En el extremo norte de Galicia se levantan las llamadas Torres de Meirás, la parte más reconocible de un palacete que fue residencia de una familia de la nobleza gallega.
La historia del Pazo de Meirás ?pazo es la palabra en gallego para palacio o palacete, generalmente situado en el campo?, otrora ligado al nombre de una de las más célebres escritoras españolas, cambió radicalmente en 1938, cuando fue donado al "caudillo" Francisco Franco.
Ya convertido en jefe de Estado, Franco usó el pazo como su residencia estival y desde entonces este lugar quedó ligado al régimen militar que encabezó en España durante casi 40 años.
Cuestionando la legalidad de aquella "donación" del 38, un grupo compuesto por ayuntamientos, organizaciones culturales y políticas e instituciones han emprendido una lucha para que el Pazo de Meirás sea devuelto a la ciudadanía y abrir así una nueva página en la historia de este emblemático lugar.
De la literatura a Franco
Hoy en día, esta residencia señorial, con aspecto medieval aunque fue construida en el siglo XIX, da nombre al señorío de Meirás, un título nobiliario otorgado por el rey Juan Carlos a la viuda de Franco, Carmen Polo, y que hoy recae en su nieto.
Pero mucho antes estuvo ligado a otro linaje. Las Torres de Meirás fueron el hogar de Emilia Pardo Bazán.
Aristócrata, Pardo Bazán se distingue sobre todo por haber estado adelantada a su tiempo. Además de escritora, algo no habitual para el siglo XIX en una mujer, fue catedrática, periodista y defensora de los derechos de las mujeres.
En el Pazo de Meirás se inspiró una de sus obras más célebres, "Los Pazos de Ulloa".
Pero sus días de esplendor literario terminaron en 1938. Ese año, en plena Guerra Civil, el general Franco recibió el pazo como una "donación del pueblo gallego".
Luego de que sus tropas vencieran en una brutal guerra civil (1936-1939), Franco encabezó un gobierno militar en el que se persiguió y asesinó a opositores. Más de 100.000 víctimas de ejecuciones por parte de las fuerzas del régimen permanecen en fosas comunes repartidas por todo el país.
Muerto Franco, el 20 de noviembre de 1975, la residencia pasó a manos de sus herederos, que acostumbran a pasar allí unos días de vacaciones durante el verano. El lugar sirvió también como escenario para bodas de miembros de la familia.
"Un expolio"
Los que piden la devolución del Pazo basan su argumento en que en ningún caso se trató de una "donación" ?como dice la historia oficial? sino de un "expolio" al pueblo gallego.
El "Pazo fue donado por el pueblo gallego a Francisco Franco mediante suscripción pública. Gracias a ese generoso donativo, Galicia ha contado con la presencia veraniega de quien fuera jefe del Estado durante la totalidad de su mandato, honor al que ninguna otra región española tuvo acceso", sostiene la Fundación Francisco Franco en un comunicado.
El investigador Carlos Babío es autor, junto con el historiador Manuel Pérez Lorenzo, de "Meirás, un pazo, un caudillo e un espolio" ("Meirás, un pazo, un caudillo y un expolio").
Él ofrece otro relato de la historia.
"Todo empieza en 1938, cuando las autoridades franquistas en la provincia de A Coruña, donde está situado el Pazo de Meirás, "vieron como posibilidad que Franco llegara al poder en el Estado", le explica Babío a BBC Mundo.
"Inicia así una carrera por ver quién agasajaba un palacio o residencia de verano para alcanzar los favores de ese futuro régimen".
Para entonces, esas autoridades franquistas ya habían constituido la "Junta Pro Pazo", una entidad que sería la encargada de gestionar la "donación" del Pazo de Meirás al caudillo.
Para ello se anuncia "una suscripción popular" para sufragar la compra del inmueble a la entonces dueña, la viuda del hijo de la escritora Pardo Bazán.
"Esta suscripción va a fracasar a los pocos meses de puesta en marcha y tendrán que reinventar la forma de financiar la operación, cada cual más abusiva: derivando fondos de las arcas municipales de los ayuntamientos, obligando a los trabajadores a descontar parte de sus salarios o incluso derivando fondos por la recaudación de multas", dice el investigador.
La compra "será financiada con todo tipo de extorsiones y abusos contra el erario público", concluye Babío.
En la Fundación Franco rechazan absolutamente esta versión.
"No cabe ninguna duda de que ha sido una donación", le dice a BBC Mundo Gonzalo Fernández de la Mora, presidente ejecutivo de la Fundación.
"Hay una campaña política oscurantista que no tiene base lógica. Hay documentos que muestran que se trató de una donación", agrega.
La acción contra los Franco
Las protestas y acciones para que el Pazo de Meirás sea expropiado y pase al Patrimonio público empezaron hace años.
"El hartazgo de que los Franco usaran siempre esa propiedad con total impunidad hizo que durante los 42 años que pasaron desde que murió el dictador esto fuera aumentando", dice Babío.
En 2008 se dio un primer paso. Ese año, el gobierno de la Xunta de Galicia lo declaró Bien de Interés Cultural.
Las implicaciones de esa decisión son mayores que una simple declaración simbólica: los propietarios, los Franco, deben abrir el pazo al público de forma gratuita cuatro días por mes.
Además, cualquier intervención en el inmueble debe contar con la autorización de la entidad reguladora del Patrimonio y los propietarios están obligados a preservarlo.
Sin embargo, el régimen de visitas se incumplió en reiteradas ocasiones, y los Franco fueron objeto de una multa por parte de la Xunta de Galicia el pasado mes de septiembre.
"Ensalzar la figura de un dictador"
Desde el pasado verano, las acciones para lograr que el emblemático lugar pase a manos públicas se articulan en la Xunta Pro Devolución do Pazo de Meirás (Junta pro Devolución del Pazo de Meirás), creada en oposición a la Junta constituida para entregar el inmueble a Franco.
En ella se integran ayuntamientos, la Diputación de A Coruña, la Universidad de A Coruña y entidades para la recuperación de la memoria, así como otras organizaciones culturales, políticas y sindicales.
A la iniciativa no se sumó la Xunta de Galicia.
El gobierno regional sostiene que quieren "analizar las posibilidades de que las Torres de Meirás se incorporen al patrimonio público", le dijo a BBC Mundo Anxo Lorenzo, secretario general de Cultura, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: "que se respente la legalidad vigente y que no implique ningún costo para Galicia".
Para eso se está constituyendo una comisión de expertos que llevará a cabo ese análisis.
La creación de la Xunta pro Devolución siguió a la decisión de los Franco de otorgar la gestión de las visitas al lugar a la Fundación Francisco Franco, elevando aún más la crispación entre sus críticos.
"Que las visitas al Pazo estén gestionadas por la Fundación Franco es un auténtico abuso a la ciudadanía", dice Babío.
Pero eso no es todo. Lo que más indignación generó fue la declaración de la Fundación de que veía la gestión de las visitas como una "oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco".
"Esa es nuestra función, somos una entidad legal dedicada a elogiar la figura de Franco", le dijo a BBC mundo el presidente ejecutivo de la Fundación.
Para las organizaciones que promueven la devolución del Pazo, esa acción para "ensalzar la figura de un dictador" es una "burla" y un "insulto a las víctimas" del régimen.
"Franquismo sin Franco"
Cada 20 de noviembre, fecha de la muerte de Franco, simpatizantes de su régimen se reúnen en el Valle de los Caídos, a las afueras de Madrid, donde está enterrado.
Acuden para honrar la memoria del "caudillo", y es común que hagan saludos fascistas y porten banderas franquistas.
Algunos grupos políticos de izquierda y asociaciones para la memoria histórica han pedido considerar la apología y enaltecimiento del franquismo como un delito, pero este no está tipificado en el Código Penal español.
Los símbolos franquistas ?al igual que los de la República? son considerados preconstitucionales, no anticonstitucionales.
"En España existe una tolerancia absoluta a la apología del franquismo y a que las víctimas sigan siendo constantemente mancilladas", denuncia Babío.
Lo que sí prohíbe la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, es mostrar símbolos franquistas en espacios públicos. Esa ley también obliga a retirar el nombre de las autoridades franquistas de las calles.
Sin embargo, el proceso para eliminar esos símbolos y calles ha sido lento y en varios puntos del país aún se pueden ver.
Esto, al igual que las Torres de Meirás, son parte de una especie de "problemas del pasado sin resolver", según Babío, o lo que se llama "franquismo sin Franco".
