Estados Unidos, Reino Unido y Francia podrían ser cómplices de crímenes de guerra en Yemen por su respaldo a Arabia Saudita, según Naciones Unidas.
Un informe de la ONU presentado este martes carga contra los países que suministran armas y apoyo logístico a la coalición liderada por el gobierno de Riad por contribuir así al sufrimiento y hambruna de la población civil que vive en guerra desde hace cinco años.
"Está claro que el continuo suministro de armas a las partes en conflicto está perpetuando el enfrentamiento y prolongando el sufrimiento del pueblo yemení", dijo ante la prensa la experta independiente del panel de la ONU Melissa Parke.
Por ello, el organismo internacional recomendó que todos los Estados prohíban la transferencia de armas a las partes involucradas para evitar que sean utilizadas en violaciones graves de derechos humanos.
EE.UU., Reino Unido y Francia son los mayores vendedores de armas a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU), líderes de la coalición que lucha contra el movimiento hutí que controla la capital yemení.
Rol de la comunidad internacional
Para elaborar su informe, un grupo de expertos creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizó más de 600 entrevistas a víctimas y testigos, examinó documentos e investigó casos representativos.
Tras su análisis, los expertos denunciaron una serie de posibles crímenes cometidos durante los cinco años de guerra en el país árabe y violaciones de derechos humanos como bombardeos indiscriminados, asesinatos y detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y de género, y bloqueo al acceso a la ayuda humanitaria.
"Las violaciones contra civiles yemeníes continúan sin cesar tras cinco años de conflicto, con un total desprecio por la difícil situación de la población y la falta de acción internacional para exigir responsabilidades a las partes en el conflicto", señaló el presidente del grupo de expertos de la ONU, Kamel Jendoubi.
De hecho, la ONU pone de relieve en su informe la importancia del rol de los países occidentales que apoyan a los Estados árabes y el de Irán al respaldar a los hutíes.
"La comunidad internacional tiene que dejar de hacer la vista gorda ante estas violaciones y la intolerable situación humanitaria", dijo Kamel Jendoubi.
El informe recuerda que los terceros países están obligados "a adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el respeto del derecho internacional humanitario por todas las partes en el conflicto".
Violaciones en ambos bandos
El informe identifica violaciones de los derechos humanos en ambos bandos del conflicto y acusa de una "falta de responsabilidad generalizada" tanto a los gobiernos de Yemen, Arabia Saudita y EAU, como a los hutíes y comités populares afiliados.
A la coalición internacional la responsabiliza de matar a civiles en ataques aéreos y negarles alimentos de forma deliberada en un país que enfrenta una de las peores hambrunas del último siglo en el mundo.
A los hutíes, por su parte, lo señala por haber bombardeado ciudades, utilizado niños soldados y recurrido a una estrategia de guerra similar al asedio.
El grupo de expertos identificó a un número indeterminado de "individuos que podrían ser responsables de crímenes internacionales" y presentaron una lista confidencial a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
"Esta impunidad endémica no puede tolerarse más. Las investigaciones imparciales e independientes deben habilitarse para exigir responsabilidad a quienes no respeten los derechos del pueblo yemení", dijo Jendoubi, quien calificó de "inhumana" la falta de acceso a medicinas, agua y alimentación que sufre la población.
"La supervivencia de los 24 millones de personas necesitadas debería ser la prioridad", agregó.
La guerra de Yemen está considerada como la mayor crisis humanitaria del mundo. Según datos publicados por ACNUR el pasado mes de marzo, solo en 2018 se reportaron más de 4.800 civiles muertos o heridos en el país. La quinta parte eran niños.
El conflicto ha obligado a casi el 15% de la población (alrededor de 4,3 millones de personas) a huir de sus hogares. Esto incluye a 3,3 millones de personas que permanecen desplazadas en todo el país.
