La vicepresidenta del gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido designada por Mariano Rajoy para tomar el control de Cataluña.
Un Boletín Oficial del Estado declaró la designación de Sáenz de Santamaría, tras la destitución de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros líderes catalanes.
Pero el cesado presidente de la Generalitat rechazó su destitución en un mensaje televisado.
"En una sociedad democrática son los parlamentos los que escogen o cesan a los presidentes", expresó el líder separatista.
"Nuestra voluntad es continuar trabajando para cumplir con los mandatos democráticos y ahora buscar la máxima seguridad y estabilidad", aseguró.
Puigdemont criticó las medidas como"decisiones contrarias a las expresadas por los ciudadanos de nuestro país en las urnas", al tiempo en que reafirmó su compromiso de "trabajar para construir un país libre".
Las medidas fueron tomadas en la madrugada del sábado, después de una reunión de ministros, en respuesta a la votación en el parlamento catalán para declarar su independencia.
Como parte de las medidas 11 consejerías autonómicas catalanas pasan a estar a cargo de ministros del gobierno central, tras el cese de todos los consejeros de la Generalitat.
Las diferentes competencias de la Generalitat se dividirán entre varios ministerios del gobierno español.
El Ministerio de Hacienda toma el control financiero pleno.
El de Fomento se hace cargo de las principales infraestructuras catalanas, como puertos, aeropuertos y el servicio ferroviario de la Generalitat.
Con anterioridad, el gobierno central destituyó al jefe de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, e instó a los uniformados a mantener la neutralidad.
El viernes, Madrid disolvió el parlamento catalán y convocó a elecciones regionales para el 21 de diciembre.
La dirección de esa policía autonómica y la organización de los procesos electorales, incluyendo el del 21 de diciembre, quedan bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior.
Otras medidas tomadas por el gobierno de Mariano Rajoy incluyen:
El cierre del secretariado del gobierno regional y del Consejo Diplomático Público de Cataluña (Diplocat).
Se hará lo mismo con las delegaciones extranjeras del gobierno local, con la excepción de la de Bruselas.
Los delegados del gobierno regional catalán a Bruselas y Madrid serán retirados.
El boletín señaló, sin embargo, que no se tomará control de las emisoras catalanas que, según el gobierno, se han destacado por promover la agenda independentista.
No obstante, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría también tendrá entre sus responsabilidades el boletín oficial de la Comunidad Autónoma y el centro de estudios de opinión.
No está claro cómo procederá el gobierno central si la administración regional se niega a abandonar sus despachos.
En Madrid, por otro lado, varios miles salieron ondeando banderas españolas y exhortando a la unidad nacional.
Algunos manifestantes sostenían carteles tildando a los dirigentes catalanes separatistas de traidores y golpistas.
