de las matanzas en el vecindario de Barrios Altos y en la Universidad de la Cantuta, en Lima, ocurridas en medio del conflicto contra el grupo armado Sendero Luminoso y que dejaron 25 muertos.
También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
La resolución de la Corte Suprema peruana que anula el indulto a Fujimori sostiene que "estos delitos (...) constituyen crímenes contra la humanidad según el Derecho Penal Internacional" y que esta tipificación implica la "improcedencia de amnistías o de indultos".
El documento agrega que "la Corte-IDH ha hecho expresa referencia a la prohibición de indultar a responsables de graves violaciones de derechos humanos".
Esta restricción de la Corte-IDH "se aplica al caso de Alberto Fujimori", le dice a BBC Mundo Tito Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), un colectivo peruano de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Además, Bracamonte señala que la liberación del expresidente "afecta la reparación que deben recibir todas las víctimas de actos de esta naturaleza y magnitud".
"Negociación política"
PPK otorgó el indulto a Fujimori tres días después de superar un proceso de vacancia (destitución) en el Congreso.
Las abstenciones de Kenji Fujimori y otros nueve congresistas en la votación de la vacancia fueron claves para que PPK conservara la presidencia unos meses más.
Según la resolución que anula el indulto, "tales abstenciones tenían como objetivo conseguir el indulto por razones humanitarias al condenado Alberto Fujimori".
Bracamonte le comenta a BBC Mundo que los representantes de las víctimas demostraron "con mucha precisión y detalle que este indulto no tuvo nada que ver con razones humanitarias o con la salud del reo Alberto Fujimori".
Según el letrado, fue "un intercambio de favores que fue descaradamente producto de una negociación política".
Tres meses después del indulto, salieron a la luz unos videos que mostraban el supuesto intento de compra de esas abstenciones que salvaron temporalmente a PPK de la destitución.
Este escándalo, sumado a la supuesta implicación de Kuczynski en el caso Odebrecht lo obligaron a renunciar a la presidencia de Perú en marzo.
Irregularidades en el proceso
El juez que ordenó el regreso de Fujimori a la cárcel, Hugo Núñez Julca, sostiene que algunos integrantes de la Junta Médica que evaluó al expresidente habían sido médicos personales del mismo, por lo que se habían quebrantado "los principios de imparcialidad y objetividad".
Además, subraya, entre otras irregularidades, que "el indulto fue concretado en un plazo demasiado breve, respecto a lo que ordinariamente se demora", ya que el trámite tomó 13 días mientras que en otros ha tomado meses.
Luego de enterarse de su inminente vuelta a prisión, Alberto Fujimori fue trasladado en una ambulancia y con resguardo policial a una clínica de Lima.
Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, dijo que la anulación del indulto "acaba con la impunidad", según declaraciones recogidas por el diario El Comercio.
"Es una noticia que estábamos esperando [...] sabíamos que el indulto era ilegal y que no correspondía entregarlo porque se trataba de graves delitos como asesinato", dijo Cano.
Sin embargo, Keiko Fujimori, hija del expresidente y líder de Fuerza Popular, opinó entre lágrimas que se trataba de una "persecución y ensañamiento de sus enemigos políticos" contra su familia y partido, que tiene mayoría en el Congreso peruano.
Kenji Fujimori dijo que "sentía mucho dolor" por la decisión.
Miguel Pérez Arroyo, abogado de Alberto Fujimori, anunció la apelación de la decisión de la Corte Suprema y dijo a medios peruanos que esta era una medida política y no legal.
