Matar el propio hogar.
Esa es la definición de la palabra greco latina "ecocidio", que hoy está adquiriendo cada vez más notoriedad en el mundo debido a la emergencia climática.
La pesca industrial que conlleva a la pérdida de múltiples especies; los vertidos de petróleo; la ganadería intensiva que causa deforestación en zonas como la Amazonía; y la contaminación por plástico que termina colapsando algunas áreas del océano, son algunos de los ejemplos de estos actos que causan graves daños medioambientales.
Ante esta situación, científicos, académicos y líderes ambientalistas de distintos países han alertado sobre la necesidad de convertir el ecocidio en un crimen internacional que penalice la destrucción generalizada del mundo natural.
Algo que en la actualidad no existe.
Por eso, un grupo de connotados expertos ?reunidos bajo la campaña "Stop Ecocidio"? está trabajando para que el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional (CPI), sea modificado e incluya entre sus crímenes al ecocidio.
El abogado chileno radicado en España y experto en derecho penal internacional Rodrigo Lledó forma parte de este grupo.
En entrevista con BBC Mundo, realizada en el marco del Hay Festival Arequipa, el académico analiza por qué es importante responsabilizar penalmente la destrucción medioambiental, por qué aún hay países que se resisten a esta idea y qué tan cerca estamos realmente de que el ecocidio sea incluido en el Estatuto de Roma.
¿Qué es y cómo se definió el ecocidio?
Es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una posibilidad sustancial de que cause daños graves al medio ambiente, o de que estos sean extensos o duraderos.
No es un término nuevo, contrariamente a lo que se piensa. Se viene hablando de ecocidio desde la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos roció con agente naranja y otros químicos la selva vietnamita.
Luego, en los años 70, se incluyó la destrucción del medioambiente como un crimen de guerra.
Sin embargo, eso estaba bien para los años 70. Pero hoy día tenemos una emergencia climática decretada y se está produciendo en tiempos de paz. Por lo tanto, falta un tipo penal de criminalizar la destrucción deliberada del medioambiente en tiempos de paz.
¿Por qué es importante que hoy el ecocidio sea reconocido como un crimen?
Porque estamos en una emergencia climática. Porque la destrucción del medioambiente, aunque uno no lo crea, es lícita a nivel internacional. Es totalmente legal. Puedes ir a mar abierto y verter toneladas y toneladas de químico, y eso no es ilegal.
Eso tiene que cambiar, tiene que ser un crimen. O, al, menos antijurídico.
¿No es suficiente, entonces, con las multas o reglamentos que actualmente rigen en algunos países?
Eso de que "el que contamina, paga" está muy bien, pero al final lo que ocurre con estos hechos de contaminación es que el que paga es el consumidor.
Porque la contaminación se traduce a precios. En este momento, por ejemplo, el precio de la electricidad ha subido muchísimo por el incremento de los derechos de emisión de CO2 que impone la Unión Europea.
Con el ecocidio, la idea es responsabilizar penalmente e individualmente a quienes hagan daño. Tiene que haber medidas de prevención para que esto no ocurra y, si es que ocurre, te tienes que ir a la cárcel.
Desde una perspectiva histórica, ¿cree que el ecocidio será uno de los crímenes más importantes en el futuro?
Probablemente.
En 1948, en el Tribunal de Núremberg, hablamos de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio porque eran los problemas que la humanidad enfrentaba en ese momento. Se acababa de terminar la segunda guerra mundial.
Pero hoy día, la humanidad enfrenta otros problemas y por lo tanto necesitamos que el derecho penal internacional se adecúe y dé respuesta a esos problemas. Y el mayor problema es, precisamente, el cambio climático.
Entonces, tal como miramos hacia atrás al genocidio o a los crímenes de lesa humanidad, al final el ecocidio va a ser como el genocidio del siglo XXI.
Y ¿cuán cerca estamos de que el ecocidio sea un crimen internacional?
Va a depender de los Estados miembros de la Corte Penal Internacional.
En 2019, antes de la pandemia, hubo dos Estados que estuvieron de acuerdo en tipificar el ecocidio como un delito: Vanuatu y las Islas Maldivas. ¿Qué particularidad tienen? Son países insulares, que en cosa de 10 o 15 años van a quedar bajo el agua. De hecho, ya tienen invasiones marinas y, por lo tanto, serios daños a sus cultivos y otras cosas tremendas.
Lo que queda ahora es que los Estados digan: sí, queremos que esto sea un crimen de competencia de la Corte. Así que hay que convencerlos...
Pero para modificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se necesita la aprobación de dos tercios de los Estados parte. Por lo tanto, es probable que tardemos varios años.
¿Qué razones usan los Estados para no aceptar la tipificación del ecocidio como delito internacional?
Razones que se centran en no molestar a las empresas. Porque hay empresas altamente contaminantes que van a tener que modificar su sistema productivo.
Por esa razón, se ha pensado en la posibilidad de que exista un período de transición; darles un plazo para que se adecúen. La idea no es criminalizar a las empresas porque sí, sino por el riesgo que entrañan.
Lo que hay que hacer es que esas mismas empresas desarrollen su actividad pero tomando medidas para no dañar al medioambiente. Porque hoy día dañar al medioambiente sale gratis y depende de que un Estado lo regule o no. Y ¿qué pasa con los Estados fallidos? ¿O en altamar, donde es tierra de nadie?
Esta resistencia también tiene que ver con que muchas personas y países aún no son conscientes de lo que está pasando, ¿no?
Sí, por supuesto. Durante mucho tiempo ha habido falta de conciencia. Pero también hubo mucha desinformación para poder seguir produciendo petróleo, etc? Ha habido intereses.
Y si te fijas en la actitud de los Estados, la pregunta que se hacen es: ¿cuánto más podemos calentar el planeta? Y en realidad no lo sabemos. Estamos jugando con fuego. Pero de que nos acercamos a un desastre, claro que sí y cada vez más. Es una irresponsabilidad.
Y no se trata de ser catastrofista y de decir que nos vamos a extinguir. Pero lo vamos a pasar mal. Nuestros hijos y nietos lo van a pasar muy mal. Será complejo cultivar, va a ser muy caro. Las zonas cultivables se van a reducir al igual que las zonas habitables.
¿Qué países de América Latina podrían beneficiarse más si es que se logra tipificar el ecocidio como crimen?
Creo que sobre todo los países que son frontera con la Amazonía como Ecuador, Colombia o Brasil. Dependemos de la Amazonía, es el pulmón del mundo.
Y ¿qué pasa con las empresas que, a pesar de que hacen un daño al medioambiente, proporcionan grandes beneficios a sus comunidades?
En la definición de ecocidio se tiene en cuenta la desproporción entre el beneficio esperado versus el daño que se va a provocar. Es decir, yo puedo provocar un daño al medioambiente si es que hay un beneficio enorme para la humanidad.
Por ejemplo, una represa que va a generar electricidad de manera limpia para miles de personas.
Porque si transformamos el medioambiente, si lo dañamos, tiene que haber una proporción, tiene que ser sustentable, que beneficie y nos permita seguir viviendo como humanidad. Si no, lo que estamos haciendo es realmente un suicidio.
Por ejemplo, la producción de aguacate en Chile tiene seca a toda la zona de Petorca, ¿para qué? Para el beneficio económico de un señor que es el dueño de esos aguacates. Ahí hay una desproporción enorme entre el daño que provocas y el beneficio social. Entonces eso sí sería un caso de ecocidio.
¿Usted cree que el ecocidio puede realmente ayudar a terminar con el problema medioambiental?
Es un paso importante pero claramente no resuelve todos los problemas.
Yo apostaría a que otras iniciativas que son de más largo aliento, como un tribunal medioambiental o una convención internacional vinculante, fueran realidad también.
