La sentencia con la que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) decretó que asumirá todas las competencias de la Asamblea Nacional desató una tormenta dentro y fuera del país y propició comparaciones de gran calado histórico.
Voces externas, como la de Luis Almagro -secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA)- y sectores de la oposición venezolana utilizaron el término "autogolpe" para referirse a la decisión del tribunal.
El gobierno de Venezuela, por su parte, negó rotundamente que "se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela", pese a que la fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, dijo este viernes que la decisión del TSJ constituye una "ruptura del orden constitucional".
De hecho, horas después, en la madrugada de este sábado, el Consejo de Defensa de Venezuela pidió al TSJ que revisara sus decisiones sobre la Asamblea Nacional.
El pedido se dio a conocer tras una reunión del Consejo convocada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien calificó la sesión de "fructífera".
Pero, ¿cómo fueron otras situaciones históricas en Latinoamérica que se calificaron antes de "autogolpe" y qué consecuencias tuvieron?
Perú, 1992: el "fujimorazo"
"Fujimori fue conocido en el mundo entero por atentar contra el Congreso peruano y Nicolás Maduro viene haciendo lo mismo de forma sistemática", declaró Juan Miguel Mathaus, diputado venezolano de oposición, a Unión Radio.
Alberto Fujimori alcanzó el poder en 1990 tras un contundente triunfo en las elecciones frente al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, pero no logró hacerse con el control del Congreso y, con el paso del tiempo, las relaciones entre el presidente y los líderes de la cámara se fueron deteriorando.
Fujimori se enfrentaba a una crisis económica severa y a un reto insurreccional por parte de la guerrilla de Sendero Luminoso.
El 5 de abril de 1992 decidió clausurar el Congreso, suspendió la Constitución, intervino la justicia y declaró el estado de emergencia.
Lo hizo con el respaldo del ejército y con amplio apoyo entre la opinión pública.
Bajo presión de la comunidad internacional, convocó nuevas elecciones al Congreso en noviembre de 1992 y la nueva cámara elaboró una nueva Constitución con mayores poderes ejecutivos.
"Fujimori tenía tanto apoyo popular que volvió a ganar las elecciones en 1995", le explica a BBC Mundo Daniel Zovatto, director regional de América Latina y el Caribe de IDEA (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, con sede en Estocolmo).
Para Zovatto, el "fujimorazo" solo es comparable con la situación actual en Venezuela en cuanto las dos últimas sentencias del TSJV suponen la "invalidación del poder legislativo", lo mismo que logró Fujimori cerrando la Cámara.
El experto se refiere a la sentencia de este martes 28 de marzo, en el que la Sala Constitucional retira la inmunidad a los parlamentarios debido a una situación que considera de "desacato"; y la del día posterior, el miércoles a medianoche, en la que asume las atribuciones de la asamblea.
Para Zovatto, estas dos sentencias suponen la "muerte jurídica" de la Asamblea, pero la situación difiere mucho de lo que sucedió en el Perú de los años 90.
"Este (el caso de Venezuela) es un fenómeno nuevo que utiliza mecanismos nuevos. No se cierra físicamente la asamblea, ni se toman presos, ni se utiliza la fuerza armada, ni se interviene el poder judicial, porque ya estaba intervenido", asegura Zovatto, quien califica la situación venezolana de "nuevo autoritarismo".
Fujimori siguió en el poder hasta noviembre de 2000, cuando se refugió en Japón en medio de un escándalo de corrupción y acusaciones de violaciones de los derechos humanos, y en la actualidad está en la cárcel.
Guatemala, 1993: el intento de Jorge Serrano Elías
El calificativo de "autogolpe" también se utilizó para referirse a lo intentado por el presidente guatemalteco Jorge Serrano Elías en mayo de 1993.
En la mañana del 25 de mayo de ese año, los guatemaltecos se despertaron con la noticia de que el mandatario había decretado el estado de emergencia y ordenado la disolución del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, además de la suspensión de garantías constitucionales.
"Sin embargo, la Corte Constitucional cuestionó la legalidad del autogolpe", recuerda Maxwell A. Cameron en el artículo "Golpes de Estado presidenciales y cambio de régimen en América Latina y estados soviéticos: lecciones para la teoría democrática".
Y, como agrega Maxwell, "el ejército se limitó, la sociedad civil protestó contra el gobierno y la presión internacional creció", por lo que la intentona terminó con Serrano exiliado y Ramiro de León Carpio, entonces Procurador de Derechos Humanos, nombrado presidente interino.
Una diferencia importante con el caso venezolano es que mientras en Guatemala fue la Corte Constitucional la que evitó la disolución del Congreso ordenada por el presidente, en Venezuela fue el propio Tribunal Supremo el que decidió asumir las funciones del legislativo.
Y juristas como el abogado constitucionalista Jesús Silva rechazan que la decisión de la Corte suponga la invalidación de la Asamblea.
"Existe un Poder Legislativo cuya directiva no ha respetado las sentencias del Poder Judicial y, como consecuencia de esa infracción jurídica, la Asamblea Nacional se encuentra en situación de ilegalidad", dijo Silva en una entrevista con BBC Mundo.
La oposición, por su parte, ha denunciado sistemáticamente el control del Tribunal Supremo por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Uruguay, 1973: el golpe de Bordaberry
Algunos medios, como El Observador de Uruguay o El Comercio de Perú, han citado como antecedente de lo sucedido ahora en Venezuela el caso de Juan María Bordaberry, el presidente uruguayo elegido democráticamente en 1973 que acabó disolviendo por decreto el Parlamento.
Pero en su caso, aunque el gobierno de facto resultante tenía a un civil a la cabeza (Bordaberry), en realidad el país estaba en manos de los militares, por lo que se acerca más a un golpe que a un "autogolpe".
Bordaberry también prohibió todos los partidos políticos y creó un Consejo de Estado, bajo control de los militares, como órgano superior del gobierno.
El gobierno de facto se extendió hasta el año 1985, aunque los militares destituyeron a Bordaberry tres años después de llegar al cargo.
