El 18 de abril de 2018 un pequeño grupo de jubilados que protestaba contra la reforma del sistema de pensiones fue brutalmente agredido por simpatizantes del gobierno de Nicaragua.
El proceder -visto en otras ocasiones desde el regreso de Daniel Ortega al poder más de 10 años antes- pareció colmar el vaso de los estudiantes nicaragüenses, ya movilizados por un gigantesco incendio en una reserva natural y la aparente pasividad de las autoridades.
Y cuando al día siguiente las protestas estudiantiles fueron duramente reprimidas, y empezaron a producirse los primeros muertos, en su gran mayoría a manos de grupos paramilitares vinculados al partido de gobierno, millones más salieron a las calles a exigir la renuncia del presidente nicaragüense.
El estallido de abril, denunciado por Ortega como un intento de golpe de Estado, se prolongó por varios meses y dejó un saldo de al menos 328 muertos, según los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
En ese período, las cárceles también se llenaron de presos políticos, cientos de miles partieron al exilio y la economía del segundo país más pobre de América Latina se desplomó, pero el mandatario de 75 años ha logrado mantenerse en el poder a pesar de las graves acusaciones de violaciones de derechos humanos en contra de su gobierno y un cada vez mayor aislamiento internacional.
Dos años después, sin embargo, la situación en el país centroamericano dista mucho de ser normal, como ha evidenciado incluso el manejo de la pandemia de coronavirus por parte del gobierno nicaragüense.
Para hacer un balance de la situación, BBC Mundo conversó con la comisionada Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua.
¿Cómo está la situación en Nicaragua a dos años del inicio de aquellas protestas: mejor, peor, igual?
Es relativo hablar de mejor o peor. Es mejor desde el punto de vista de las víctimas fatales, al inicio de la crisis era casi pan de cada día enterarse de más muertos y eso ya no está pasando. El último muerto fue a fines del año pasado, un preso político que murió en un supuesto motín, y de ahí, gracias a Dios, no ha habido más muertos y tampoco hemos sabido de gente herida gravemente.
Ahora, el hecho de que no haya más muertos no es porque la gente está conforme y ya no sale a protestar. Por otro lado, la situación está peor porque estamos ante una etapa -como la Comisión ya ha señalado anteriormente- de cierre de todos los espacios democráticos: las libertades públicas han sido suspendidas de hecho o están severamente limitadas, desde finales del año pasado vemos que la gente se organizaba para hacer plantones y cuando llegaban al lugar ya estaba la policía ahí, se los llevaban detenidos. Entonces la gente sale menos a la calle a protestar porque no le dejan ejercer su derecho a la manifestación.
Entonces claro, desde el punto de vista del derecho a la vida ya no estamos lamentando las muertes que lamentábamos sobre todo durante el primer año de la crisis. Pero en paralelo a eso, sí creo que los espacios democráticos están completamente cercenados; la división de poderes del Estado, propia de un Estado democrático, no existe, están totalmente cuestionados y vemos una injerencia total por parte del poder Ejecutivo en los demás poderes. En ese sentido me parece que la situación es muy grave.
Y en la relación entre el gobierno nicaragüense y la CIDH, en el tema del cumplimiento de sus recomendaciones, ¿ha cambiado algo?
No. Lamentablemente, como bien sabe, nosotros teníamos al MESENI, al equipo del Mecanismo de Seguimiento que estaba instalado en Nicaragua, pero fue "suspendido" -creo que esa fue la palabra que usó el gobierno- a finales del año antepasado.
Nosotros seguimos pidiendo información al Estado -hay una facultad en el artículo 41 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para pedirle información a los Estados sobre temas de DD.HH. que nos preocupan- y el Estado de Nicaragua simplemente no nos contesta. Tenemos audiencias públicas en los períodos de sesiones y el Estado de Nicaragua no se presenta.
Ahora, esa situación de que el Estado de Nicaragua no llega a las audiencias públicas venía de antes. Y tengo que decir que ha habido un par de audiencias públicas en las que el Estado nicaragüense si bien no se ha presentado ha enviado por escrito su opinión sobre la audiencia pública en cuestión y en Haití tuvimos una audiencia pública sobre la situación de los indígenas en la Costa Atlántica, y extrañamente y por primera vez, sí llegaron representantes del Estado.
Desde que yo estoy en la Comisión, que ya llevo dos años, casi dos años y medio, fue la primera vez que ha habido representantes del Estado nicaragüense en una audiencia pública. Y esto fue porque en la misma se cuestionaba la situación de los indígenas en la Costa Atlántica, la situación de los colonos -ha habido varios asesinatos de indígenas a manos de colonos- y está el proyecto del canal (interoceánico) que está revitalizándose por parte del gobierno.
Y en algún sentido a lo que fueron los representantes del Estado fue en primer lugar a defender la política indígena del gobierno y a defender el proyecto (canalero) y el proceso de consulta que supuestamente se realizó. Pero no era algo vinculado directamente a la crisis de 2018 y yo creo que por eso fueron.
¿Y en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones?
Para el segundo aniversario de nuestra primera visita, que fue en mayo, vamos a hacer un análisis recomendación por recomendación. Yo no me he sentado en el último tiempo a analizarlas individualmente, pero creo que siguen siendo las mismas, incluyendo algunas que en su momento se cumplieron pero ahora están incumplidas: permitir el ingreso de un mecanismo de seguimiento, que fue el MESENI; permitir el ingreso de otros organismos de DD.HH., como la oficina de la Ata Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que también fue expulsada, y la creación del GIEI (Grupo Independiente de Expertos Internacionales) que sí pudo hacer su labor pero fue expulsado poco antes del término de su período y por lo tanto no pudo presentar su informe en Nicaragua sino que tuvo que hacerlo en Washington.
Fuera de eso yo diría que las demás recomendaciones no se han cumplido, porque básicamente las recomendaciones eran desarmar a los grupos paramilitares, y seguimos viendo a los grupos paramilitares; era el cese de la represión, y seguimos viendo la represión.
Lo que ha pasado es que han evolucionado los mecanismos represivos: hoy día no lamentamos muertos -como sí los lamentamos al comienzo, cuando eran francotiradores los que estaban asesinando (a los manifestantes)- pero tenemos cercenados todos los espacios públicos para manifestarse y hay una vigilancia y un hostigamiento permanente que está individualizado.
Esa es la diferencia con el inicio. Al inicio en el fondo lo que había era una represión en la calle contra cualquiera que estuviera manifestándose. Hoy día hay un seguimiento y hostigamiento permanente individualizado, a los disidentes, los defensores de derechos humanos, a los periodistas.
Les rayan las casas, les mandan mensajes de amenaza, es una situación que desde el punto de vista de la salud mental debe ser muy difícil, porque vivir permanentemente asediados no debe ser fácil y siempre existe el miedo de que esas amenazas se cumplan.
También han cambiado las detenciones, que hicieron que nosotros pidiéramos la liberación de los presos políticos. Al inicio estas detenciones eran por períodos bastante largos, con una criminalización de la protesta, y hoy en día la mayoría de las detenciones son focalizadas: va en auto un personaje que ellos están hostigando y lo toman detenido con cualquier justificación, lo tienen un par de horas y luego lo sueltan, simplemente por efectos disuasivos.
Pero yo diría que no se han cumplido las recomendaciones.
¿Y qué dice eso de la capacidad de la comunidad internacional y de las instituciones de defensa de derechos humanos para garantizar el respeto de esos derechos? ¿Han hecho todo lo que pueden?
Lamentablemente la atención a la situación de derechos humanos en Nicaragua pasa por etapas. Y probablemente ahora con el aniversario van a aparecer muchos artículos que le van a volver a dar visibilidad. Pero los organismos de derechos humanos -la CIDH, ACNUDH- no han parado de hacer su labor: ambos órganos han estado permanentemente monitoreando la situación de DD.HH., permanentemente haciendo comunicados públicos, dando entrevistas.
Nosotros como Comisión, y también la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, hemos estado permanentemente manifestándole a la comunidad internacional que la situación de violación a los derechos humanos en Nicaragua continúa.
Lamentablemente, los órganos internacionales más bien políticos, si bien han monitoreado la situación -Nicaragua ha sido tema de debate en la OEA varias veces, se inició el proceso de la Carta Democrática, que lleva un proceso que hay que seguir- en mi opinión personal sí han bajado la presión.
Y lamentablemente, y es bien brutal lo que voy a decir, cuando hay menos fallecidos, cuando no hay sangre de por medio, la atención internacional también baja, y en un mundo convulsionado yo lo comprendo.
Además, la situación humanitaria en Venezuela, que involucra a millones de personas, la cantidad de migrantes generados por esa crisis, ha hecho que la atención de la comunidad de derechos humanos de América Latina se concentre ahí.
Yo no diría que el tema de Nicaragua esté ausente del debate político en la OEA. Pero la presión política va y viene, por decirlo de alguna manera.
Ahora, los organismos internacionales ayudan a visibilizar y a ejercer presión. Pero la labor fundamental ante los gobiernos autoritarios la tienen los propios ciudadanos organizados. Mientras los ciudadanos no se organicen internamente, no se junten dejando de lado las diferencias, es muy difícil avanzar. Esa es la verdad.
¿Y para usted eso no ocurre en Nicaragua?
Ahora está ocurriendo. Yo siento que hubo un momento de crisis entre las distintas organizaciones más políticas. Las organizaciones de derechos humanos han seguido haciendo su labor a pesar de que se les canceló su personería jurídica y se les ocuparon sus instalaciones, hace ya un año.
No han parado, poniendo en peligro su propia integridad física y su vida. Pero yo diría que entre la dirigencia más política, más empresarial, sí hubo divisiones, que además se hicieron públicas. Y uno no puede exigirle un diálogo a un gobierno autoritario cuando ese gobierno autoritario ve una contraparte dividida.
Cuando uno ve la situación de otros gobiernos autoritarios, en otros países donde se han buscado salidas democráticas y no con enfrentamientos armados ha sido precisamente una oposición unida y con liderazgos claros la que de alguna manera ha terminado obligando a ciertos gobiernos autoritarios a sentarse a la mesa y negociar.
Recientemente la CID también emitió un pronunciamiento expresando preocupación por el manejo de la pandemia de covid-19 por parte del gobierno nicaragüense. ¿Por qué en el caso de Nicaragua ese también es un tema de derechos humanos?
La pandemia es un problema de derechos humanos no solo en el caso nicaragüense. La pandemia y el contagio están íntimamente vinculados a un conjunto de derechos, como por ejemplo, el derecho a la salud.
Nosotros también sacamos una resolución sobre DD.HH. y pandemia en la que recordamos, en primer lugar, que el derecho a la salud es un derecho humano, es un bien público, así como la obligación de los Estados de proporcionar atención en salud a todos sus habitantes sin discriminación.
También ofrecimos una serie de recomendaciones con relación a los estados de excepción, que se han convertido en una herramienta común de todos los países para enfrentar la pandemia. Nosotros entendemos la necesidad de estos estados de excepción, pero nos preocupa que ellos cumplan con ciertos parámetros y estándares y nos preocupa además su permanencia en el tiempo.
Respecto a Nicaragua nosotros sacamos un comunicado específico porque nos preocupa especialmente por ese ambiente de crisis de derechos humanos que estábamos comentando.
La pandemia llega a Nicaragua en un estado de desconfianza ante la institucionalidad estatal y en un contexto de represión estatal, y eso hace la situación mucho más difícil que en países donde existe una verdadera división de poderes, donde el legislativo o el judicial puede hacer contrapeso a las decisiones del ejecutivo. Eso no pasa en Nicaragua y ese es el primer problema a la hora de luchar contra la pandemia.
También nos preocupan mucho las señales políticas sobre las medidas de distanciamiento social, con la vicepresidenta llamando a ir a las fiestas religiosas, a hacer actos masivos de apoyo al gobierno, la institución a cargo del turismo llamaba a la gente a ir a las playas.
Es decir, no solo no han llamado al distanciamiento social, sino que llaman a actos masivos, lo que va completamente en sentido contrario a todas las indicaciones que se han hecho desde la OMS, la OPS y toda la evidencia científica seria sobre la pandemia.
Nos preocupa además la opacidad de la información entregada por las autoridades, la información contradictoria sobre casos sospechosos y su seguimiento, la falta de claridad sobre los tests realizados, la falta de claridad sobre la capacidad instalada del sistema sanitario para hacer frente a la pandemia, y la información poco fiable sobre los casos que sí se han comprobados.
Hasta el propio presidente de Cuba ha tenido que hacer declaraciones públicas señalando que habían llegado cubanos que habían contraído el virus en Nicaragua y Nicaragua lo niega. Entonces nos preocupa mucho la opacidad de la información, porque un derecho humano fundamental en momentos como este es el derecho a la información y eso creemos que eso no está existiendo en Nicaragua.
Además nos preocupa la falta de capacidad del personal médico para enfrentar la crisis del covid. Como usted sabe durante la crisis hubo más de 400 despidos en represalia por ser disidentes políticos del gobierno o porque atendieron a los heridos durante las manifestaciones, y ahora durante la pandemia la Comisión ha sido informada de renuncias de especialistas por la falta de insumos en los hospitales.
Y también nos preocupa la falta de medidas especiales para la población penitenciaria. Nosotros hemos hecho una resolución llamando a todos los Estados a tomar medidas especiales, porque hay hacinamiento en todas las cárceles de las Américas y obviamente habiendo hacinamiento las posibilidades de contagio son mucho mayores.
Entonces les hemos recomendado a los Estados tomar ciertas medidas para reducir este hacinamiento: por ejemplo que a los sujetos a prisión preventiva se les apliquen medidas alternativas, o establecer beneficios carcelarios cuando corresponda para aquellos que ya han sido condenados, y en el caso de Nicaragua ello no ocurrió.
Hubo una liberación de presos a inicios de abril, de alrededor de 1.700 reos, pero nunca se explicaron las razones ni los criterios. Y no fueron incluidas las 70 personas que nosotros tenemos registradas como detenidas en el contexto de la crisis.
Es decir, para la Comisión existen al menos 70 personas que están detenidas como presos políticos por su involucramiento en manifestaciones políticas y en el fondo por su ideología, por ser disidentes al gobierno, aun cuando se les acusa de delitos comunes, y esas personas no fueron incluidas en esa liberación aunque la gran mayoría no está condenada sino sujeta a prisión preventiva.
¿Y cree usted que esa particular respuesta a la pandemia tiene que ver de alguna forma con lo que ocurrió hace dos años?
La verdad es que no sé. Es difícil lograr entender como ante las recomendaciones de la OMS y la OPS, cuando una de las pocas sobre las que no hay discusión en torno a esta enfermedad tan nueva es la necesidad del distanciamiento social, y cuando se ve que las naciones que más exitosamente han enfrentado la situación son las que tomaron medidas de distanciamiento social, el gobierno no haya hecho nada de eso.
Y no logro entender no solo como no llama a estas medidas sino que convoca a concentraciones masivas.
Pero no sé si está ligado a la crisis, porque a quienes convoca el gobierno es a sus propios seguidores, y si está poniendo en peligro a sus propios seguidores no puedo pensar que sea una forma de represalia contra la disidencia.
Así que no le veo la lógica, más allá del dilema que tienen todos los gobiernos de tratar de equilibrar las cuarentenas con los efectos económicos que tienen las cuarentenas. Y el gobierno nicaragüense ciertamente parece más preocupado por la crisis económica que venía de antes y poniendo en peligro a la población, pero toda la situación me parece absolutamente inentendible.
