Desde la frontera norte hasta la del sur y en decenas de ciudades en el territorio mexicano, la decisión del gobierno de Donald Trump de recrudecer su política de asilo se ha sentido como un terremoto.
La nueva medida, anunciada este lunes por el Departamento de Justicia de EE.UU., prácticamente cierra la puerta del país a los más de 500.000 migrantes centroamericanos que, oficialmente, este año cruzaron sin documentos a suelo mexicano.
Según organizaciones civiles muchos de esos migrantes pretendían solicitar asilo en ese país.
Para ellos quedan pocas alternativas, dice Rodolfo Cruz Piñeiro, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
"Esperaríamos un mayor número de migrantes centroamericanos que se queden a radicar en México, o su regreso o deportación voluntaria a sus países en Centroamérica", le dice Cruz a BBC Mundo.
Y una opción más es tratar de cruzar la frontera estadounidense de manera clandestina.
"Es otra de las consecuencias, para las bandas de delincuencia organizada el negocio crece porque habrá muchas más personas tratando de encontrar alguna forma indebida de llegar a Estados Unidos".
Migrantes varados
Este lunes, el gobierno de Trump publicó en el Registro Federal nuevas disposiciones para regular el procedimiento para solicitar asilo en su país.
De acuerdo con el documento, los migrantes que en su viaje pasen por un tercer país y no soliciten asilo en esa nación no serán elegibles para obtenerlo en Estados Unidos.
Esto se aplicará a los extranjeros que ingresen a ese país desde la entrada en vigor de la nueva norma.
La norma contempla tres excepciones:
- Aquellos que demuestren que solicitaron protección por motivos de persecución o tortura en al menos uno de los países por los que pasaron en ruta a Estados Unidos, y les fue rechazada
- Aquellos que demuestren que se ajustan a la definición de "víctima de una forma severa de tráfico de personas"
- Aquellos que, de camino a EE.UU., han pasado por un país o países que no formen parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951, el Protocolo 1967, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Cabe destacar, sin embargo, que bajo la Convención de los Refugiados de la ONU no hay obligación para los refugiados de pedir asilo en el primer país "seguro" al que lleguen. La norma internacional protege a los demandantes de asilo de ser procesados por entrar ilegalmente a un país extranjero.
Desde el gobierno de Trump, se mantiene que la mayoría de los migrantes que están llegando a la frontera sur del país emigran por motivos económicos y no se les considera "refugiados", tal y como evidenció el comunicado del secretario en funciones de Seguridad Nacional, Kevin K. McAleenan, publicado este lunes.
"La medida reducirá la abrumadora carga en nuestro sistema causada por los solicitantes de asilo que no buscan protección urgente en el primer país disponible, migrantes económicos a los que les falta un miedo de persecución legítimo y las organizaciones criminales transnacionales y traficantes que explotan nuestro sistema en busca de ganancias", señaló.
En cualquier caso, la medida anunciada este lunes afecta a miles de centroamericanos que ya se encuentran en México, ya que muchos no pidieron asilo al cruzar la frontera sur. El impacto se va a sentir en varios sitios, advierten organizaciones civiles.
De hecho, existen ciudades donde no hay suficientes albergues para migrantes y en los que sistemas de salud, educación y acceso a empleo empiezan a rebasarse.
Así ocurre en poblaciones de la frontera norte como Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua o Matamoros (Tamaulipas) que han recibido a miles de migrantes en busca de cruzar a suelo estadounidense.
Algo parecido sucede en el sur, en la frontera con Guatemala. A lugares como Ciudad Hidalgo o Tapachula (Chiapas), han cruzado cientos de centroamericanos en las últimas semanas.
Hasta ahora no han logrado continuar su viaje hacia el norte porque el gobierno mexicano desplegó a miles de elementos de la Guardia Nacional para tratar de contener la migración irregular en la frontera sur.
Con las nuevas disposiciones de Estados Unidos, que empiezan a aplicarse este martes, prácticamente quedan varados.
¿Tercer país seguro?
Pero no es todo. Algunos ven en la restricción de asilo de Donald Trump una forma de presionar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que acepte en su territorio a esos migrantes.
Es decir, advierte el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, que en los hechos para México "significa ser un tercer país seguro, algo que el gobierno había dicho que no iba a ser".
Algo que niega el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. México "no se constituye en un tercer país seguro, se ha hablado hasta el cansancio de eso", dijo en un encuentro con periodistas.
"En síntesis significaría que se tramite en territorio mexicano el proceso de asilo para Estados Unidos. Eso no va a ocurrir con esta norma".
Ebrard se refirió, por ejemplo, a las más de 18.000 personas que se encuentran en ciudades de la frontera norte a la espera de la resolución de asilo en tribunales estadounidenses.
Son parte de un acuerdo de los gobiernos de Trump y López Obrador, para que los solicitantes de refugio permanezcan en México mientras concluye el trámite.
Ellos no serán afectados por las nuevas disposiciones migratorias, insiste el canciller mexicano, porque tienen garantizado su derecho a cruzar la frontera para atender las audiencias de los juicios.
No está claro, sin embargo, lo que podría suceder si les rechazan el asilo.
"Es difícil saber qué decisión tomen, estaremos en contacto con ellos para ofrecerles opciones en México".
Pero eso no significa convertirse en un tercer país seguro, básicamente porque es una decisión que corresponde al Poder Legislativo.
"Hemos dejado muy claro que no entraremos a ninguna clase de negociación sin autorización del Congreso de la Unión", insiste Ebrard.
