Bruce Earl Ward y Don William Davis Jr. son los dos primeros nombres en la lista.
Ambos están presos en el estado de Arkansas (EE.UU.) y llevan más de dos décadas en el corredor de la muerte luego de ser encontrados, en casos separados, culpables de asesinato.
El conteo regresivo está por llegar al final? o no. La Corte Suprema de Arkansas decidió suspender la ejecución, prevista para este lunes.
Ward y Davis Jr. son parte de una lista de ocho sentenciados a muerte que están programados para ser ejecutados en 10 días, un hecho sin precedente en EE.UU.
Y es que las autoridades de Arkansas tienen el tiempo encima por una razón que ha añadido polémica a la cadena de ejecuciones que planea: un fármaco que caduca a finales de abril.
El sedante para la muerte
La última vez que Arkansas tuvo una ejecución judicial fue en 2005.
El conservador estado ubicando el centro-sur de EE.UU. había tenido más de una década de batallas judiciales en los tribunales sobre la pena capital, por lo que el anuncio de marzo sorprendió a todos.
El gobernador republicano Asa Hutchinson firmó las órdenes para aplicar la ejecución de ocho prisioneros sentenciados entre el 17 y el 27 de abril, como se lee en el anuncio oficial.
Además de Ward y Davis Jr., los siguientes en la lista son Jason McGehee, Marcel Wayne Williams, Kenneth Williams, Jack Jones, Ledell Lee y Stacey Johnson.
La inusual premura, considerando que los sentenciados han pasado en algunos casos hasta dos décadas sentenciados, se debe a que el Departamento de Correccionales de Arkansas tiene un suministro del fármaco midazolam cuya fecha de expiración es el 30 de abril.
El midazolam, un sedante prescrito por los médicos para tratar la ansiedad, es usado para dormir a los sentenciados que después reciben dosis de otras dos substancias que detienen la actividad pulmonar y cardíaca.
¿Por qué no conseguir más?
La respuesta es que este medicamento está estrictamente controlado por las farmacéuticas que lo producen y que se niegan a suministrarlo a las prisiones que aplican la pena de muerte en EE.UU.
El forcejeo judicial
Desde que se reinstauró la pena de muerte en EE.UU., luego de un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. en 1976, nunca ha habido un plan de ejecuciones tan amplio como el que pretende realizar Arkansas.
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte, un grupo de estudio con sede en Washington D.C., indica que Texas es el estado que más se acerca con seis ejecuciones en 10 días en dos momentos diferentes, uno en 1997 y otro en 2000.
Las primeras dos ejecuciones en Arkansas estaban fijadas para las 19:00 hora local del lunes 17, pero las disputas en los tribunales dieron varios vuelcos.
Tres horas antes de que se aplicara la primera ejecución, la Corte Suprema de Arkansas emitió una resolución este lunes que suspendió las ejecuciones.
Y en paralelo, una corte federal de apelaciones anuló la decisión de una jueza de bloquear la serie de ejecuciones tal como la había planeado el gobernador.
Para el gobernador Hutchinson, los retrasos por las decisiones judiciales causan "daño a las familias de las víctimas" y son una "demora de la justicia", como dijo en un comunicado.
"Hemos pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que desautorice a la Corte Suprema de Arkansas", dijo Hutchinson.
Otra voz en esta disputa es la de la Junta de Libertad Condicional de Arkansas, la cual revisó seis de los ocho casos y recomendó conmutar solo la sentencia de Jason McGehee, "de pena de muerte a prisión de por vida, sin posibilidad de libertad condicional".
Del resto se pronunció por mantener la pena capital.
Las farmacéuticas en contra
La decisión de suspender la ejecución de Ward fue hecha luego de que el distribuidor farmacéutico McKesson presentó una denuncia.
Señaló que uno de los medicamentos previstos para usar en las ejecuciones, bromuro de vecuronio, fue adquirido "sin su consentimiento" para aplicarlo en la inyección letal.
Esa denuncia vino después de que la farmacéutica Pfizer señaló en un comunicado que McKesson hizo un mal procedimiento de venta al Departamento de Corrección de Arkansas.
"Pfizer ha solicitado dos veces que Arkansas devuelva cualquier producto restringido (?). Se consideraron otros medios por los que se garantiza la devolución del producto, incluyendo acciones legales", dijo la empresa en un comunicado.
"Nos oponemos firmemente al uso de cualquiera de nuestros productos en el proceso de inyección letal para la pena de muerte", añadió.
¿Por qué la escasez de fármacos?
Desde 2011, las firmas farmacéuticas han estado bajo presión luego de que la Unión Europea implementó controles estrictos a las farmacéuticas que comercializan fármacos usados en las inyecciones letales.
Eso ha puesto en problemas a los 31 estados de EE.UU. que aplican la pena de muerte para conseguir los ingredientes en los cocteles que son suministrados para quitar la vida.
El doctor Joel Bruce Zivot, dijo a la BBC que "resultados recientes de autopsias han mostrado un tipo muy diferente de muerte" al de un preso que "cae dormido y luego muere".
"La ejecución para ser constitucional requiere no tener crueldad obvia y clara", señala Zivot.
Uno de los casos en años recientes que elevaron las preocupaciones sobre la administración de inyecciones letales fue el de Joseph Wood, quien fue ejecutado en 2014 en Arizona.
El hombre, sentenciado por doble homicidio, jadeó cientos de veces antes de morir a lo largo de dos horas, cuando se suponía que el procedimiento tardaba 10 minutos.
Ejecuciones siguen en pie
Buena parte del debate sobre el caso de Arkansas se ha centrado en el uso de midazolam, el cual ha sido señalado en el pasado como ineficaz para dejar inconsciente a un sentenciado antes de recibir la inyección letal.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) señaló que en Arkansas "nunca se ha usado antes el midazolam", el cual pone en riesgo que los sentenciados "sientan como si estuvieran ardiendo vivos en su interior mientras están paralizados".
"El midazolam ha causado ejecuciones fallidas y dolorosas, de modo que Florida y Arizona han dejado de usarlo, y un juez de Ohio falló recientemente para detener las ejecuciones con midazolam", dice la ACLU.
Ryan Kiesel, de la misma ONG, también advirtió que programar varias ejecuciones a la vez eleva el riesgo de que se equivoquen los encargados de aplicar las inyecciones letales, como ocurrió en Oklahoma en 2014 con Clayton Lockett, que sufrío "45 minutos de tortura" antes de morir.
"El Departamento de Seguridad Pública de nuestro estado concluyó que los errores del personal provenían del estrés de intentar realizar dos ejecuciones en una noche", dijo Kiesel.
Pero el gobernador Hutchinson, por el contrario, defiende que es su deber garantizar la justicia a las familias de las personas que murieron por los actos de los sentenciados.
"Entiendo lo difícil que es esto para las familias de las víctimas, y mi corazón se dirige a ellos mientras tratan nuevamente con el continuo examen judicial", dijo al exigir que los tribunales permitan que sigan las ejecuciones.
La sentencia de la Corte Suprema de Arkansas ha puesto en vilo dos de las ejecuciones, pero aún no se ha pronunciado por el resto.
Pero el tiempo en contra seguirá para las autoridades que quieren hacer cumplir las sentencias, y para los sentenciados.
